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Fue muy comentada la inscripción de 5.500 postulantes para 1.300 vacancias en la ronda organizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en la Expo 2024. Aunque todavía no se conocen los resultados concretos, la convocatoria fue previsiblemente amplia y la viceministra Verónica López se mostró exultante por el rotundo éxito de la iniciativa. Sin embargo, el presidente Santiago Peña prometió en su campaña crear 500.000 nuevos puestos de trabajo durante su período de gobierno y, si en la mayor feria anual de empleos del país la oferta fue de 1.300, a este ritmo le tomará 385 años alcanzar su objetivo.
De hecho, en lo que lleva de mandato, la población ocupada no solo no se ha incrementado, sino que se ha reducido en 30.000 personas con los datos hasta el primer trimestre. Es cierto que, si se compara con el primer trimestre de 2023, este año hay unas 76.000 personas ocupadas más que el año pasado, cifra considerable, aunque aún insuficiente. Pero ello se debe al ciclo de crecimiento económico que atraviesa el país, a la alta estacionalidad del mercado laboral paraguayo, caracterizado por una vasta informalidad y, en todo caso, es un mérito totalmente atribuible al Gobierno anterior.
Irónicamente, según se lee en el portal oficial, bajo esta administración, encabezada por la ministra Mónica Recalde, Paraguay fue “escogido a nivel mundial” por Naciones Unidas como país pionero del programa “Acelerador Global del Empleo y la Protección Social para Transiciones Justas”. Es curioso porque, en más de diez años de existencia, el MTESS no ha conseguido mejorar sustancialmente ni un solo indicador del mercado de trabajo, donde el 62% sigue desempeñándose en el sector informal, sin considerar el empleo rural, donde la informalidad es incluso mayor. Y ni hablar de la “protección social”, cuando apenas el 20% de los trabajadores del país está afiliado a algún sistema jubilatorio y de seguridad social, ya incluido el sector público, un nivel de cobertura que está entre los más bajos del mundo.
El MTESS no ha impulsado una sola reforma estructural capaz de revertir las tendencias negativas y los círculos viciosos relacionados con el empleo, y hasta el momento esta gestión tampoco ha dado señales en tal sentido. Desde que se promulgó el “nuevo” Código del Trabajo en 1993, con sus modificaciones en 1995, nunca más ningún Gobierno ha siquiera presentado una propuesta para hacerle cambios profundos, como si no hubiese pasado nada en los últimos 30 años, lapso en el cual se produjo, solo por mencionar algunos hitos, la irrupción de internet, de la telefonía celular, del trabajo a distancia, de las empresas digitales y, últimamente, de la inteligencia artificial.
Lo más que se hizo en todo este tiempo fue introducir una ley de protección a la maternidad y una de “trabajo parcial” totalmente innecesaria, porque ello ya estaba previsto en la legislación vigente. En cambio, por ejemplo, nadie quiso asumir el costo político de modificar las reglas de estabilidad laboral, que pudieron haber estado inspiradas en la mejor de las intenciones, pero que en la práctica todos sabemos que perjudican tanto a los trabajadores, que pierden sus empleos a una edad en la que ya se les hace difícil reinsertarse, como a los empleadores que, para ahorrarse problemas y ante las malas experiencias en la Justicia, prefieren perder lo invertido en la capacitación de su personal.
Por otro lado, a las empresas pequeñas y muy pequeñas, que son la enorme mayoría en Paraguay, les resulta muy caro y complicado formalizarse, y no ven los beneficios que les prometen por hacerlo. Al contrario, como no se combaten la ilegalidad ni el mercado negro, de hecho quedan en posición desventajosa frente a sus competidores.
Finalmente, en un plano más amplio, pero no por ello menos importante, la pésima calidad de la educación pública hace que muchísimos jóvenes salgan del sistema educativo ni siquiera como mano de obra calificable, no digamos ya calificada, que sería mucho pedir. Junto con la débil seguridad jurídica, este es el principal escollo para las inversiones generadoras de puestos laborales en el país.
Haciendo de agencia de empleos el Gobierno no va a solucionar el problema. Ello no es malo en sí mismo, todo suma, ojalá sea provechoso para esos trabajadores y esas empresas, pero es apenas una gota en el océano y no es esa la función del Ministerio de Trabajo ni algo de lo que se tenga que jactar una viceministra. El MTESS debería estar poniendo todo su énfasis y sus máximas prioridades en identificar los cuellos de botella del mercado laboral y en promover valientes, modernas e inteligentes reformas que permitan removerlos y realmente facilitar, y hasta viabilizar, la creación masiva de empleos decentes, estimular la productividad del trabajo, potenciar el desarrollo nacional y el bienestar a largo plazo de la población.