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Según una auditoría de la Municipalidad de Lambaré, entre abril de 2022 y abril de este año, el diputado Orlando Arévalo y su esposa, la edil Graciela Carolina González, ambos colorados cartistas, consumieron casi 4.000 litros de combustible, que costaron 32.178.269 guaraníes a los contribuyentes de dicha ciudad; la parte del león se la llevó una camioneta del legislador, que también fue proveída de carburante en el Alto Paraná, donde su cónyuge tiene centros de formación docente. Esta afirma que fue ella misma quien solicitó la auditoría y que una de sus dos tarjetas magnéticas para hacer los pagos fue clonada por el intendente Guido González (ANR, cartista).
Más allá de que la acusación sea o no cierta, importa subrayar de entrada que los concejales, así como los parlamentarios, no tienen por qué recibir cupos de combustible: deben pagarlos con la jugosa dieta que perciben regularmente. Los distribuidos entre los lambareños tienen un valor de dos millones de guaraníes cada uno. Algunos de ellos, de acuerdo al intendente, reciben dos tarjetas magnéticas porque ¡también pagan el combustible del vehículo del secretario que les acompaña en sus labores! ¿Qué actividad tan importante realizan los ediles lambareños para que utilicen dos vehículos en sus salidas? Reciben los cupos en virtud de una resolución de 2021, fundada en que los munícipes deben desplazarse para cumplir su función de control y de asistencia a los contribuyentes, “teniendo como fin fundamental dar celeridad a dichas documentaciones” (?). ¿Saldrán a controlar cada día el estado de las calles, de las veredas, de las plazas o de los baldíos? ¿Asistirán personalmente a quienes deben pagar un tributo, indicándoles qué documentos deben tener o a qué ventanilla dirigirse para eludir una fila? ¡Increíble!
Por lo demás, convendría saber cómo se controlaría el buen uso del combustible: ¿la Policía Municipal haría un seguimiento del vehículo de cada concejal para asegurarse de que su desplazamiento responda solo a las funciones previstas en la resolución citada? El presidente de la Junta Municipal, Víctor Silvera (ANR, cartista), solo atina a decir que “cada concejal es responsable del uso de ese combustible” y añade que no existen procedimientos para imponer sanciones si el cupo fuera empleado para actividades ajenas al cargo ejercido. Ya está. Luz verde para la corrupción. También el intendente, quien dijo que ya informó del escándalo al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, pero no así a los vecinos, opina que el uso dado a las tarjetas “es de exclusiva responsabilidad” de los felices poseedores.
En otros términos, los lambareños deben confiar en la buena fe de sus ediles, que realizarían sus actividades sin temor al castigo por la simple razón de que son sumamente honestos, tanto que al otorgarse las tarjetas de combustible creyeron innecesario disponer cómo se controlaría regularmente su uso y cómo se penalizaría el incumplimiento de los fines previstos en la resolución antedicha.
Lo ocurrido en Lambaré es una muestra más de la avidez de la “clase política”, que de hecho convierte en sobresueldos recursos públicos supuestamente previstos para servir a la comunidad. A diferencia de los viáticos, no se rinden cuentas del uso del carburante costeado por los contribuyentes, de modo que la discrecionalidad del poseedor de la tarjeta es amplísima en la práctica: puede usarla como le dé la real gana, sin que se inmuten el Ministerio Público ni la Contraloría General de la República. El caso de Lambaré al parecer salió a la luz solo debido a que el actual intendente y la edil ya están en campaña con vistas a las próximas elecciones municipales. ¡Menos mal!