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El diario Folha de São Paulo realizó una publicación que refleja un sesgo dominante en la opinión pública brasileña, inculcado deliberadamente desde lo más alto del establishment, desde Itamaraty hasta los poderosos gremios empresarios, de que Brasil es el que pone todo en Itaipú y Paraguay solo se aprovecha. Desde luego, la realidad es muy diferente, pero la actitud que ha asumido una vez más este Gobierno de Santiago Peña alienta antes que desvirtuar esa creencia, al pugnar por limosnas en vez de concentrarse y poner todos sus esfuerzos en reivindicar los legítimos derechos paraguayos en el emprendimiento binacional.
El 5 de febrero Folha publicó un artículo titulado “Paraguai ganha mais na gestão de Itaipu: vizinhos pagam menos para receber mais benfeitorias socioambientais”. Se refiere a que, por insistencia del Gobierno paraguayo, se elevó la tarifa de Itaipú para generar una diferencia de 1.500 millones de dólares anuales por encima del costo básico, a ser divididos en partes iguales entre los dos países, 750 millones para cada uno, en forma de gastos socioambientales.
El tema es que Brasil contrata el 70% de la potencia de la central y Paraguay el 30%. Por lo tanto, razona el artículo, los brasileños pagan 1.200 millones de dólares de más por la tarifa más elevada para recibir 750 millones en gastos socioambientales (450 millones de pérdida), mientras que Paraguay paga 300 millones de más para recibir los mismos 750 millones en ese concepto (450 millones de ganancia).
Lo que dice el artículo es verdad, pero una tremenda verdad a medias, por ponerlo de manera suave. El gran beneficiario de Itaipú es y ha sido siempre Brasil, no Paraguay. Esa supuesta “ganancia” es apenas una migaja en comparación con lo que Paraguay deja de percibir por su parte del aprovechamiento de un recurso natural que le pertenece en un 50%, que es el potencial energético del río Paraná, y ni hablar con lo que ha perdido históricamente desde que la central comenzó a generar hace poco más de 40 años.
Esos 450 millones de dólares que menciona el artículo pueden ser considerables para el Paraguay, aunque tampoco son, ni mucho menos, de vida o muerte, como los quiere presentar el Gobierno y, personalmente, Santiago Peña, quien no deja de jactarse de su “gran negociación”. De hecho, el acuerdo impacta fuertemente en las finanzas de la ANDE. Para Brasil, en contrapartida, el monto es muy poco relevante. Equivale al 0,05% de su gasto estatal y al 0,01% de su producto interno bruto, por lo cual es una “pérdida” que prácticamente no le afecta.
En cambio, lo que el artículo no dice es que, al día de hoy, Brasil se apropia de aproximadamente 20 millones de megavatios/hora al año de energía paraguaya a precio vil.
A valores actuales, los excedentes paraguayos le cuestan a Brasil 26,7 dólares el MWh (19,28 dólares el kWmes) que le paga a Itaipú –ya con tarifa más alta– más 10 dólares el MWh que le paga a Paraguay como ínfima “compensación”, es decir, 36,7 dólares el MWh en total. Si tomamos como referencia que, en este preciso momento, Brasil le está vendido electricidad a Argentina a un promedio de 100 dólares el MWh, esos 20 millones de MWh paraguayos le reportan a Brasil, o más específicamente a ENBpar, su compañía eléctrica estatal, una ganancia neta de alrededor de 1.300 millones de dólares al año.
Pero el Gobierno paraguayo, en vez de reclamar lo que soberana y legítimamente le corresponde al país, solo buscó y se conformó con la limosna, con la cual el presidente Santiago Peña puede realizar erogaciones discrecionales fuera del presupuesto público y sin rendición de cuentas, casi como si fueran sus gastos reservados.
Antes que ventajitas de dudosa utilidad para la República, lo que se esperaba del Gobierno era que persiguiera con toda firmeza el precio de mercado y la libre disponibilidad de la parte paraguaya en Itaipú. Pero el plazo de revisión del Anexo C se venció en agosto de 2023, en coincidencia con el inicio del mandato de Santiago Peña, y poco y nada se ha avanzado para modificar los términos del Tratado. Todo sigue igual en detrimento del interés nacional.
