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El 7 de agosto, el Congreso creó una transitoria Comisión Conjunta de Investigación sobre “hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos” (CCI), integrada por los senadores Dionisio Amarilla (ex-PLRA, cartista), Colym Soroka (ANR, independiente) y Gustavo Leite (ANR, cartista), y por los diputados Rodrigo Gamarra (ANR, cartista), Héctor Figueredo (ANR, cartista) y Jatar Fernández (tránsfuga de Cruzada Nacional, hoy cartista). El senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) dijo que la CCI responde a “la preocupación ciudadana por las incesantes denuncias de delitos trasnacionales, organizaciones delictivas con ropaje legal que pudieran estar lavando activos de dudosa procedencia y hechos probables de corrupción”.
Por lo confesado repetidamente por algunos referentes del cartismo, buscan amedrentar a este diario y desalentar las actividades de algunas organizaciones sin fines de lucro que, por razones políticas, no cuentan con la simpatía gubernamental. El apelativo de “garrote” le está bien puesto, atendiendo también a que está presidida por Dionisio Amarilla, quien ya fue privado de su investidura senatorial en el anterior periodo legislativo por uso indebido de influencias. Este mismo averiado personaje expulsado de su Cámara fue quien tuvo el descaro de argumentar la repudiable exclusión de su banca de la senadora Kattya González (PEN). En esa misma comisión también está Jatar “Oso” Fernández, denunciado por haber ocupado supuestamente dos inmuebles ajenos, uno en Ayolas y otro en Villeta, y de recurrir a entidades –como la ANDE– para conseguir beneficios aparentemente indebidos y de ocultar actividades tributarias ante la DNIT. Pues bien, el destino de muchos paraguayos está en manos de estos modernos “garroteros”, que con los efectos de sus acciones no tienen nada que envidiar a los que en la dictadura stronista encabezaba el “moderador” de la Chacarita, el tristemente célebre Ramón Aquino, hoy fallecido.
La CCI es muy diligente pues ya ha reclamado informes a 34 organizaciones. El realizado a un estudio jurídico, Colab Abogados EAS (Empresa por Acciones Simplificadas), alude nada menos que a fondos proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del sistema financiero bancario, al decir del bufete, en el marco precisamente de un proyecto ya concluido para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción. En su contundente respuesta, los voceros del estudio jurídico de referencia, Jorge Ignacio Gross Brown Abreu y Mauricio Salgueiro, se negaron a doblegarse ante un “pedido inconstitucional”, al que describieron como extraño, ofensivo por su falta de sustanciación y por irritar los cimientos republicanos del Estado de derecho pidiendo información de carácter privado a una empresa privada.
Los abogados de la firma destinataria de la breve nota de la CCI sostienen que ella atenta contra el Estado de derecho, la democracia y las garantías constitucionales, al pedir información privada a una empresa de igual índole, “inspirándose en el mismo Torquemada”. Comprensiblemente, no pueden imaginarse cómo un proyecto financiado por el Gobierno de los Estados Unidos puede ser relacionado con el objeto de la CCI. Agregan que los legisladores fueron electos para actuar dentro de la legalidad, por lo que consideran que “el ciudadano no tiene por qué someterse a sus caprichos” y ellos deben abstenerse de usurpar funciones o de abusar del poder, delito sancionado por el Código Penal. El estudio jurídico invoca, como es de prever, el secreto profesional, por lo que solo está dispuesto a rendir cuentas a la USAID. Los abogados se reservaron el derecho de promover una acción de inconstitucionalidad; también se reservaron el de denunciar penalmente a los miembros de la CCI por instigar a revelar un secreto privado y por atentar contra el orden constitucional.
Por de pronto, lo más probable es que el grave asunto sea resuelto por la judicatura. Es mucho lo que aquí está en juego, pues bajo el pretexto de combatir hechos punibles, se pretende atacar la libertad de prensa y coartar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales que molestan al poder de turno. Más allá de lo jurídico y de la necesaria defensa del Estado de derecho, insistimos en que el Congreso carece de autoridad moral para examinar la conducta de nadie, debido a la notoria inconducta de muchos de sus miembros. En todo caso, una CCI debería empezar por investigar en el propio Palacio Legislativo.
Quizá no pudo ser expresado de una forma más clara lo sentenciado por los abogados que se niegan a arrodillarse ante la “comisión garrote”: “La ignorancia mezclada con poder es la fórmula perfecta para dinamitar las instituciones republicanas sobre las cuales está fundada nuestra democracia. Si le agregamos a esta fórmula astucia, prepotencia, populismo y teorías de conspiración, entonces estamos comenzando el camino sinuoso hacia una autocracia”. Lamentablemente, por ese camino vamos.