Cargando...
Desde hace años, el colegio asunceno Juan Ramón Dahlquist –declarado “patrimonio cultural por la Secretaría Nacional de Cultura– se halla en un estado desastroso, pese a que ya debió haber sido refaccionado en 2021, junto con otros diez centros educativos, con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), administrados por la municipalidad. Un año después, la directora competente, Raquel Cabrera, culpó del retraso a ciertos ajustes en el pliego de bases y condiciones de la licitación pública pedidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Según este órgano, la licitación está paralizada desde julio de 2022 porque los cambios aún no se habrían hecho. Como siempre, las excusas para “pasarse la pelota” entre las instituciones públicas responsables nunca faltan.
Y bien, como resultado de tanto desinterés y negligencia, la convocatoria fue cancelada, de modo que el 24 de febrero se iniciarán las clases en un derruido edificio, reparado por última vez en 2019, que en cierto lugar tiene inclusive un letrero que dice “zona de riesgo” (!). En ese lugar, los techos están deteriorados y húmedos hasta el punto de que pueden derrumbarse. Al menos, una oportuna fumigación evitó que las termitas sigan devorando pupitres. Es intolerable que los alumnos y los docentes sean expuestos a un peligro mortal, por lo que las clases no deberían empezar en dicho colegio mientras no sea reparado.
Pero no solamente esta tradicional institución está en precarias condiciones en Asunción, sino que hay varias más, como la escuela República de Cuba. Uno de los pasillos se inunda debido a las goteras del techo húmedo y dos salones con baños sexados están inconclusos, aunque el contrato con la conocida firma Engineering S.A. data de 2020 y las obras se iniciaron en febrero de 2024. Otro ejemplo es la tradicional escuela República Argentina, con su parque infantil clausurado debido a que su muro puede venirse abajo, y con el mobiliario en desastrosas condiciones.
Si importantes instituciones educativas asuncenas se hallan en tan deplorable estado, asusta imaginarse lo que se debe soportar en el Paraguay profundo, donde las clases a la intemperie no son raras. He aquí unas pocas muestras: una escuela de San Juan Bautista (Misiones) iniciará el año lectivo con problemas en la cocina-comedor y en las instalaciones sanitarias, así como con la falta de aulas para tres grados. En una escuela de Horqueta no se sabe dónde impartir clases porque parte del techo se desplomó y se teme que el incidente se repita. En otra, de San Pedro, se necesita que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) repare la infraestructura en vez de entregar uniformes. Los directivos de una escuela de Villarrica organizaron una rifa para saldar una deuda por la compra e instalación de un transformador, debido a fallas del sistema eléctrico. Valgan estos ejemplos, porque la lista es interminable.
El ministro del ramo, Luis Ramírez, se precia de que en los últimos catorce meses se repararon 4.000 escuelas, pero quedarían aún 1.800 a la espera de arreglos. Como dice el joven Maximiliano Seiferheld, miembro de una organización que busca que los centros educativos privados donen materiales a los públicos, también la infraestructura de las escuelas reparadas tienen carencias. Ocurre que las prioridades del MEC no responden a las necesidades de los establecimientos educativos, sino más bien a las de sus oficinas centrales para alojar a su abultada burocracia. Este año destinará a ellas 4.397 millones de guaraníes, alquilando en Asunción dos edificios en mal estado, mientras sigue sin ocupar el concluido en 2023 en la zona portuaria de Asunción por falta de fondos para equiparlo.
El drama de la educación pública responde menos a la falta de fondos que a su pésimo empleo: el MEC tiene este año un Presupuesto de 11,920 billones de guaraníes (1.515 millones de dólares). Con todo y siendo conveniente que disponga de más fondos para superar carencias de todo tipo, se trata de una suma con la que se podría hacer mucho más por el futuro de los alumnos en la sociedad del conocimiento. Sin duda alguna, para ello, es preciso eliminar el derroche, el clientelismo y la corrupción que han castigado desde siempre a esa área.
Mientras tanto, se observan despilfarros en varias áreas del Gobierno, que bien podrían destinarse a que los docentes y los educandos no corran riesgos. Por ejemplo, el Gabinete Civil de la Presidencia destinará 13.601 millones de guaraníes para pasajes y viáticos, servicios de ceremonial y de “catering”, alimentos y combustibles. Buen ahorro presupuestario también se habría conseguido si los congresistas no se aumentaran 5.000.000 de guaraníes en su dieta, para llegar a 37.900.000 guaraníes, supuestamente porque “el sueldo no alcanza”, o si Petróleos Paraguayos (Petropar) no hubiera gastado en 2024 unos dos mil millones de guaraníes en la compra de bolsos, pines, sombrillas, bolígrafos y otros artículos. Y, por supuesto, si se hubiera prescindido del ejército de “nepobabies” y otros “nepos” que parasitan el presupuesto.
El dinero público debe ser bien administrado, lo que supone tener sensibilidad y asignar recursos a prioridades sensatas, como el buen mantenimiento de las aulas para que no impliquen una “zona de riesgo” para profesores y alumnos. La educación paraguaya necesita “estar mejor”, y no que lo estén los políticos y su clientela parasitaria.
