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De “golpe significativo a los esfuerzos estadounidenses para frenar el crimen organizado en Paraguay” calificó el Washington Post a la decisión del Gobierno de Santiago Peña de terminar la cooperación antidrogas de EE.UU. con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de nuestro país. Su titular fue demoledoramente implacable: “Un país de importante tránsito de cocaína detiene la cooperación antidrogas de EE.UU.”. Ni siquiera en los peores años de Colombia, el mayor narcotraficante latinoamericano, Pablo Escobar, pudo lograr algo así de devastador contra la cooperación estadounidense en la lucha contra el tráfico de drogas.
La decisión del Gobierno paraguayo fue conocida a través del mencionado diario estadounidense. Según describía el Washington Post, que se enteró antes que nadie, el fin de la cooperación de la DEA (Drug Enforcement Administration, en inglés, Administración de Control de Drogas, en español) pone en riesgo las operaciones contra el capo narco Sebastián Marset y sus vinculaciones colaterales, como las del senador colorado cartista Erico Galeano (socio comercial de Horacio Cartes, parlamentario investigado por haber prestado su avión al imperio narco que montó el citado Marset). Galeano debe enfrentar juicio oral el año que viene. Con al parecer demasiadas buenas fuentes, el diario estadounidense se refirió inclusive a la operación A ULTRANZA PY y hasta mencionó a uno de los mejores agentes antidrogas que tiene el país, Deny Yoon Pak, un agente fiscal que nunca ha hablado con la prensa paraguaya pero que ha dado al Washington Post demasiadas serias declaraciones. Según dijo, la mayor cantidad de operaciones antidrogas no ha sido de la Policía sino de la agencia antidrogas, y, en consecuencia, finalizar la cooperación sería “peligroso” y podría parar las investigaciones, “Hemos llegado a políticos, hemos llegado a empresarios de los niveles más altos, hemos detectado la colaboración con el crimen organizado”, dijo. No vemos razones para suponer que un medio extranjero se haya jugado con declaraciones inventadas, lo que nos lleva a un escenario no solo inquietante, sino alarmante.
La desprolijidad con la que dieron a conocer una decisión tan clave para nuestra política de seguridad nacional, pública y contra el crimen organizado fue escandalosa. En la tarde del viernes, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, desmentía a nuestro diario la medida que después se supo que él mismo había notificado por escrito a la Embajada estadounidense. La mentira siguió rodando como un alud con otros medios que también consultaron y se amaneció el sábado con el anuncio de una conferencia de prensa, lanzada desde el Consejo de Defensa Nacional, Codena, con la presencia del ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz; el ministro de Defensa, Óscar González; el propio Jalil Rachid; el titular del Codena, ministro Cibar Benítez, y hasta el titular de Mitic, Gustavo Villate, con la voz cantante del ministro del Interior, Enrique Riera.
Los esfuerzos de Riera por convencer del lado amable de un absurdo, y tratar de transmitir que la medida fue planeada y serviría para optimizar recursos contra el narcotráfico en la Policía Nacional, naufragaron ya esa misma mañana durante la conferencia de prensa cada vez que el titular de la Senad hablaba. Se estrellaron estrepitosamente hacia el final cuando el propio Riera dijo que la Policía Nacional tenía grandes planes de crecimiento y la Senad no. Se terminaron de hundir ayer lunes cuando el Comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez, admitió que desconocía la decisión que se había tomado con respecto a la agencia antidrogas estadounidense DEA.
Durante la conferencia, los dichos del ministro Jalil Rachid resquebrajaron todos los intentos de Riera por suavizar la polémica medida adoptada; se reveló en todo su esplendor que no hay sustento y que las justificaciones son contradictorias: palabras más, palabras menos, dijeron que no tienen recursos y por eso rechazan recursos. Al principio elegantemente y luego ya sin disimulo, Riera trató de tomar la palabra cada vez que pudo en lugar del jefe antidrogas para brindar alguna certeza que más que nunca está en duda. Lo único claro es la oscuridad que rodea a las auténticas políticas de seguridad nacional y pública, las políticas contra el narcotráfico y contra el crimen organizado.
Ensayando un argumento entendible: en un escabroso partido contra la criminalidad transnacional, donde llevamos perdiendo por goleada con varios asesinatos y toneladas de cocaína enviadas a todos los continentes, el Estado paraguayo acaba de dejar el arco libre, desprotegido y al amparo de criminales de alto vuelo. Tan alto vuelo que tienen el poder de terminar una cooperación internacional para combatir el narcotráfico, una decisión que solamente se animó a tomar el autoritario Evo Morales y ahora lo hizo Santiago Peña.
El Presidente de la República está obligado a mejorar las explicaciones que hasta ahora han dado sus funcionarios. Se las debe al pueblo paraguayo más que al Gobierno extranjero al que han cancelado. En momentos de profundas infiltraciones del narcotráfico permeando Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas, con la mafia transnacional que asesinó a un fiscal paraguayo en suelo colombiano, con procesos judiciales en curso y con inminentes juicios orales programados para el año que viene, tal parece que el presidente de la República, Santiago Peña, ha decidido bajar los brazos, reducir el combate y entregarnos de lleno a los brazos del crimen organizado. Si no llegara a dar una razonable explicación, tenemos todo el derecho de pensar que ha obedecido órdenes de personeros que siempre han estado al servicio del hampa.
Y que quien dio las órdenes tiene más fuerza que un país entero.