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El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) habría empleado en forma ilícita fondos obtenidos mediante la emisión de bonos para financiar gastos corrientes de la ruinosa Municipalidad de Asunción. Es presumible que lo mismo haya hecho con los 8.057 millones de guaraníes descontados de los sueldos de sus funcionarios, que debieron haber sido transferidos a la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal para el pago a 1.714 derechohabientes, que conforman el 52,5% del total de los existentes en los 263 municipios del país. Al imputado por lesión de confianza y asociación criminal se suman otros 166 jefes comunales también morosos: en lo que va de marzo, solo uno de ellos –José Ramón Troche (ANR), intendente de Moisés Bertoni– había remitido los aportes.
Según la Caja en quiebra técnica, presidida por el encausado por lesión de confianza Venancio Díaz Escobar, la falta de transferencia regular y de la “contribución institucional” le impide pagar en tiempo y forma los haberes jubilatorios, lo que supone que la gran mayoría de los intendentes vendría cometiendo el hecho punible de apropiación, castigado con hasta ocho años de cárcel. Siendo fuertes los indicios de que se está desviando dinero para solventar el funcionamiento municipal o llenar los bolsillos de los administradores, se impone la pronta intervención de la Contraloría General de la República (CGR) y del Ministerio Público, en defensa de los actuales aportantes y de los ya jubilados y pensionados, muchos de los cuales no están pudiendo cobrar sus haberes.
Es más, la Caja tendría solo 8.757 asociados activos, en tanto que unos 22.600 funcionarios estarían fuera del sistema jubilatorio, lo que hace temer incluso que los aportes de muchos de ellos estén siendo descontados, aunque no hayan sido inscriptos en la Caja. De todo esto deberían estar enterados los ediles que cada año deben aprobar o rechazar las rendiciones de cuentas, pero nada dicen, confabulándose con los intendentes, como cuando aprueban licitaciones amañadas o callan cuando los recursos del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) no son invertidos en la infraestructura educativa: la falta de transparencia en la gestión municipal es un mal endémico que facilita la comisión de diversos delitos, empezando por el de lesión de confianza.
El 7 de enero, la Caja informó que debía casi 20.000 millones de guaraníes en concepto de haberes jubilatorios; el 30, con el apoyo del sindicato de funcionarios de la Municipalidad asuncena, los jubilados y pensionados exigieron a la Fiscalía de Delitos Económicos que actúe con respecto a una presunta malversación de 35.000 millones de guaraníes que las autoridades actuales de la Caja perpetraron en 2020, según la CGR. En la ocasión, la sindicalista Gladys Galeano afirmó que en septiembre de 2024, dicho órgano constató un daño patrimonial de nada menos que 279.000 millones de guaraníes y añadió que los jubilados no cobraban desde hacía tres meses. “Es momento de que los compañeros se levanten, porque este Gobierno está haciendo lo que quiere”, dijo.
Es hora de que los funcionarios municipales también “se levanten”, dentro de la ley, contra los intendentes que están haciendo lo que quieren en materia de transferencias; es probable que su silencio responda al temor de que sean sancionados y a que estimen que, al fin y al cabo, deben estar agradecidos por haber sido nombrados sin que sus servicios fueran necesarios ni hayan demostrado sus méritos y aptitudes. Cualquiera sea el motivo de su mutismo, resulta intolerable para la conciencia jurídica y moral que las Municipalidades se queden con un dinero que debe llegar a la Caja, suponiendo, desde luego, que es descontado mensualmente. La CGR y el Ministerio Público deben actuar desde ya ante la fuerte sospecha de que estén siendo malversados rutinariamente los fondos que deben destinarse al pago de las jubilaciones y de las pensiones. Es deplorable que los intendentes y los concejales hagan o dejen de hacer con ellos lo que se les antoje, gracias a la inacción de los órganos mencionados.
Debe recordarse, por si todavía haga falta, que los ladrones comunales de guante blanco también están sometidos al Código Penal. Pero como las autoridades de control y las punitivas no actúan, las comilonas continúan sin pausa, engordando faltriqueras en desmedro de los contribuyentes que financian el carnaval con sus aportes obligatorios.
