Cargando...
La empresa pública Petróleos Paraguayos (Petropar) apeló a la firma Doha Holding Group LLC, creada en Catar en diciembre de 2023 por un enigmático jeque local y representada en nuestro país por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, presumiblemente para el negocio en puertas con la petrolera paraguaya dirigida por Eddie Jara. La firma catarí incumplió el contrato firmado por dos meses en septiembre de 2024, y ya consiguió cuatro prórrogas, otorgadas contra la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas; la que venció el 28 de febrero último tiene ahora vigencia hasta el 31 de marzo.
Al igual que en el caso anterior y debido a la “urgencia”, Petropar había recurrido al “procedimiento especial” de contratación directa para comprar cien mil toneladas métricas del combustible por unos 61 millones de dólares, un precio muy inferior al del mercado internacional. La vendedora sería la flamante empresa mencionada, pese a que la ley antes citada exige que los contratistas tengan capacidad económica, financiera y técnica. Resulta así inevitable sospechar que la operación fue montada contra el interés público, sin que haya inquietado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Agustín Encina, que avaló el “procedimiento especial” y aceptó que una declaración jurada, por un monto de 3.050.000 dólares, sirva como garantía de fiel cumplimiento del contrato. Más aún, no tiene previsto investigar el proceso de contratación, pese a que la ley le autoriza a “realizar investigaciones, de oficio o por denuncias”, a que ella fue vulnerada sin disimulo y a que los plazos de entrega del carburante fueron reiteradamente incumplidos. A tanto llegaron las cosas que Petropar se creyó obligada a contratar una firma uruguaya, cuyo historial en el sector también se desconoce. Todo pareciera que se maneja entre gallos y medianoche.
Tampoco la Contraloría General de la República (CGR) se muestra muy diligente para esclarecer esta grave cuestión. Por de pronto, se limitó a pedir informes a la empresa pública, la que el 27 de febrero solo respondió que “se está viendo y analizando” qué hacer. Ya se sabe ahora que ha concedido una nueva prórroga en el “urgente” caso que revela una muy llamativa tolerancia con los contratistas de marras. Por su lado, la CGR aún está analizando los documentos remitidos por Petropar para decidir, dentro de unos diez días, si hará una auditoría. La empresa pública ya debería haber rescindido el contrato y reclamado el pago de la garantía de 3.050.000 dólares, respaldada por un banco catarí, en vez de prolongar una situación incompatible con la supuesta urgencia de la transacción. Este nuevo escándalo seguramente quebrantará aún más los planes y las finanzas de una empresa pública deficitaria, que suele competir deslealmente con el sector privado y que recurre a la corruptela incluso en tiempos de pandemia.
Era evidente que los referidos socios comerciales –seleccionados a dedo contra los principios legales de “economía y eficacia”, así como de “igualdad y libre competencia”– no iban a poder cumplir con sus respectivos compromisos en tiempo y forma. Empero, la DNCP no se inmutó, lo que significa que mal se puede confiar siempre en que adopte medidas oportunas para evitar daños patrimoniales al Estado. Las contrataciones públicas seguirán siendo copiosas fuentes de corrupción mientras los órganos de control no cumplan con sus respectivas funciones preventivas. Llama la atención la excesiva paciencia y consideración que se tiene con una empresa, de escuálidos antecedentes, que ha incumplido ya en tan reiteradas oportunidades el compromiso asumido con la empresa estatal.
Urge, pues, impedir que Petropar siga perjudicando al erario en connivencia con presuntos amigos de la casa, para lo cual es preciso que la honestidad y la idoneidad reemplacen a la codicia y a la torpeza que al parecer caracterizan a sus autoridades. Tal como allí están las cosas, esa empresa pública causa ingentes daños debido a la inacción de quienes deben velar por el buen uso del dinero de todos. En suma, Petropar no debe seguir burlándose de la opinión pública, de la DNCP ni de la CGR, así que es hora de que el presidente Santiago Peña haga algo por el bien del país: al menos, prescindir de los pésimos servicios de Eddie Jara, en defensa del interés general, gravemente afectado por una gestión desastrosa.
