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Tal como se veía venir, el Gobierno de Santiago Peña aparentemente se ha dejado sobornar por Brasil que, una vez más, como lo ha hecho históricamente, ha conseguido contentar a las autoridades paraguayas con un poco de plata dulce a cambio de prolongar el inicuo statu quo en Itaipú, en directo detrimento del Paraguay. Los hechos hablan por sí mismos, pero, si alguna duda cabía, las últimas declaraciones del ministro de Industria y Comercio y consejero de la entidad, Javier Giménez, alimentan los peores temores.
Los hechos son que el Gobierno, en vez de concentrarse en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú para restituir los legítimos derechos nacionales, lo único que hizo fue buscar desesperadamente una diferencia tarifaria con el fin de contar con un monto para “gastos sociales” y usarlo a discreción. Brasil le siguió hábilmente el juego, primero fingiendo intransigencia y hasta molestia, y luego cediendo un poco para llegar a un punto medio en la tarifa durante un plazo de tres años, como “gran concesión” de su parte.
Con ello la administración Peña se aseguró esos pírricos fondos hasta el final de su mandato y se quedó convenientemente conforme. En contrapartida, Brasil alcanzó varios objetivos simultáneos, tanto prácticos como estratégicos, el principal de los cuales es postergar indefinidamente la renegociación de los términos que le han permitido apropiarse de la energía paraguaya a precio vil durante cuarenta años, desde que la primera turbina empezó a producir en 1984 hasta nuestros días.
Por imperio del Anexo C –o de la sesgada interpretación que se le ha dado–, Paraguay está obligado a cederle a Brasil la totalidad de sus excedentes en Itaipú por una “compensación” totalmente arbitraria, sin conexión con el valor de mercado de esa energía. Brasil retira la parte no consumida por Paraguay y la revende a operadores privados en su mercado desmonopolizado, captando las rentas que le tendrían que corresponder a nuestro país. Cada día que pasa es pérdida para el Paraguay y lesión de su soberanía, pero ya ha transcurrido más de un año desde que se venció el plazo de revisión y todo sigue exactamente igual.
Cuando se le preguntó al respecto al ministro y consejero Javier Giménez, quien es tenido como uno de los representantes activos del Gobierno en las tratativas con Brasil, admitió que las negociaciones “aún no comenzaron” y añadió vaga y ambiguamente que se trabaja en “estudios técnicos” y que “hay conversaciones o comentarios que escuchamos del lado brasileño, pero nada muy en detalle”.
Curiosamente, a la par de reconocer que no ha habido una sola reunión formal sobre el tema, dijo que el plan es “cerrar las negociaciones antes de fin de año”, tal como se consignó marginalmente en el acuerdo tarifario del 7 de mayo. Es decir, no ha habido ningún avance, pero supuestamente se concretará la ansiada y compleja renegociación del Tratado de Itaipú en dos meses y medio. Obviamente, eso es impensable y suponemos que el ministro lo sabe perfectamente, lo que denota que no son esas las verdaderas intenciones.
Igualmente preocupante es lo que el ministro dijo después, cuando afirmó que uno de los puntos clave del proceso y “un tema central de las discusiones” es, una vez más, la tarifa de Itaipú. De ser así, significaría que de nuevo se está queriendo perseguir alguna pequeña ventajita secundaria a cambio de desviar la atención de lo principal.
Señaló que “existe una tendencia a converger en una tarifa basada en costos”, pero que “hay necesidad de incorporar (a la tarifa) los costos de futuras inversiones”. En cuanto a lo primero, no es “una tendencia”, sino lo que contempla el Tratado y lo que se firmó en el acuerdo del 7 de mayo, donde taxativamente se establece que solo va a haber diferencia tarifaria hasta 2027 y luego se acaba. En cuanto a lo segundo, todos los costos de Itaipú, incluyendo desde luego sus inversiones, tienen que estar incluidos en la tarifa, para eso no se necesita reformar el Tratado, ni el Anexo C, ni hacer ninguna negociación.
La tramposa justificación esgrimida en su momento para cercenar el derecho de Paraguay de obtener el pleno fruto del aprovechamiento de su parte del potencial energético del río Paraná fue que el país no tenía capacidad financiera para la construcción de Itaipú. En febrero de 2023 se terminó de cancelar la exorbitante deuda, en gran medida espuria, y el 13 de agosto siguiente se cumplieron 50 años de vigencia del Anexo C y del Tratado, plazo establecido para su modificación. Se terminaron las excusas, pero nada ha cambiado. El objetivo de Brasil es mantener la situación actual el mayor tiempo posible y todos los indicios apuntan a que el Gobierno se seguirá prestando para ello.