Cargando...
El primer aniversario de una gestión gubernativa es ocasión propicia para esbozar un balance provisorio, considerando las expectativas generadas en la campaña electoral triunfante. En el caso actual, el atractivo eslogan “Vamos a estar mejor” puede servir como punto de partida para juzgar si, en efecto, ya se han apreciado algunos cambios favorables al bienestar de la población.
Como suele ocurrir cada cinco años, las condiciones de vida de los allegados al nuevo equipo gobernante han experimentado un sensible avance gracias al Presupuesto y, quizá, a los ingresos adicionales derivados del enchufe. Lo novedoso hoy es que los beneficiarios no son tanto los seguidores del nuevo jefe de Estado, que en realidad al parecer no los tiene muchos, sino los del presidente de la ANR, que lo empleó entre 2018 y 2023. Es tan notorio quién ejerce el poder detrás del trono, que el senador Silvio Ovelar (ANR, cartista) lo llamó hace unos días “presidente de la República”, cometiendo un comprensible lapsus.
La aberrante circunstancia de que se confundan los intereses del país con los de cierta firma tabacalera, cuyos productos son “exportados” en presunta violación del Código Aduanero, fue al parecer lo que hizo que la Cámara Baja rechace un aumento del impuesto selectivo al consumo del tabaco en pro del Instituto Nacional del Cáncer, y que se genere una cuasicrisis diplomática con los Estados Unidos, lo que podría conducir a que el cartismo se vuelva tan “antiimperialista” como el chavismo, con el que sorpresivamente el Paraguay reanudó relaciones diplomáticas apenas esta administración asumió el poder. No debe descartarse, empero, que el Gobierno se asuste de su propio coraje y que dé un paso atrás.
Por de pronto, el cartismo está avanzando sobre las instituciones, sometiéndolas a su control: el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Congreso ya están en sus manos, en este último caso con un probable estímulo monetario –como lo reconocieron algunos legisladores– que le hizo ganar aliados con cuya ayuda logró expulsar a una senadora que molestaba. De la impudicia reinante en sede parlamentaria dan cuenta, por ejemplo, tanto el ingreso de la parentela (los “nepobabies” y otros) a costa de los contribuyentes, como también el intercambio planteado por el senador Basilio Núñez (ANR, cartista): apoyaría que la Municipalidad de Asunción sea intervenida por el presunto desvío de 500.000 millones de guaraníes solo si se hiciera lo mismo con la de Ciudad del Este. Es decir, una de las partes podría seguir delinquiendo si no se concede la contrapartida deseada, una posición muy alejada de la legalidad.
Hace un par de meses, este mismo legislador llegó a admitir que “el país de alguna forma sigue en manos de la narcopolítica; es lo que heredamos y es lo que tenemos que combatir”. Tiene razón, tanto que uno de sus leales colegas cartistas –Erico Galeano– está acusado de haber lavado dinero del narcotráfico y que el Ministerio Público Federal del Brasil responsabiliza al diputado Eulalio Gomes (ANR, cartista), cuya fortuna ascendería a 134 millones de dólares, de la fuga de un narcotraficante brasileño, ocurrida en diciembre de 2023, según un medio digital del país vecino.
La mafia también se ha enquistado incluso en el órgano encargado de la seguridad interna, cada vez más deteriorada por los crímenes violentos casi diarios. Pero sigue incumplida la necesaria tarea de sanear a fondo la Policía Nacional e incluso la Secretaría Nacional Antidrogas.
El funcionariado continúa creciendo, debido al prebendarismo tradicional. En el último semestre del año pasado, se agregaron 8.500 “servidores públicos”, o sea, el doble de los que lograron trabajar en el sector privado no agropecuario. La superpoblación de la burocracia no la hace más eficiente en cuanto a inversiones físicas; lo es solo a la hora de pagar sueldos, bonificaciones y aguinaldos para la clientela patrocinada por los actores políticos, labor que hoy absorbe alrededor del 51% de los ingresos tributarios incrementados, en tanto que el grado de ejecución de los proyectos resulta muy inferior. La carga impositiva sigue siendo baja, pero la deuda pública –dolarizada en gran parte– ya llega a casi el 40% del producto interno bruto, mientras que el déficit fiscal del 4,1% supera con creces el límite legal, aunque las recaudaciones hayan aumentado en 720 millones de dólares con el advenimiento de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). En este contexto, es bueno que una calificadora de riesgos haya elevado la que corresponda al Paraguay, que así logró por primera vez el “grado de inversión”, pero el éxito no es atribuible solo al Gobierno Peña-Cartes o viceversa, sino también a los antecesores.
Es cierto que hay males heredados: ya existían incluso entre 2013 y 2018, bajo el Gobierno del nuevo único líder del coloradismo eterno, pero también lo es que el actual ha hecho poco o nada para al menos aliviarlos; incluso los ha empeorado en algunos campos, como el autoritarismo en ciernes, que junto con la corrupción, la inseguridad y la incompetencia hacen que los paraguayos no estén “mejor”, salvo los nuevos mandamases y sus allegados. Culpar de los problemas a los antecesores es una excusa infantil; los gobernantes son elegidos para que intenten solucionarlos.