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Todo indica que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituirá la próxima semana al agente fiscal Luis Said por su “inacción y falta de imputación” ante una denuncia por fraude en perjuicio del erario, hecha en 2018 y ampliada en 2019 por Ramón Retamozo, quien en aquel entonces presidía la Administración Nacional de Navegación de Puertos. Este abogado, licenciado en Lengua Guaraní y “experto en tecnología automotriz con 33 especializaciones”, integra hoy la Cámara de Senadores, a la que entre febrero y junio de 2023 representó en el órgano que dictará el fallo anunciado. Una semana antes de abandonar la representación, votó a favor de que se inicie una pesquisa preliminar sobre la supuesta inactividad del mencionado agente fiscal.
Al denunciante senador cartista –antes abdista– le faltó el decoro de excusarse de entender en el caso, alegando que no habría sido víctima ni parte, en tanto que la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay se limitó a confiar en que la decisión del JEM se base en la obviedad del “respeto a las normas legales y constitucionales”. Por cierto, la vicepresidenta de la citada entidad, Belinda Bobadilla, quien hoy entiende en la causa, dijo que en la compleja investigación iniciada por su colega enjuiciado se enviaron oficios a 398 empresas, con respecto a tres mil facturas y nueve mil despachos aduaneros. Por lo que se ve, el expediente no estuvo tan inactivo.
Además de que el afectado no fue notificado de la audiencia oral y pública de ayer para presentar alegatos, de que el proceso superó la duración máxima legal y de que el Ministerio Público no tiene un plazo cierto para imputar, se ha exteriorizado en la opinión pública la sensación de que la arbitrariedad a ser cometida respondería a una miserable “vendetta” política. Resulta que el agente fiscal Said incurrió en el grave “atrevimiento” de lograr que el exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio “Ñoño” Núñez, hermano del hoy influyente senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), sea condenado en diciembre de 2023 a once años de prisión por lesión de confianza y administración en provecho propio, habiendo causado a la Gobernación un daño patrimonial de 42.500 millones de guaraníes. En abril, la sentencia fue confirmada en segunda instancia.
Resultaría ignominioso valerse de un órgano creado por la Constitución para castigar a quien se atreva a perseguir a un delincuente que goce del favor de un mandamás. El JEM, invadido por el cartismo al igual que el Congreso y el Consejo de la Magistratura, entre otras instituciones, se pondría al servicio del mismo obsceno rencor del que fue víctima la exsenadora Kattya González, contribuyendo así a la instalación de una “dictablanda” en vías de convertirse en una dictadura con disfraz constitucional. He aquí el grave asunto de fondo que inquieta a gran parte de la ciudadanía, considerando también la ilegítima pretensión reeleccionista frustrada en 2017 gracias a su oportuna reacción y al costo de la vida del joven Rodrigo Quintana. Se avasallan instituciones aparentemente a golpe de dinero, corrompiendo conciencias a diestra y siniestra.
Siendo así, no sorprende que en el JEM continúe “el sistema perverso” de investigar de oficio, según Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia, quien dijo también que “es un garrote constante”, y que “nadie puede ser juez y parte”. En realidad, sus actuaciones no son de oficio, sino al parecer teledirigidas desde la calle 25 de Mayo, tanto quizá como las omisiones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios a la hora de combatir la salida ilícita de toneladas de cigarrillos paraguayos.
Bajo el estronismo se hablaba de los “garroteros de la Chacarita”; hoy el JEM se asemeja a aquellos garroteros, pero que persigue a quienes no están al servicio de un poder en las sombras.