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En una nota dirigida al diputado Raúl Latorre (ANR, cartista), presidente de la Cámara Baja, 1.350 ediles colorados, liberales e “independientes” habrían tenido la desfachatez de solicitar que los comicios generales y municipales se realicen simultáneamente en 2028, esto es, que sus actuales mandatos y los de los intendentes sean prorrogados por dos años. Vale la pena, en el literal sentido de la expresión, aludir a sus falacias que no ocultan la ruin pretensión de seguir ejerciendo el poder político local en provecho propio y en el de los intendentes.
Aducen primero que “las elecciones seguidas entorpecen las labores administrativas públicas, porque distraen ese tiempo en sus funciones”, dificultando el desarrollo de programas gubernativos, incluyendo los nacionales. Si es así, podrían proponer una reforma constitucional que extienda a diez o a quince años el mandato de los parlamentarios, de los concejales departamentales, de los gobernadores y de quien ejerce el Poder Ejecutivo, pues también ellos podrían distraerse cada lustro intentando ganar el voto popular para sí mismos o para sus compañeros de ideales, por así llamarlos. Es notorio que los comicios generales no tendrían por qué trabar el desempeño municipal ni el del Gobierno nacional, salvo que se empleen los recursos humanos y financieros públicos en favor de ciertas candidaturas, ajenas a las respectivas administraciones.
Quienes desean extender sus de hecho rentables mandatos alegan también el “desgaste económico” que las elecciones causarían a los candidatos, lo que también podría evitarse duplicando o triplicando la duración de los periodos electorales a nivel local, según puede concluirse a partir de la desfachatada pretensión de los ediles. Las votaciones frecuentes provocarían “la falta de buena gobernabilidad de los intendentes, que por ende impide un buen trabajo en el periodo que hoy nos toca estar”. Por culpa del calendario electoral 2026-2028, los ediles solo tendrían “un año y medio nuevamente para trabajar por la comunidad y eso genera una congestión de los trabajos por causas políticas y el que más sufre es la ciudadanía (sic)”. Concordamos en esta última parte. En la mayoría de las localidades la ciudadanía sufre por la falta de obras y servicios, mientras los munícipes mejoran su situación económica.
La paupérrima gestión de la gran mayoría de los intendentes, como la del asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), no es atribuible a los llamados a las urnas más o menos asiduos, sino muchas veces a la corrupción y a la ineptitud de los mismos, normalmente compartidas con los concejales; son estas lacras las responsables del sufrimiento ciudadano, invocado cínicamente por unos ediles entre los que figuran algunos denunciados por ciertos delitos. El pedido concluye con que las elecciones conjuntas supondrían ahorrar un “enorme gasto”, como si no conllevara costo alguno el latrocinio perpetrado a menudo con el visto bueno de las Juntas Municipales.
Recurriendo a burdos pretextos, los peticionantes quieren seguir gozando de las mieles del poder. La manifiesta inmoralidad de tal pretensión, que implica alterar la norma en cuya virtud fueron electos en 2021, viola el espíritu de la Constitución, según la cual solo los Gobiernos departamentales surgen de unos comicios coincidentes con los generales. No dice lo mismo sobre los que originan los Gobiernos municipales.
Es bueno saber, por boca del nuevo presidente del Congreso y del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), que este sector no va a apoyar la descabellada iniciativa. Sería indignante que el Congreso y el Poder Ejecutivo satisfagan un evidente afán de aferrarse al cargo para continuar beneficiándose no solo con el cobro de las dietas. Muchos de ellos ni siquiera presentan sus informes de gestión. ¡Vergonzoso!