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Es sabido que los agentes policiales paraguayos actúan del lado del bien y del mal, pues si unos intentan preservar los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes, como manda la Constitución, otros los violan con extrema frecuencia, tanto que el neologismo “polibandi” ya se ha incorporado al vocabulario nacional. El hecho de que los delincuentes de uniforme sean una lamentable realidad ha vuelto a evidenciarse en los últimos días, a través de unos llamativos casos. Por ejemplo, tras haber cerrado la comisaría para salir a vender 286 kilos de marihuana, cuatro suboficiales fueron detenidos en Canindeyú por miembros de la Armada. En Asunción, tres suboficiales armados pertenecientes nada menos que a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, vestidos de civil con shorts, remeras y zapatillas, y aparentemente ebrios, alegando una supuesta orden de captura, habrían intentado arrancar veinte millones de guaraníes al conductor de un vehículo que detuvieron y cuyas ventanillas golpearon en forma prepotente. Por su parte, en Yby Pytã, municipio del mismo departamento de Canindeyú, un suboficial, buscado desde enero de 2024 por un intento de homicidio al asaltar en banda una estación de servicios, fue muerto a tiros por dos encapuchados, en lo que habría sido un ajuste de cuentas.
El primer episodio delictivo despierta la pregunta del tiempo que llevaban los agentes policiales traficando con el estupefaciente y si los superiores jerárquicos lo ignoraban. El director de Policía de Canindeyú, comisario general Rafael González, entre otros, tendría que dar cumplidas explicaciones, incluyendo la de si es cierto o no que hay agentes penalmente imputados por poseer y comercializar la droga que habían incautado tras una tarea de inteligencia.
Por su parte, el grotesco incidente callejero protagonizado en Asunción por los agentes de Inteligencia, fuera de servicio, es de suma gravedad. De ser ciertas las informaciones preliminares difundidas, de que los oficiales habrían estado alcoholizados, se presume en primer lugar la comisión del hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre, además de que habrían intentado el de extorsión, cuya tentativa también es castigada por el Código Penal. Este hecho fue denunciado en la comisaría N° 4 por la víctima, que al ocurrir el hecho había estado acompañada por su esposa y por dos niños. Los suboficiales alegan que solo quisieron “dialogar” sobre un “pequeño roce” vehicular que tuvieron días antes con el afectado, lo que resulta muy llamativo si es que esa fue la intención, por la actitud prepotente que exhibieron. Las autoridades institucionales explicaron que, al igual que el caso de los suboficiales de Canindeyú, también este es investigado por la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional, así como por el Ministerio Público. Por de pronto, los tres integrantes de la importante Dirección General de Inteligencia Policial han sido trasladados, sin cargo, a la de Prevención y Seguridad, según la costumbre no escrita de considerar el mero desplazamiento como una sanción.
Debe puntualizarse que el anuncio de la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos, e inclusive del Ministerio Público, no contribuye a dar tranquilidad, pues casi nunca se escucha que como resultado de sus pesquisas sobre graves incidentes hayan desembocado en la destitución de los autores. Por lo visto, el simple traslado ya ha sido considerado como sanción válida, por lo que no ha de resultar extraño que los denunciados aparezcan de nuevo en otro incidente en el futuro.
Es de esperar que el comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez, le preste especial atención al tema de la podredumbre policial, lo mismo que a la selección de los suboficiales, que son incorporados tras un examen de ingreso y un curso de solo dos años; en 2024 este tiempo se redujo a apenas seis meses para acelerar el ingreso de 5.000 aspirantes, que ya están en servicio aunque muchos de los cuales todavía no están armados. No sería temerario suponer que en estas circunstancias se facilite la infiltración de soldados rasos del crimen organizado, lo que lleva a la relevante cuestión de si el tiempo de adiestramiento de los agentes de policía, en general, es suficiente para que se les inculque convenientemente el respeto a la ley y a la moral.
El notable desprestigio de la Policía Nacional tiene que ver con la creciente inseguridad interna, pero mucho también por el deplorable comportamiento de sus miembros. La población no puede confiar a ciegas en ellos, ya que bien pueden estar al servicio de la delincuencia. La ciudadanía espera que el Gobierno aborde con toda decisión la limpieza de la casa infectada, para que no siga pareciéndose a un vulgar aguantadero, financiado por los contribuyentes, pero al servicio del delito.