Cargando...
Los pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS) y sus familiares siguen siendo maltratados sin piedad por el Consejo de Administración, encabezado por el Dr. Jorge Magno Brítez. Sufren las de Caín a la hora de intentar conseguir turnos y medicamentos, pero sus continuos reclamos no surten el menor efecto, como si los aportantes no tuvieran derecho a ser bien atendidos. A la ineptitud, la corrupción, el derroche, la negligencia y el prebendarismo se suma la insensibilidad de quienes no tienen el decoro de abandonar sus cargos solventados por las propias víctimas. Nada de esto es nuevo, ya que, como dijo una de ellas en el capitalino Hospital Boquerón, “se trae la sinvergüencía desde el gobierno de Stroessner”. En otros términos, los sucesivos gobiernos no trajeron una mejora en la gestión de la entidad previsional, lo que parece acentuarse con el actual, porque falta la “voluntad política” de eliminar los arraigados vicios. Como es imposible lograr un turno telefónico en dicho nosocomio, hasta los ancianos deben formar una larga fila para ser atendidos recién dentro de quince días o a veces más. Una asegurada, que lo intentaba desde el día anterior tras haber madrugado con sus niños, dijo que la atención “es un desastre”, a lo que se agrega la falta de medicamentos que genera reclamos cada vez más acuciantes.
Situaciones similares imperan en todo el país, siendo especialmente grave la carencia de fármacos oncológicos, que obliga a los aportantes del IPS a vender sus pertenencias para comprarlos o a recurrir al Instituto Nacional del Cáncer y a otros hospitales públicos para intentar obtener allí, al cabo de varios meses, lo que falta en la entidad que solventan. Ahora, un grupo de senadores anunció desde la residencia particular del expresidente de la República y hoy titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, una reprogramación presupuestaria para atender las necesidades de los afectados por la terrible enfermedad. Entretanto, el tratamiento urgente que deben recibir queda pendiente, sin que al parecer el probable desenlace fatal conmueva a los responsables del agudo déficit: “No tienen vergüenza”, dijo con toda razón Liz Cáceres, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos y Familiares del IPS, una agrupación que habría sido innecesario crear si al menos los representantes de los empleadores y de los trabajadores en el Consejo de Administración, que hoy son José Emilio Argaña y Víctor Eduardo Insfrán, respectivamente, cumplieran con su deber de velar por el buen uso de los aportes. En efecto, es de lamentar, una vez más, el deplorable silencio de las organizaciones patronales y sindicales ante las penurias cotidianas de los asegurados, como si no debiera importarles el desempeño de los dos consejeros cuyos nombramientos propusieron en ternas al presidente de la República. ¿No tienen nada que decir?
Sin duda alguna, el IPS “no está mejor”, bajo el gobierno de Santiago Peña. El Poder Ejecutivo está representado en el Consejo de Administración del IPS por Gustavo González Maffiodo y Carlos Alberto Pereira. Cabe preguntar si alguna vez el jefe de Estado les ha pedido a ellos o al Dr. Jorge Magno Brítez que rindan cuentas de su trabajo. Siguen allí, a diferencia del Dr. Carlos Morínigo, el exgerente de Salud, que había dicho que la entidad previsional era “un muerto” que se intentaba reanimar. Poco después fue destituido, en marzo de 2024, por haber revelado que al “cadáver” le faltaba el 40% de los medicamentos que debía tener.
Hasta septiembre del mismo año, su deuda acumulada llegaba a nada menos que 710 millones de dólares, de los cuales 334 millones habían sido contraídas con empresas farmacéuticas, lo que quizá contribuya a explicar la crónica falta de medicamentos. La debacle financiera tiene que ver menos con la evasión del aporte al seguro social, perpetrado cuando el patrón lo descuenta del salario sin ingresarlo en el IPS, que con la malversación, el dispendio, la incompetencia y el personal superfluo. La entidad tiene unos 26.000 funcionarios y contratados: “Está llena de secretarias y para eso sí hay plata”, según la desesperada presidente de la asociación antes referida, Liz Cáceres, que resumió la debacle diciendo que “el IPS no tiene nada (...) nadie soluciona nada (...) ya uno ni sabe con quién hablar”.
No hay signos de que las protestas de los asegurados estén siendo escuchadas en las altas esferas para que el “muerto” sea reanimado. Seguirá en tal estado mientras el Gobierno, el Consejo de Administración y las organizaciones tanto patronales como sindicales sigan exhibiendo una odiosa indiferencia, razón de más para que la ciudadanía apoye los reclamos de las víctimas: dado que se hacen los sordos, conviene levantar la voz aún más.
