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Dado lo resuelto el miércoles por la mayoría de los concejales asuncenos contra la ley, la moral y el buen sentido, cabe volver a recordar el art. 276 de la Ley Orgánica Municipal (LOM): “Los miembros de la Junta serán personalmente responsables con sus bienes, conforme a las leyes civiles y penales, por los perjuicios ocasionados a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por actos y operaciones, cuya realización autoricen en contravención a las disposiciones legales vigentes, salvo aquellos que hubieren hecho constar su voto en disidencia en el acta de la respectiva sesión o los ausentes con permiso previo. El intendente y los demás funcionarios municipales están sujetos a la responsabilidad civil y penal por incumplimiento de las disposiciones de esta Ley en el desempeño de sus funciones” (las negritas son nuestras).
Es aberrante que, tras el sonoro escándalo de los 500.000 millones de guaraníes cuyo destino aún se ignora, que indujo al Ministerio Público a investigar al vergonzoso intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y allanar el Palacete Municipal, once ediles colorados y tres liberales hayan consentido ahora préstamos bancarios por un valor total de 279.000 millones de guaraníes, ofertados por los bancos Basa, Continental y GNB Paraguay. Los empréstitos servirán para abonar salarios y otros gastos corrientes, mediante el financiamiento de un “déficit temporal de caja” que, en verdad, es permanente. Los préstamos fueron aprobados a ciegas, tanto que ni siquiera se tuvieron a la vista los respectivos contratos.
Como se dijo en el dictamen en minoría de la Comisión de Hacienda, el nuevo “bicicleteo” hará que la deuda acumulada en los dos últimos ejercicios llegue a 539.000 millones de guaraníes, superando en mucho el tope del 30% de los ingresos tributarios, fijado en la ordenanza municipal sobre el Presupuesto. Conste que el art. 196 de la LOM dice que los límites de los préstamos a corto plazo para cubrir déficits temporales de caja dependen de la capacidad de pago y de las previsiones presupuestarias, “las cuales no podrán ser superadas en ningún caso”. Además, el plazo de pago no debe superar el Presupuesto del ejercicio correspondiente, lo que sí ocurrirá en este caso.
De hecho, la Municipalidad ya está en bancarrota, sin que a Nenecho ni a la mayoría de los ediles se les ocurra algo más que seguir endeudándola, como si esta práctica viciosa pudiera prolongarse por tiempo indefinido. El colorado Javier Pintos cree que aún cuenta con numerosas fuentes de financiamiento, como la deuda impaga del Estado; es evidente que su cancelación solo supondría un salvavidas pasajero, pues tarde o temprano el clientelismo seguirá generando descalabros financieros. No existe ningún plan para el saneamiento institucional, que exigiría, entre otras cosas, reducir notablemente el plantel de casi 9.000 funcionarios, contratados y jornaleros, de los cuales unos 1.400 prestan supuestos servicios en la Junta Municipal: he aquí una cuestión que bien explica la persistencia del absurdo “bicicleteo” bicolor, que obliga a cometer ilicitudes diversas para seguir tirando el sucio carro.
Desde ya, se impone que la Municipalidad sea intervenida por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara Baja, debido a la “grave irregularidad en la ejecución de su Presupuesto o en la administración de sus bienes”, constatada recientemente por la Contraloría General de la República. La insostenible situación financiera requiere una limpieza general que las actuales autoridades no pueden ni quieren llevar a cabo, porque se benefician de ella con impudicia, mediante el prebendarismo puro y duro. La decisión de aprobar un endeudamiento más para mantener a la clientela debe ser la gota que ha desbordado el vaso de la paciencia. Junto al intendente, se debe tener también en la mira de la Justicia a los concejales que autorizaron el nuevo irresponsable endeudamiento en perjuicio de los asuncenos contribuyentes.