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No resulta raro que parturientas y otros enfermos del Alto Paraguay sean traídos a la capital desde estos lugares distantes de Asunción, o llevados a Concepción o Pedro Juan Caballero recurriéndose a vía aérea, fluvial o a ambulancias por caminos poco menos que intransitables, ante la precariedad sanitaria de esa lejana región del país. Pero no tan lejos, en nuestra misma capital, familiares de pacientes internados en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Ambientales (Ineram) denuncian falta de medicamentos para terapia intensiva.
Este mes se ha venido promocionando profusamente el Octubre Rosa, que se dedica a la lucha contra el cáncer de mama. Pero ocurre que en los sanatorios y hospitales públicos del país solo existen 24 mamógrafos operativos: en los departamentos de Amambay, Concepción, Boquerón y Alto Paraguay no hay ninguno, pese a que la Constitución dice que “nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes”. Se trata de una burla cruel, sobre todo para pacientes de bajos ingresos que viven tanto en zonas rurales como urbanas del interior del país, convertidos de hecho en ciudadanos de segunda clase, privados del acceso a la salud pública.
Los sufridos asegurados del IPS acaban de saber, por boca del gerente de Salud Gustavo González, que la entidad “nunca podrá cubrir” el 100% del listado básico de remedios, pues “lo que hoy entra, mañana ya desaparece”. Por eso, los asegurados deben costear numerosos medicamentos, como es el caso de la familia de un paciente que debió comprar 31 dosis de antibióticos a 400.000 guaraníes cada una, pues no figuraban en el vademécum de la entidad.
La precariedad en los hospitales suele ser tan grande, al punto que la secretaria general de uno de los sindicatos de salud, Marina Ayala, dijo que sus colegas del sanatorio sanlorenzano Ingavi suelen llevar en brazos a los pacientes por falta de sillas de ruedas y que no tienen guantes, jeringas ni monitores que funcionen para tomar la presión.
Si allí faltan equipamientos básicos, en el Hospital Nacional de Itauguá abundaban hasta el mes pasado ratas y cucarachas, entre otras sabandijas, en tanto que el atestado Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso carecía hace unos días de espacio para recibir a un paciente de Vallemí, que viajó 600 km para consultar a un urólogo, porque en su lejano lugar de residencia no hay médicos y en Concepción no se obtienen citas: “Es difícil manejar la situación”, dijo el director del nosocomio, Carlos Cañete.
Pues bien, esta es una partecita del drama diario que sufren los compatriotas que acuden a los hospitales públicos del país, mientras nuestros “honorables” legisladores quieren volver a gozar –pues ya lo hacían, pero luego les fue anulado– del costoso seguro médico privado a costa de los contribuyentes, como si sus ingresos mensuales de 32 millones de guaraníes, a los que pueden sumarse los de sus respectivas labores profesionales (que no les está prohibido ejercer), fueran insuficientes para pagar con sus propios ingresos como el “común” de los paraguayos.
Pero hay más. Mientras los “comunes” del Alto Paraguay y de otros lugares a veces deben hacer “vaquitas” para pagar el combustible de las ambulancias para trasladar a sus pacientes a los hospitales, nuestros “honorables” legisladores quieren volver a recibir también los cinco millones de guaraníes que sumaban a sus ingresos para combustibles, privilegio que, en buena hora, fuera también eliminado. Pues bien, el seguro vip y los combustibles que quieren volver a agregar a sus ingresos le costarán al erario –a Juan Pueblo– un monto anual de unos 10.000 millones de guaraníes. Con parte de ese dinero, que podría solucionar algunas de las necesidades de salud mencionadas, también se podría haber reparado el puente de madera que cruza un río en el departamento de Caaguazú que ayer se desmoronó y ocasionó la muerte de un camionero.
Pero nada de esto importa a una mayoría de senadores y diputados sentados en sus cómodas poltronas en el Palacio Legislativo, y a quienes en vez del título de “honorables” les vendría mejor el calificativo de “caraduras” o “desfachatados” legisladores.