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El 17 de octubre pasado, en la inauguración de la 80ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la ciudad de Córdoba, Argentina, el presidente Santiago Peña suscribió la Declaración de Chapultepec, reiterando a boca llena el respaldo de su gobierno a la libertad de prensa, al tiempo de dejar en claro que no se responsabilizaba por las “acciones de otros”, refiriéndose a ataques contra periodistas por parte de sectores del cartismo.
Asimismo, felicitó a la SIP por su lucha a favor de la libertad de expresión e incluso homenajeó al periodismo en el exilio. Criticó la intolerancia y el autoritarismo como factores que buscan acallar voces críticas y disidentes y se refirió con preocupación a la persecución que sufren los trabajadores de la prensa bajo el gobierno de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
La Declaración de Chapultepec es una declaración de derechos y un decálogo de principios sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa en el continente americano, aprobada ya en marzo de 1994 durante la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión, celebrada en el castillo del mismo nombre en la Ciudad de México. Es decir, la Declaración de Chapultepec, recientemente refrendada por Peña, lleva más de 30 años de vigencia y la han ido firmando jefes de Estado de los países americanos. De hecho, en su momento también la había suscrito el expresidente Nicanor Duarte Frutos.
“No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo”, expresa con acierto el primero de los diez principios de la citada Declaración. Sin embargo, el gobierno de Peña no ha hecho más que permitir el avasallamiento a este derecho que constituye nada más y nada menos que la “piedra angular de la democracia”.
En efecto, días después de refrendar este documento, Santiago Peña reaccionó de manera ofuscada y acusó a ABC Color de impulsar una campaña de mentiras, apuntando con el dedo al periodista de nuestro diario y hablando en tono prepotente, en medio del acto de inauguración del nuevo pabellón oncológico del Hospital Regional de Villa Hayes. Este exabrupto se produjo al ser interrogado acerca de un posible conflicto de intereses que tiene al ser accionista de ueno Holding y la colocación de dinero de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).
Pero claramente este no ha sido el primer acto de amedrentamiento a la prensa en el gobierno de Peña. Recordemos que tras los interminables casos de nepotismo y contrataciones irregulares en el Congreso Nacional que favorecen a hijos, yernos, nueras y otros parientes de parlamentarios, los trabajadores de la prensa han sido hostigados, amenazados y perseguidos, iniciándose una campaña de desprestigio tanto a los periodistas como a los medios de comunicación a los cuales pertenecen, todo ello, por evidenciar casos de presunta corrupción que involucra al oficialismo, al cual pertenece Peña.
Recordemos también que en la reciente conferencia de prensa convocada por el senador “oenegero” Gustavo Leite, en ocasión de intentar rendir cuentas sobre la ONG Cenáculo del Paraguay, perteneciente a su esposa y que había recibido fondos de Itaipú Binacional y de Tabacalera del Este, empresa sancionada por el Gobierno de Estados Unidos, el impresentable senador Dionisio Amarilla (exPLRA, cartista) había impedido el ingreso a aquellos trabajadores de la prensa que no estaban acreditados para las coberturas en el Congreso, ignorando por completo que la acreditación es un mecanismo de ágil acceso, no una barrera de ingreso o permanencia en un espacio público, menos aún con la naturaleza propia del recinto parlamentario que alberga a los “representantes del pueblo paraguayo”. Este acto de censura indirecta no hace más que alejar al Paraguay de los principios enlistados en la Declaración de Chapultepec.
Otro hecho tristemente relevante en contra de la libertad de expresión fue el intento de reglamentación realizado por el diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) para el ingreso y circulación de periodistas en el Congreso Nacional, pretendiendo limitar su labor única y exclusivamente a la sala de prensa, evitando de esta forma la inmediatez en la obtención de la información y, por sobre todo, que casos de planillerismo, por ejemplo, puedan ser descubiertos tras el ingreso de los periodistas a las oficinas públicas de los funcionarios conocidos como “nepobabies”.
Por último, y lo más paradógico de todo, es que en estos momentos Peña tiene en sus manos el proyecto de ley que busca perseguir y amedrentar a la sociedad civil bajo el falaz eslogan de la transparencia. Esta ley sancionada en el Congreso y remitida al ejecutivo para su veto o promulgación ha sido duramente criticada tanto por la Relatoría para la libertad de Asociación de Naciones Unidas como por la Relatoría para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano. Es decir, no vetar esta ley constituiría una grave violación a la libertad de expresión que Peña declara proteger. Veremos finalmente si “Chapultepec” es solo un discurso político, conveniente mientras la prensa no moleste, o si verdaderamente el presidente tiene la valentía de demostrar con sus actos lo que expresa en sus discursos: garantizar la libertad de expresión.