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Marcondes dijo que “son negociaciones complejas que requieren estudios” y destacó “el compromiso de ambas partes para alcanzar un consenso”. ¿Cuáles son esas negociaciones complejas? ¿Qué estudios se están realizando? ¿Qué compromisos y qué concesiones está haciendo el Gobierno en nombre del Paraguay? ¿En qué consiste el “consenso” alcanzado? ¿Consenso de quién y bajo qué condiciones?
Es inaudito e inadmisible que todo esto se esté manejando entre cuatro paredes, a espaldas de la ciudadanía, que ni siquiera ha sido informada sobre los objetivos estratégicos que el Gobierno se propone alcanzar y si estos están en línea con las grandes reivindicaciones nacionales en Itaipú, después de más de 50 años de vigencia de un tratado leonino, que le ha permitido a Brasil obtener gigantescos beneficios financieros en detrimento del Paraguay y quedarse con el 90% de la energía producida por la central, pagando migajas por la porción paraguaya.
Lo es aún más porque en el Paraguay de hoy, a diferencia del de los años setenta, existe un importante núcleo de expertos en la materia y un amplio segmento de la población y de las fuerzas vivas que conoce muy bien la historia y está plenamente consustanciado con el tema.
Subestimando a los paraguayos, dejándolos de lado como si no tuvieran nada que decir u opinar, o peor, ocultándoles deliberadamente los hechos, lo que hace sospechar posibles transadas, el Gobierno no da informaciones precisas, no revela los puntos en discusión, no cuenta qué plantea la parte paraguaya, qué pide la parte brasileña, cuáles son las opciones, apenas si da algunos indicios que, lejos de tranquilizar, causan honda inquietud.
Las últimas declaraciones del embajador Marcondes no hacen más que profundizar la preocupación. Dijo que la base de las negociaciones es el entendimiento firmado en abril de 2024. Se refiere al acuerdo que estableció hasta 2027 una tarifa más alta que la real en Itaipú (pagada también por la ANDE) para generar una diferencia en forma de “fondos sociales”, a ser dividida en partes iguales por los dos países, y permitir gastos discrecionales a los gobiernos, como el reciente de los “pupitres chinos” aparentemente con una sobrefacturación del 600%.
Ese acuerdo tarifario no tiene nada que ver con el Anexo C, pero lo dicho por el embajador acrecienta el temor de que, una vez más, el Gobierno está dispuesto a aceptar pequeñas ventajitas (léase sobornos) con la tarifa a cambio de dejar todo esencialmente como está y renunciar a la restitución de los legítimos derechos del Paraguay, que pasan por precio de mercado y libre disponibilidad de los 20 millones de megavatios/hora al año de excedentes que todavía tiene nuestro país en Itaipú. Hoy mismo Brasil le está vendiendo a Argentina y a Bolivia por 100 dólares el megavatio/hora, mientras que Paraguay le cede el 100% de sus sobrantes a alrededor de 10 dólares el MWh, o 37 dólares si se incluye la tarifa de la binacional.
Ese temor se suma al generado por declaraciones anteriores del ministro paraguayo de Industria y Comercio y consejero de la entidad, Javier Giménez, quien deslizó que la cuestión de la tarifa estaba en la mesa de negociación y confesó que Paraguay no exigirá la eliminación de la figura de la “cesión de energía” porque eso “significaría cambiar el Tratado”. Si la idea es no cambiar el Tratado, como lo manda el propio Anexo C en su cláusula de revisión tras 50 años de vigencia, no se entiende para qué hay negociaciones, salvo que sea para vender el interés nacional.
Adicionalmente, Marcondes dijo que, si Paraguay tiene energía para suministrar “y la tiene fuera de Itaipú”, Brasil está dispuesto a comprar, lo cual podría estar sugiriendo que no así con la energía “dentro de Itaipú”, que se mantendría bajo las actuales condiciones.
Es cierto que cualquier acuerdo tendrá que ser refrendado por el Congreso, pero con mayoría oficialista y con plata dulce que, sabemos, hace bailar como monos a nuestros políticos, lo más probable es que se acepten los hechos consumados, como hace 52 años. Lo que sea que estén negociando se debe dar a conocer exhaustivamente y con tiempo suficiente antes de la firma, no después. Mínimamente, Santiago Peña debe mostrar respeto por el pueblo paraguayo.
