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En un reciente editorial decíamos que los grandes decomisos de drogas de los que suelen vanagloriarse las autoridades implican más bien algo que debería preocuparles, pues a cada carga que se incauta pronto le sucede otra mayor, lo que indica que el narcotráfico está floreciente en nuestro país pese a los esporádicos golpes que sufre. Señalábamos también que una situación semejante solo puede significar la participación de elementos de los propios organismos de control. Pues bien, un nuevo escándalo ocurrido en los últimos días en Canindeyú parece confirmar la podredumbre existente en la materia.
Bien se sabe que el citado departamento es un emporio de la marihuana y que su cultivo y comercialización dependen en gran medida de un tal Felipe Santiago Acosta, alias Macho, un asesino condenado a 25 años de prisión, que escapó de ella dos veces, estando prófugo desde 2016. Excepcionalmente, una de las caravanas de camionetas y embarcaciones con las que traslada las cosechas recogidas, incluso en tierras alquiladas de indígenas, fue interceptada en la madrugada del 23 de febrero por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), apoyados por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), cuando se dirigía a la ciudad fronteriza de Saltos del Guairá. Aparte de diez vehículos y tres lanchas, se incautaron 14.290 kilos de marihuana prensada, sin que ninguno de los implicados haya sido detenido.
El 14 de marzo, agentes policiales venidos de Asunción –supervisados por el Ministerio Público– allanaron la oficina local de la Senad tras constatarse dos días antes un hecho bochornoso. En efecto, la jueza Rosarito Montanía dispuso el pesaje de la voluminosa carga incautada antes de su incineración, constatando que faltaban 770 kilos, valuados en unos 200 millones de guaraníes. Los agentes especiales y los militares presentes negaron haber sustraído la mercadería ilícita; sus teléfonos móviles fueron requisados, pero no se pudo obtener imágenes de las cámaras de seguridad, pues no estaban enfocadas hacia el sitio en que estaba lo requisado. Curiosamente, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, adujo que la diferencia de peso podría deberse a que tras la incautación se emplearon balanzas y antes de la incineración se recurrió a una báscula, a lo que la jueza replicó que también faltaban 20 paquetes.
Llamativamente, el mismo día del allanamiento, la Policía Federal del Brasil descubrió 1.076 kilos de marihuana prensada en una zona boscosa aledaña a Guaíra, municipio distante a tan solo ocho kilómetros de la oficina de la Senad: estaban contenidos en paquetes similares a los que de allí desaparecieron.
Es comprensible que nuestro país se haya vuelto un importante proveedor del mercado brasileño, dado que ahí el precio del narcótico triplica el vigente en el paraguayo. Se trata de un negocio muy lucrativo, financiado por la mafia desde el cultivo y protegido no solo por autoridades venales, sino aparentemente también por agentes policiales y de la Senad. Interrogado por qué el convoy interceptado hace casi un mes no fue detectado por los controladores, habiendo recorrido unos 160 kilómetros desde los alrededores de Yby Pytã, el ministro Rachid respondió que habrían sido sobornados o estaban durmiendo, agregando que el hecho iba a hacer “saltar las alarmas” en otros organismos que no mencionó y que, por de pronto, no dan señales de haber tomado medida alguna para poner fin al contubernio entre la mafia y el aparato estatal.
Todo indica que el inhallable Macho, cuyo centro de operaciones es la pequeña ciudad fronteriza de Corpus Christi, tiene a sueldo a numerosos civiles, militares y policías. De lo contrario, sería inexplicable que no pudiera ser aprehendido estando afincado en un área relativamente pequeña. Si continúa impune, es porque quienes tienen el deber de acabar con sus crímenes están podridos hasta los tuétanos. No se trata de que sean incapaces, sino de que gustan mucho del dinero sucio y probablemente creen poder contar con la protección de sus respectivos jefes políticos o institucionales.
Al parecer no es habitual que las cargas decomisadas sean vueltas a pesar antes de su incineración, lo que invita a pensar que anteriormente pudieron haber también faltantes que pasaron desapercibidos. Por eso, la actuación de la jueza Rosarito Montanía alienta la esperanza de que no todo está perdido y, por ende, de que aún es posible impedir que el Paraguay caiga definitivamente en las garras del crimen organizado. Para ello, es necesario limpiar el aparato estatal, inficionado por ese flagelo, según reconocen las más altas autoridades. Para no ir más lejos, los agentes especiales de la Senad no deben dar pie a la menor sospecha de estar involucrados precisamente en el tráfico de estupefacientes.
El Paraguay no es hoy solo un país de tránsito de la droga, sino también productor –especialmente de la marihuana– y de consumo. Con frecuencia se denuncia que ciudades otrora pacíficas hoy están dominadas por los “chespis” y abunda en ellas la delincuencia. El Amambay y Canindeyú ya no son las únicas regiones donde incide el narcotráfico, sino que en otras, como en el sur de la Región Oriental donde existirían traficantes que no ocultan su bienestar, sin ser molestados por los organismos competentes. Macho no es el único malandrín que no teme caer en manos de la ley porque evidentemente sabe retribuir los servicios prestados. La próspera mafia, que al parecer manda y que en buena medida maneja el aparato estatal, según se desprende de ciertos chats bien elocuentes, tiene que ser combatida con la ley en la mano, empezando por sus agentes insertos en los organismos gubernamentales.
