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En verdad, no resulta agradable para los asuncenos, que se esfuerzan todos los días y pagan sus impuestos, tener autoridades de tan mala fama, sobre todo por haberse supuestamente apropiado del dinero de todos. El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez no es el primero en ser señalado como participante en actividades dudosas, pero, si se confirman los cuestionamientos actuales, va camino a ganar de lejos el trofeo de haber encabezado lo que un legislador ya denominó la mayor malversación en la historia del Paraguay
Por de pronto, el juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación formulada contra él y otras veintiún personas, entre funcionarios municipales y proveedores, en la causa abierta por lesión de confianza y asociación criminal, a raíz de las “groseras sobrefacturaciones” de compras de bienes diversos hechas desde 2020, con motivo de la pandemia. Tuvieron que pasar cuatro años para que el Ministerio Público constate que se había formado una “estructura delictiva” para atentar contra el patrimonio municipal. Ahora se espera que no se demore tanto para concluir lo referente a lo que parece ser un escandaloso desvío de 500.000 millones de guaraníes, obtenidos mediante la emisión de bonos a partir de 2020. Por de pronto, al parecer no fueron empleados en las obras de infraestructura previstas, según lo reveló este diario el último 7 de mayo y lo comprobó en julio la Contraloría General de la República (CGR).
El desvergonzado intendente aún no ha tenido a bien explicar adónde fue a parar esa descomunal suma. Se entiende así que los asuncenos nucleados en una Red de Indignación Ciudadana hayan empezado a movilizarse, exigiendo que se responda la pregunta “¿Dónde está la plata?” y que la Municipalidad sea intervenida por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, debido a la causal constitucional de “grave irregularidad en la ejecución presupuestaria o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la CGR”. El hoy imputado por dos hechos punibles en el ejercicio del cargo que deshonra, a los que se agregarían otros, tiene el descaro de presentarse como víctima de una persecución política y periodística.
En esta tenebrosa historia, la única víctima es la población privada de obras y de servicios públicos, por culpa de un intendente impresentable que cuenta con la complicidad y el encubrimiento de dieciocho ediles, colorados y liberales, también responsables penal y civilmente por los daños causados. El contubernio no respondería solo a coincidencias político-partidarias, sino presumiblemente también a beneficios compartidos que pueden derivar del desvío de fondos públicos: el hecho de que la gran mayoría de la Junta Municipal aprueba a ciegas los balances generales es una señal elocuente de un servilismo interesado. Su presidente, César “Ceres” Escobar (ANR, cartista), cree por fin ahora en la necesidad de la intervención, pero la medida no tendría el apoyo de la mayoría absoluta del pleno, aunque sea evidente la seria irregularidad en la ejecución del Presupuesto y hasta la existencia de graves indicios de delitos que habrían sido perpetrados por el intendente. Ayer el órgano colegiado municipal resolvió no tratar el tema, demostrando una vez más su connivencia con el sospechoso.
Independientemente de la imputación fiscal, resulta imperioso que la ciudadanía persista en su empeño de que se rindan minuciosas cuentas acerca del destino de los 500.000 millones de guaraníes y de que la Municipalidad sea intervenida cuanto antes. Es preciso que, ejerciendo su derecho a manifestarse dentro de lo que permite la ley, ella reclame, de manera firme y sostenida, que el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados den celeridad a sus respectivas actuaciones para poner fin a tanta indecencia, más aún atendiendo que el principal responsable del descalabro municipal no tendrá la dignidad de renunciar, según anunció. Ya resulta intolerable obligar a los habitantes de la capital a soportar la afrenta de estar representados por autoridades de tan mala calaña.