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El exdiputado y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Orlando Arévalo y su esposa, la edil lambareña Carolina González (ANR, cartista), son investigados por el Ministerio Público por presunto lavado de dinero y otros delitos, en tanto que la Contraloría General de la República (CGR) realiza un examen de correspondencia de sus respectivas declaraciones juradas de bienes y rentas. Por lo que hoy se sabe, ninguno de los dos últimos órganos debería tener dificultades para constatar las groseras ilicitudes que la pareja habría cometido con el fin de ocultar o justificar su cuantioso patrimonio, de modo que no deberían demorarse en llegar, respectivamente, a imputaciones y dictámenes rotundos.
En especial, las maniobras del excongresista –servicial interlocutor del difunto Eulalio “Lalo” Gomes– han sido tan grotescas que resultan una tomadura de pelo, atribuible a que se creía impune. Como aún podría estar seguro de no ser alcanzado por el rigor de la ley, se espera que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el contralor general de la República, Camilo Benítez, lo desengañen cuanto antes con toda claridad. La serie de lo que aparentan burdas maquinaciones puede empezar con que, el último 18 de febrero, día en que la Cámara que deshonraba aceptó la renuncia a su investidura y estando ya bajo la lupa de los fiscales y de la CGR, actualizó su declaración jurada de bienes y rentas presentada al asumir la banca el 30 de junio de 2023, diciendo que su patrimonio neto era de 412.947.626 guaraníes, es decir, ¡¡¡4.265.495.558 guaraníes menos que el antes declarado!!! Un notable empobrecimiento que demostraría que ser diputado en el Paraguay no es nada rentable, aunque de paso se usen cupos de combustible para fines ajenos a la Junta Municipal que integra una cónyuge.
Tampoco sería provechosa la inversión inmobiliaria, pues si en 2023 Orlando Arévalo reportó seis inmuebles que valuó con toda precisión en 1.385.002.000 guaraníes, en febrero de este año ¡¡¡solo valían 545.000.000!!!, aunque la cantidad de propiedades haya aumentado a siete. Es curioso que en este país los inmuebles se vayan depreciando en gran medida, incluso los que cuentan con un inodoro “inteligente”. Dado que la firma constructora de su lujosa residencia quiso que se justifique la inversión, la concejal llamó a una cooperativa para un préstamo, admitiendo que no recibiría todo lo que necesitaba para la obra, pero agregando que debía “justificar por qué tengo eso” mediante un crédito. A buen entendedor, pocas palabras. Por lo visto, no bastaban los 1.500 millones de guaraníes de los que su marido disponía en efectivo en junio de 2023, mientras que en cinco cuentas bancarias solo tenía 87.589.214, sin temer a la inseguridad reinante ni a un eventual “crack” bancario, pero sí quizá a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Su lastimosa depauperación en menos de dos años también se habría reflejado en la reducción de su flota de vehículos, que pasaron de seis a dos, reduciéndose su valor total en 400.559.991 guaraníes. Si vendió los vehículos, lo recaudado debe aparecer en alguna parte. Para peor, en el mismo lapso, se esfumó una próspera granja de Villa Hayes, cuyas diez magníficas gallinas ponedoras generaban un ingreso mensual de nada menos que cien millones de guaraníes.
Este resumen de lo que aparenta una ficticia decadencia financiera del matrimonio Arévalo-González pretende mostrar, entre otras cosas, hasta qué punto puede llegar la desfachatez de muchos de los miembros de la “clase política” paraguaya: tienen la osadía necesaria para el robo, pero no el talento suficiente para borrar huellas. El hecho de que el supuesto abogado de marras, que rindió exámenes un 15 de agosto y un Jueves Santo, haya sancionado leyes y hasta presidido el cuerpo que juzga a los magistrados, al igual que el senador Hernán Rivas (ANR, cartista), es una señal más de la alarmante podredumbre institucional: se diría que, para una “carrera de los honores”, la moral y la idoneidad pesan menos que la falta de escrúpulos y la ambición desmedida.
En verdad, duele tener que aceptar que el exdiputado y la aún munícipe fueron electos por el pueblo, del que se burlaron miserablemente. Por de pronto, el más elemental sentido de justicia reclama que la CGR y el Ministerio Público cumplan con sus respectivas obligaciones en un caso tan representativo como este. Elementos para que actúen no faltan. Los corruptos deben saber que no siempre se saldrán con la suya, porque todavía existen órganos que intentan que el delito en la función pública sea castigado de acuerdo a Derecho: lo que parece una perogrullada, no lo es tanto en un país donde las leyes del “mbarete” (fuerza) y del “ñembotavy” (hacerse el desentendido) siguen vigentes, sobre todo cuando se trata de “amigos” los que mandan.
