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Después de casi un año de haber estallado el escándalo de los bonos, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), se vio compelido por un fallo judicial a informar a medias de la deuda municipal, que incluye la generada por las emisiones de esos activos financieros para construir obras de infraestructura que no fueron hechas o quedaron inconclusas, pues lo recaudado se destinó ilegalmente al pago de gastos corrientes. Ahora se sabe que la deuda en este concepto llega por de pronto a 217.223.196 dólares y que terminaría siendo cancelada recién en 2035. Si a ella se suma la contraída con los bancos GNB PY, Continental y Basa, resulta que la Municipalidad debe hoy nada menos que 242.723.176 dólares, lo que revela una desastrosa situación financiera atribuible a la corrupción, el prebendarismo y el derroche. En otras palabras, Asunción está en bancarrota.
Confesando la insolvencia municipal, su mayor responsable habla de reestructurar la deuda, es decir, de cambiar las condiciones pactadas con los acreedores, a lo que seguramente se agregará más tarde el viejo recurso de pedir préstamos para ir bicicleteando cuentas, siendo de esperar, al menos, que el nuevo endeudamiento sea pactado con cláusulas menos onerosas que las relativas a los bonos. No debe descartarse tampoco que sobrevengan aumentos de los tributos municipales. El intendente, acérrimo enemigo de la transparencia, no dio a conocer los contratos sobre los préstamos bancarios y la emisiones de bonos. En este último caso, alegó que tienen cláusulas de confidencialidad, como si la ciudadanía afectada no tuviera derecho a conocer con detalle los compromisos contraídos en su nombre y que habrán de cumplirse con su dinero.
No obstante, hoy se sabe que la tasa promedio de interés anual de los bonos lanzados desde 2016 hasta 2019 fue del 13,75% y que en 2023 llegó incluso al 16,85%, porcentaje que alcanza el 19% si se suman otros aranceles. Los bonos soberanos emitidos por el Estado suponen un interés anual de solo el 6%, de lo que se desprende que el penalmente imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de los “detergentes de oro” aceptó condiciones mucho más gravosas para los asuncenos en una operación similar. Es más, solo en 2023 pagó al agente Valores Casa de Bolsa SA, contratado sin que intervenga la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, más de 2.772 millones de guaraníes por la “estructuración”, la asesoría financiera y la asesoría legal, como si la Municipalidad no tuviera una Dirección de Asuntos Jurídicos ni una Dirección General de Administración y Finanzas. Pero hay otros numerosos pagos millonarios por intermediación, lo que mueve a pensar que hubo un festival de repartijas del dinero de los asuncenos en ese concepto.
Entrevistado sobre el affaire, el contralor general de la República, Camilo Benítez, insistió en que lo recaudado mediante las emisiones de bonos no debió haber llegado a una “cuenta única” para financiar gastos corrientes, lo que consideró ilegal. Afirmó que si la institución a su cargo realiza ahora una nueva auditoría, llegaría a la misma conclusión. Sostuvo también que “la Fiscalía tiene mayor competencia que nosotros para investigar”. Lamentablemente, el Ministerio Público camina a pasos de tortuga, si es que camina, al punto de que sus agentes allanaron la Municipalidad en julio de 2024, sin que se hayan producido luego otras novedades. Todo parece indicar que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, no tiene muchas ganas de perseguir a los autores, cómplices y encubridores de la que sería la mayor malversación de la historia patria, como ya fue considerado este caso. El órgano contralor de las actividades económicas y financieras de las entidades públicas ya hizo gran parte del trabajo, de modo que el representante de la sociedad ante la judicatura debe apresurarse: el tiempo transcurrido es más que suficiente para que el Ministerio Público cumpla de una vez por todas con su deber.
Aunque el impresentable intendente no acompañó documentos que permitan conocer el destino final de lo recaudado con las emisiones de bonos a un altísimo costo, ya ha confesado de hecho que lo utilizó para el pago –indebido– de gastos corrientes, tal como ya lo advirtió en su momento la Contraloría General de la República. Su renuencia a brindar toda la documentación requerida en la petición de amparo vuelve a demostrar que tiene mucho que esconder. Con todo, lo ahora conocido basta para concluir que no solo se habrían desviado fondos para fines ajenos al de su recaudación, sino que los bonos conllevan una tasa de interés extremadamente elevada, a la que se agregan los gastos superfluos antes referidos.
En suma, la crisis financiera municipal se ha agudizado tanto que cabe esperar que no se demore una intervención de la Municipalidad de Asunción, antes de que la bola de nieve aplaste a la capital y sus habitantes en forma irreversible. Y que el procedimiento señalado concluya con la sanción que corresponda a los responsables, apareciendo en primera fila de las sospechas el intendente Nenecho y los concejales que consintieron los desmanes.
