Cargando...
Vale apuntar que la corrupción, la ineptitud y el despilfarro gubernativos no empezaron el 15 de agosto de 2023. El grave problema es que persisten, sin que se den señales claras de que los responsables de onerosos desatinos serán sancionados de acuerdo a la ley. Lo que se hace, en el mejor de los casos, es intentar corregir los disparates cometidos, inyectando aún más dinero público, tal como se ha visto en el escándalo del tratamiento de las aguas residuales del Hospital General de Coronel Oviedo.
Otro buen ejemplo de lo antedicho es el inservible acueducto chaqueño de 203 km de extensión, que, según el actual presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, ya insumió a la fecha 120 millones de dólares, triplicando el costo previsto, sin servir aún al propósito de su construcción. En septiembre de 2024, la Junta Municipal de Boquerón (Colonia Neuland) se dirigió al presidente Santiago Peña ante “la angustiosa situación que atraviesa cada año el Chaco paraguayo por la falta de agua”, que afectaría la vida y la salud de miles de familias. En octubre, el titular de Essap anunció la firma de un nuevo contrato para construir una estación de bombeo y reparar el fallido acueducto, con lo que se estaría “rectificando el rumbo y devolviendo la esperanza” a las comunidades chaqueñas. La rectificación, que solo sería parcial y concluiría a fin de este mes, tiene que ver con que los inspectores de la empresa estatal terminaron notando que las frecuentes roturas de las tuberías derivan de su calidad deficiente y de una mala preparación del terreno, lo que plantea la cuestión del rol que cumplieron antes los inspectores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En verdad, de esto ya se viene hablando desde hace varios años, pero, ¿quiénes son y dónde están los responsables de tamaño atentado contra la población chaqueña y el Estado paraguayo?
Desde luego, no serían ellos los únicos culpables del fiasco generado durante los desempeños ministeriales de Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), Ramón Jiménez Gaona, Rodolfo Segovia y Arnoldo Wiens (todos de la ANR). Más de uno debe dar cuentas del daño causado al erario y a los chaqueños por el chapucero emprendimiento, sin que el Ministerio Público se haya inmutado hasta hoy, pese a la denuncia penal formulada en 2023 por el Ing. Augusto Ríos Tonina. Este sostuvo que el diseño del acueducto era inviable, pues el terreno por el que se extiende ¡tiene una pendiente negativa de 50 metros!, lo que obligaría a bombear agua a contracorriente. En su oportunidad, la actual ministra Claudia Centurión dijo que “los responsables de haber faltado a su deber en el tramo crítico (fase I) tendrán que responder”, pero no pidió al fiscal general del Estado que investigue un presunto delito de lesión de confianza. El fiscal general, Emiliano Rolón, debió haber actuado incluso de oficio, pero prefirió hacerse el desentendido, como si la cuestión fuera insignificante.
Por lo demás y aunque parezca increíble, la Contraloría General de la República aún no concluyó la fiscalización especial inmediata (!), iniciada al respecto en enero de 2023, debido a las prórrogas solicitadas por la actual ministra y por su antecesor Ramón Jiménez Gaona. Arnoldo Wiens, aspirante entonces a la Presidencia de la República, se limitó a hacer mutis por el foro. En homenaje a la transparencia, el Gobierno debe revelar desde ya cuánto costará a los contribuyentes reparar las fallas del acueducto y explicar por qué, entretanto, es justo y necesario que sean ellos y no los contribuyentes quienes paguen los platos rotos en el diseño y la ejecución. Es evidente que aquí hubo una alianza público-privada contra el erario y los chaqueños, que debe acarrear consecuencias para sus protagonistas, según afirmó Claudia Centurión, aunque sin impulsar acciones firmes para el efecto. El colosal malgasto debe conllevar la pena privativa de libertad y la reparación del daño causado, como en todos los casos en que se construyan obras defectuosas, cuya reparación genere más sobrecostos que los habituales en las contrataciones amañadas. De lo contrario, es una invitación para que los buitres se sigan cebando con el dinero de todos.
Los autores de la canallada y quienes no la evitaron deben sufrir el peso de la ley.
