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La Industria Nacional del Cemento (INC), dirigida hoy por Gerardo Guerrero Agusti, gastará casi 8.000 millones de guaraníes en la reparación del molino N° 1 de su planta de Villeta, que dejó de operar en junio tras haber sido el más eficiente. Para peor, el N° 2, comprado de la firma Engineering, tendría problemas técnicos que impiden un funcionamiento continuo, según trabajadores de la deficitaria empresa estatal, a la que en 2014 el Gobierno de Horacio Cartes “prestó” 80 millones de dólares provenientes de emisión de bonos, que hasta hoy no han sido recuperados, pese a que la amortización debía empezar en 2020 para concluir treinta años más tarde. En 2019, la Contraloría General de la República (CGR) constató que la INC no había logrado aumentar su producción de cemento a partir del clínker importado, razón por la que el Ministerio Público inició una pesquisa de resultados ignorados. Tampoco se saben los de la investigación abierta en 2022, tras una nueva auditoría de la CGR sobre el montaje del ventilador de un horno, que habría causado un daño patrimonial de unos 2.173 millones de guaraníes.
Por si todo fuera poco, este barril sin fondo, tan nocivo para el erario como Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones SA (Copaco), perdió el último año la friolera de 77.000 millones de guaraníes, pues había abonado más de lo debido por el combustible destinado a la planta de Vallemí (entre otros costos adicionales). Una firma privada no pagaría en exceso por la materia prima adquirida, porque los costos de producción más altos resultantes afectarían su capacidad competitiva y los damnificados serían ciertas personas con nombres y apellidos. En cambio, en una empresa estatal, que llega al colmo de ser deficitaria pese a gozar casi de un monopolio, el presidente puede desviar fondos o derrocharlos sin dañar su patrimonio personal. Si conserva el respaldo político adecuado, motivo por el cual asumió el cargo, no debe temer ser destituido ni mucho menos ir a la cárcel: los platos rotos corren a cargo de los contribuyentes.
Una empresa privada que actuara como la INC ya habría llamado hace años a un concurso de acreedores, pese a que el auge de la construcción en los últimos años hizo que aumente en gran medida la demanda de cemento. De hecho, la cantinela de que ella y las otras dos empresas estatales citadas pertenecerían a todos los paraguayos es un insulto al sentido común: sus verdaderos dueños son los gobernantes de turno, que las emplean para alimentar a sus respectivas clientelas y de paso a sus amiguetes del sector privado, mediante licitaciones públicas amañadas.
Importa subrayar que la experiencia enseña que el Estado paraguayo es un pésimo “empresario”, porque para reducir costos y maximizar ganancias es preciso ser idóneo, diligente y cauto con las inversiones. Para bien de los consumidores, el mercado competitivo es implacable con quienes, careciendo de esas cualidades, se distinguen más bien por la ineficacia, la indolencia y la insensatez, propias del sector público. Las cuantiosas sumas que cada año pierden la INC, Petropar y la Copaco pueden y deben tener destinos mucho mejores para el interés general. Como pasa el tiempo y nada se sabe de algún plan para reestructurar esos fallidos emprendimientos, no habría que esperar la alternativa de desprenderse de ellos de una vez por todas: son una intolerable carga para un país que tiene graves carencias en materia de salud, de educación y de infraestructuras.
La cementera es una demostración más de que el Estado paraguayo, incapaz de cumplir cabalmente con su misión esencial de proteger la vida, la libertad y los bienes de las personas, tampoco sirve para producir cemento, lo que resulta comprensible. El serio problema radica en que su ineptitud en un área que no es inherente a su función cuesta muchísimo dinero a los contribuyentes. Es de lo más improbable que la consultoría de dos años sobre “gestión de proyectos”, que la INC contrataría por 976.800.000 guaraníes, según el precio referencial de una licitación cuyo único oferente fue el experto colombiano Alexander González Pinzón, el mismo que asesoró en el fiasco de los 80 millones de dólares, haga que bajen los costos y aumenten tanto la producción como los ingresos; el penoso historial indica que, en el mejor de los casos, solo implicaría un gran derroche.
Ya es hora de acabar con esta sanguijuela que chupa la sangre de los contribuyentes.