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En el ardiente verano de “la pequeña Catar de la energía sostenible”, al decir del presidente de la República, Santiago Peña, en una de sus presentaciones del Paraguay en el exterior, los agobiados pobladores de este país no paran de sufrir repetidos cortes en el suministro a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pese a que el país comparte dos grandes centrales hidroeléctricas y a que se jacta de ser el mayor exportador mundial de la energía de dicho origen. El presidente puede pavonearse así en el exterior en la esperanza de que sus interlocutores no conozcan que –paradójicamente–, pese a esa abundante disponibilidad de energía eléctrica, la mayor parte de la consumida en el Paraguay proviene todavía del carbón, de la leña y de los derivados del petróleo. Es inconmensurable el daño causado por la monopólica empresa estatal a la salud pública, a los aparatos electrodomésticos, al comercio y a la industria, debido a la sobrecarga de las líneas de transmisión. Además, la ANDE es víctima de robos de la energía eléctrica por valor de 60 millones de dólares anuales, una práctica de larga data.
Según su presidente, Félix Sosa, la pérdida “técnica y comercial” llega al 28,5%, lo que le obliga a recurrir a préstamos externos y a donativos de Itaipú Binacional, su principal proveedora. Su deuda acumulada asciende a nada menos que 1.300 millones de dólares, en tanto que el Presupuesto de este año es de 1.972 millones, superior en un 14% al de 2024. Sin embargo, la tan necesaria inversión física disminuirá en un 7%, lo que implica que las cosas irán de mal en peor. No hay signos de que la deficitaria ANDE vaya a reestructurarse financiera y administrativamente para que sus 5.000 asalariados presten un mejor servicio a los sufridos usuarios ni de que el Gobierno esté empeñado en que aumente el consumo de la energía hidroeléctrica en detrimento de las otras fuentes. Todo indica que prefiere seguir vendiéndola a un precio vil al Brasil y a la Argentina, que hasta hoy se han llevado, respectivamente, el 90% y el 92% de lo producido por las entidades binacionales.
Es obvia la necesidad de que la energía hidroeléctrica tenga una mayor participación en el consumo, de modo que sería de gran relevancia una política pública que apunte a ella, estimulando esa reorientación, con el concurso de organizaciones gremiales. El deplorable servicio prestado por esa empresa pública no la hace muy atractiva para potenciales usuarios, de modo que tendrá que romper el círculo vicioso: no puede extender ni potenciar su red porque ni siquiera está en condiciones de mantenerla sin contratiempos irritantes para sus clientes. En verdad, ya es tiempo de que se haga algo para poner fin al contrasentido de que el Paraguay sea un gran productor de energía eléctrica, pero un paupérrimo consumidor que depende de otras fuentes, como si sus gobernantes se satisficieran con recibir “gastos sociales” y ceder a un precio bajísimo la mayor parte de la energía hidroeléctrica de la que podría disponer.
Es inconcebible que la población continúe sufriendo horrores cada vez que hay una tormenta relativamente fuerte o arrecie el calor como está ocurriendo ahora. Justamente en estas circunstancias es cuando los paraguayos más deberían disfrutar sin contratiempos de tan valioso recurso del que tanto se pavonean nuestras autoridades en el exterior. Pareciera que no les interesa lo que ocurre en el plano local, que miles de familias sigan quejándose de que no pudieron dormir por el calor, que se les han destruido sus electrodomésticos debido a los cortes, y que los hospitales tengan que trasladar pacientes o postergar cirugías, entre otras tragedias frecuentes. Dudamos que en Catar ocurran estas cosas.
Por lo demás, conviene, de todos modos, que la ANDE pierda su monopolio inconstitucional: el buen servicio prestado a 15.000 familias de Villarrica por la Compañía de Luz y Fuerza SA (Clifsa) ejemplifica la factibilidad de abrir el mercado a las firmas privadas, en provecho de los paraguayos, que no tienen por qué resignarse a estar siempre expuestos a los penosos fracasos de una empresa pública, sin contar con una alternativa.
