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El 5 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) dio inicio al programa “Hambre Cero”. Según cifras oficiales, hasta julio del año venidero alimentará a diario a unos 450.000 estudiantes de 2.627 centros educativos distribuidos en 90 municipios, mediante una inversión de casi cuatro billones de guaraníes (528 millones de dólares). El 8 de agosto, el titular de esa cartera, Tadeo Rojas, confesó que los trabajos se iniciaron con base en los datos del Registro Único del Estudiante de 2023, porque el de este año tuvo “falencias de actualización”. Es más, informó que su colega de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, le dijo que se encontraron “escuelas en las que figuran 80 alumnos y hay 30″, y que “ocurre esto porque los docentes y directores cuidan para que no pierdan sus rubros, para que no se cierren escuelas por falta de alumnos”.
Si fuera cierta, esta escandalosa revelación implicaría que está en marcha un malgasto de grandes proporciones, lo que plantearía la pregunta de adónde irán a parar los productos entregados no consumidos, o quién o quiénes se estarían beneficiando con lo presupuestado de más. Porque, entre programar sobre 80 alumnos y dar alimento solo a 30, hay una gran diferencia. Esto haría presumir, además, que desde 1995, año en que se promulgó la ley sobre el programa de complemento nutricional escolar, se ha venido operando con datos engañosos aportados con la complicidad o el encubrimiento de directores departamentales y de supervisores regionales del MEC. El ministro Tadeo Rojas ve el lado bueno del asunto tan mal concebido: permitiría detectar lo que él llama “debilidad”, mientras el Código Penal denomina una práctica similar como producción inmediata o uso de documentos públicos de contenido falso. Evidentemente, ni a él ni al ministro Luis Ramírez se les ocurrió efectuar al menos un control aleatorio y consultar con el Instituto Nacional de Estadística.
La afirmación referida es de suma gravedad y afecta no solo al erario, sino también a la calidad moral del cuerpo docente: abultar cifras para conservar el famoso “rubro” supone la comisión de un hecho punible y aceptarlas a ciegas, una negligencia culposa. Puede pensarse así que una corruptela similar se cometa en numerosas entidades públicas, sin excluir que también sirva para el enriquecimiento ilícito liso y llano, mediante contrataciones infladas para comprar bienes innecesarios o la asignación de pensiones a adultos mayores nada insolventes o ya fallecidos.
Pese a sus deficiencias, el censo nacional de 2022 sirvió para constatar que la población era mucho menor que la estimada, circunstancia esta que, cabe imaginar, no se atendería a la hora de prever ingresos y gastos. En el mejor de los casos, el aparato estatal funciona sin conocer la realidad como es debido; en el peor, distorsionándola con fines inconfesables, como los de malversar y mantener enchufada a la clientela. Según el titular del MDS, “hay cosas que no se pueden ocultar”. Es de presumir así que el programa “Hambre Cero” fue lanzado con fines propagandísticos, a sabiendas de que no se funda en informaciones veraces.
De esta manera, el Presupuesto irreal del programa en cuestión revela que los burócratas no conocen bien su campo de operaciones, pues actúan con datos desfasados. De los legisladores que lo aprueban, mejor ni hablar. A unos y a otros, las circunstancias les tienen sin cuidado, como si el tesoro público fuera inagotable y el dinero cayera del cielo. Si se quiere cambiar la realidad, hay que empezar por conocerla. No es mucho pedir.