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Se presentó una lista de municipalidades que les descuentan a sus funcionarios sus aportes jubilatorios, pero no los transfieren a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, lo que mínimamente constituye apropiación y malversación. El monto acumulado ya asciende a 130.000 millones de guaraníes, sin contar intereses. También se conoció un alarmante informe del Ministerio de Economía y Finanzas que da cuenta de que el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, conocido como Caja Fiscal, en siete meses superó el déficit de todo 2023. Ambos casos son parte de un grave problema estructural y una muestra de lo que se le viene encima al país si no se toman urgentes medidas. La encargada de llevar adelante un proceso de saneamiento y reforma debería ser la Superintendencia de Pensiones creada por la Ley 7235, pero hace casi un año que la misma se promulgó y todavía no se ha implementado.
En Paraguay funcionan una docena de instituciones que reciben contribuciones para retiros laborales, incluido el Instituto de Previsión Social, y todas tienen o han tenido serias deficiencias administrativas, cuando no directamente groseros desfalcos; todas están en crisis, o lo estarán muy pronto según los cálculos actuariales, amén de que en conjunto no llegan ni al 25% de la población económicamente activa, un nivel de cobertura que está entre los más bajos de América Latina, apenas por encima de Jamaica, Honduras y Nicaragua.
Esta es una tremenda deuda cuasifiscal que pesa sobre toda la ciudadanía. Hoy el promedio de edad de la fuerza laboral es de 39 años y está “envejeciendo” rápidamente. En un par de décadas habrá literalmente millones de personas que ya no estarán en edad de trabajar y se quedarán sin ingresos, lo que aumentará enormemente las presiones sobre el Estado, como de hecho ya está ocurriendo con los cada vez más costosos programas de asistencia a adultos mayores. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que Paraguay se enfrenta a una “explosión de la deuda pública” en los próximos treinta años por este motivo. Y si encima las cajas que ya existen entran en bancarrota, el panorama es totalmente dramático.
La Caja Municipal siempre ha sido un antro de corrupción, mala administración y debilidad institucional, pero el escenario que se mostró en el último informe es desolador. Actualmente tiene 2.360 jubilados, para lo cual necesita recaudar 10.000 millones de guaraníes mensuales, pero solo alcanza a la mitad de ese monto, por lo que debe fraccionar el pago de los haberes, y eso sin considerar a los nuevos pensionados que se van incorporando.
Hay municipalidades que no transfieren los aportes desde 2012 y no pasa nada. Algunas han sido demandadas, pero tranquilamente se amparan en la inembargabilidad de sus bienes. La que más debe es Ciudad del Este, con 27.468 millones de guaraníes, seguida por Mariano Roque Alonso, con 13.574 millones, y entre las que deben más de 7.000 millones aparecen Concepción, Lambaré y Fernando de la Mora. Para colmo, el anterior presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, Bernabé Peralta, está denunciado por un daño patrimonial de 6.594 millones de guaraníes y el actual, Venancio Díaz, y su consejo de administración también son investigados por cobro indebido de honorarios.
En cuanto a la Caja Fiscal, a julio el déficit alcanzaba 1 billón 252.754 millones de guaraníes, frente a 1 billón 139.992 millones de todo 2023. A este ritmo el agujero este año rondará los 300 millones de dólares, un avance negativo de 1.700% desde que los números comenzaron a estar en rojo hace tan solo nueve años, lo que da una idea del crecimiento exponencial de esta bola de nieve. El único segmento que todavía arroja superávit, aunque cada vez más reducido, es el de los empleados públicos en general, que en la práctica contribuyen a solventar las jubilaciones de privilegio del magisterio, los policías y militares, los docentes universitarios y los magistrados judiciales, cuyos haberes los tiene que pagar todo el resto de la población.
Y ni hablar del IPS, que es la mayor caja existente, con 1.500.000 afiliados y alrededor de 100.000 jubilados, cuyo Fondo de Jubilaciones y Pensiones pierde 15.000 millones de guaraníes mensuales y desde 2020 que está consumiendo sus reservas técnicas, más de veinte años antes de lo previsto.
El Gobierno ha tenido éxito en sus medidas económicas de corto plazo, ayudado por un favorable ciclo de crecimiento que en algún momento se va a revertir. Se ha controlado la inflación, han aumentado las recaudaciones y, si bien a costa de un fuerte recorte de las inversiones públicas, se está cumpliendo el cronograma de reducción del déficit fiscal, todo ello coronado con el reconocimiento de la calificadora Moody’s, que ha otorgado al país el primer grado de inversión. Pero nada de eso es sostenible si no se realizan reformas que mejoren los servicios públicos, reduzcan la corrupción y aseguren la viabilidad fiscal en el tiempo, entre las cuales la reforma previsional ocupa un primerísimo lugar. Los datos que se acaban de divulgar reconfirman que es absolutamente impostergable que se conforme el órgano supervisor y que se tome de una vez por todas el toro por las astas.