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En lo que más parece una excusa para justificar una inminente claudicación en la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, con la abierta confesión de que no se buscará la eliminación de la cesión de los excedentes al Brasil, el Gobierno reitera la perorata de la plena utilización de la energía paraguaya en Paraguay. Sin embargo, al margen de que esa, en el mejor de los casos, no es una meta que se pueda cumplir a corto plazo, tampoco el Gobierno da señales de que la tenga como un objetivo estratégico. El Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico (IPPSE) advierte que las inversiones en el área están paralizadas o muy atrasadas, lo cual no solamente compromete la confiabilidad y la calidad del servicio, sino que amenaza con provocar un colapso total en el sistema.
Para empezar, el Gobierno no ha destinado al sector eléctrico un solo dólar de los “fondos sociales” tan pomposamente promocionados tras el acuerdo tarifario de mayo de 2024. Todo lo contrario, el acuerdo en sí mismo implica una fuerte presión financiera para la ANDE. Por un lado, se ve obligada a pagar más por la contratación de energía de Itaipú debido a la tarifa elevada por encima del costo, y, por el otro, la comprometieron expresamente a incrementar a razón de 10% por año, en forma acumulada y exponencial, la contratación de “energía garantizada”, que es la más cara.
Algunos no lo recordarán, pero esto último fue precisamente el detonante del escándalo de la llamada “acta entreguista” en 2019, que por poco le cuesta un juicio político al entonces presidente, Mario Abdo Benítez. En aquella ocasión, se consideró casi una traición que el Gobierno aceptara en dicha acta que la ANDE aumentara su porcentaje de contratación de energía garantizada sin dejar constancia escrita de una prometida compensación de 200 millones de dólares para la empresa eléctrica. Cinco años después, durante la gestión de Santiago Peña, se acordó exactamente lo mismo, con la diferencia de que esta vez no se estableció ninguna compensación, ni expresa ni tácita.
Esta es la razón, además de su propia ineficiencia, por la cual la ANDE no está pudiendo implementar un cronograma de inversiones apropiado, no digamos ya para aspirar a utilizar toda la energía paraguaya en ambas binacionales, sino por lo menos para acompañar el crecimiento vegetativo de la demanda doméstica, lo cual queda evidenciado con los permanentes cortes de luz.
El IPPSE publicó un informe técnico que pone acento en el grave atraso del plan de inversiones en transmisión, distribución y generación para el período 2021-2030. Para 2024 se tendrían que haber ejecutado 1.187 millones de dólares, de un total de 2.993 millones de dólares hasta 2030, pero solo se alcanzó una ejecución del 46%, equivalentes a 551 millones de dólares. Para recuperar el ritmo habría que invertir 407 millones de dólares anuales ininterrumpidamente de aquí al final de la década.
Además de la demora en la construcción de las nuevas líneas de transmisión, sin lo cual es impensable siquiera sugerir la posibilidad de utilizar toda la energía paraguaya de las binacionales, hay 22 instalaciones de transmisión y subestaciones que debían estar operativas en 2023 y 2024 y siguen fuera de servicio. Tampoco estarán listas otras 12 previstas para 2025 y hay dudas sobre las programadas para 2026 y 2027, señala el IPPSE.
El crecimiento de la demanda supera las previsiones de 2021, pero la ANDE no acompaña, hecho que genera “una carga adicional sobre infraestructuras ya debilitadas”. El IPPSE advierte sobre el aumento de la vulnerabilidad, con posibles cortes masivos si fallan puntos críticos, como las líneas de 500 kV Itaipú-Villa Hayes y Ayolas-Villa Hayes, con seria afectación a usuarios residenciales e industriales. “Si persisten las demoras podrían producirse colapsos totales del sistema”, señala el documento.
Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio, consejero de Itaipú y vocero del Gobierno en las tratativas por el Anexo C, puso como una de las opciones barajadas la utilización de la energía paraguaya en el mercado local. Si realmente fuera esa la intención, mínimamente se tendrían que dedicar gran parte de los supuestos 650 millones de dólares anuales (la cifra es dudosa) que se obtienen por diferencia tarifaria en Itaipú a preparar el sistema eléctrico nacional. Pero esos recursos no se usan para este fin y nadie sabe a ciencia cierta a dónde van a parar. No ingresan al Presupuesto General, no están sometidos a controles nacionales, se manejan prácticamente como fondos reservados del Presidente de la República.
Paraguay tiene unos 20 millones de megavatios/hora al año de excedentes solo en Itaipú, un volumen equivalente a todo el consumo nacional de electricidad, que actualmente cede al Brasil. Nos quieren convencer de que no hace falta modificar el Anexo C en ese punto porque pronto el país usará toda su energía. Pero la realidad es que apenas el 22% de la matriz energética de la “pequeña Catar” de Santiago Peña es eléctrica, y aun así está al borde del colapso.
