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La caída de la Cooperativa Poravoty de Fernando de la Mora es una noticia que podría pasar desapercibida para muchos. Sin embargo, no solamente provoca una gran angustia a más de 700 ahorristas, la mayoría de avanzada edad, que no pueden retirar sus depósitos, sino que se trata de una nueva advertencia sobre un enorme factor de riesgo que pesa sobre el Paraguay, que es el incumplimiento de normas de prudencia internacionalmente aceptadas y la ausencia de adecuada supervisión de un amplio segmento del sector financiero nacional, lo que engloba gravemente, además de las cooperativas, a los sistemas de captación de ahorros jubilatorios, incluido el Instituto de Previsión Social.
La Cooperativa Poravoty, fundada en 2011, fue intervenida tardíamente por el Instituto Nacional de Cooperativismo y sus cuentas están embargadas hasta nuevo aviso, aunque probablemente ya vaciadas e insuficientes para cubrir los compromisos. Supuestamente, tiene 12.000 socios, número seguramente inflado con fines engañosos, y varias agencias en diversos puntos del interior, que han sido cerradas.
Al momento de la intervención, como presidente figuraba Miguel González Duarte, un expolicía dado de baja por mala conducta en 2002, presuntamente involucrado en un caso de desfalco en el Círculo de Suboficiales Retirados de la Policía Nacional y polémico exmiembro del consejo de la Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo. Como tesorero figuraba Apolonio Mendría, también expolicía, con quien González formó un partido político independiente, con la cooperativa como plataforma, para intentar cargos electivos en las últimas elecciones municipales y nacionales.
El Incoop, presidido por Carlos Romero Roa, señala que la intervención se realizó por dificultades financieras e inconsistencias que viene arrastrando la entidad “desde hace tiempo”, así como denuncias de socios por problemas de liquidez. Tras la intervención, el organismo realizó una denuncia penal por presunto hecho punible de estafa, que quedó a cargo del fiscal Óscar Delfino, de la unidad 11 de la Capital.
Lo que no explicó Romero Roa es por qué, si hace tiempo se habían detectado inconsistencias, se le permitió a la cooperativa seguir funcionando hasta llegar a una situación de insolvencia. Tampoco se esclarece por qué, en primer lugar, el Incoop autorizó formar y presidir una cooperativa de ahorro y crédito a una persona con malos antecedentes y por qué hizo la vista gorda ante la abierta politización de la entidad.
Desde 2020 han caído más de una veintena de cooperativas y siempre ocurre lo mismo, se llega cuando ya no hay nada que hacer. Típicamente las cooperativas se manejan con pequeños ahorristas, por lo cual les es relativamente fácil bicicletear con el dinero de unos para cumplir con otros, hasta que estalla la crisis cuando ya están muy mal, generalmente cuando algún depositante mayor no puede hacer un retiro y se desata una corrida. Solo entonces interviene el Incoop. Hace muchos años se habla de la creación de un fondo de garantía, que nunca se concretó por resistencia a realizar el aporte, pero aun esa sería únicamente una medida paliativa, para intentar proteger a los más vulnerables, no una solución.
Las causas son de fondo y tienen que ver, primero, con la laxitud de las normas que rigen al sector cooperativo y, segundo, con el modelo de gobernanza, tanto de las propias entidades como del organismo supervisor. Los bancos y financieras están sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. Eso no los hace inmunes de potenciales caídas, pero, a partir de la crisis financiera de los años noventa, se han tenido que adaptar a las llamadas “normas de Basilea”, que implican ratios de solvencia, exigencias de aportes de capital, control de operaciones y de conflictos de interés, parámetros de morosidad, reglas más estrictas para refinanciaciones y previsiones, todo lo cual es sometido a un seguimiento técnico permanente.
El sector cooperativo, con su poder de lobby y fuerza política, se ha negado sistemáticamente a seguir esos parámetros. Pero, además, el Incoop es poco más que un club de amigos en el que se mezclan supervisores y supervisados, donde los segundos participan en la elección de los primeros, que invariablemente salen de sus propias filas, y que no cuenta con una estructura de fiscalización suficiente, mucho menos autónoma. Como consecuencia, hay unas 600 cooperativas en el país que concentran alrededor del 12% de los ahorros y depósitos del sistema financiero y se manejan prácticamente a su antojo.
Esto sugiere de por sí un riesgo considerable, pero las cooperativas no son las únicas que están captando dinero del público sin supervisión externa independiente. También lo hacen una docena de cajas jubilatorias y mutuales, incluyendo el IPS, lo cual eleva ese riesgo a niveles exponenciales. Este Gobierno hizo aprobar hace más de un año una ley que crea una Superintendencia de Pensiones, pero todavía no se aplica y, además, repite el modelo del Incoop al someterla a un Consejo Nacional de Seguridad Social, con lo cual los supervisores dependerán de los supervisados.
Esta es otra de las grandes reformas estructurales que el Gobierno posterga por tiempo indefinido. Poravoty es un triste ejemplo de algo mucho mayor. Las soluciones tienen que llegar antes de que sea demasiado tarde, no después.
