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El repudio ciudadano frustró el proyecto de ampliar el Palacio Legislativo a un costo de más de 5.000 millones de guaraníes, lanzado a fines del año anterior para dar cabida a la multitud de funcionarios y contratados que haraganean a costa de los contribuyentes. Empero, no pudo impedir que se compraran 221 nuevos sillones para los legisladores, a un precio unitario de casi seis millones de guaraníes, ni que ahora los congresistas se hayan salido con la suya al reestrenar un lujoso quincho-comedor, reformado a iniciativa de su presidente, Silvio Ovelar (ANR, cartista): se gastaron en él unos 700 millones de guaraníes, suma que se agrega a la de 140 millones empleados ya para inaugurarlo en 2012.
El hecho de que se haya invertido un total de 840 millones de guaraníes para montar y reequipar un recinto propio de un hotel turístico es una nueva muestra del grosero derroche que caracteriza al aparato estatal, junto con la corrupción desaforada. Sin el menor sentido de la austeridad, los legisladores dilapidan el dinero público al abultar el personal, pagar salarios desmedidos, adquirir costosos equipos y contratar seguros médicos onerosos. En este último concepto, la Cámara de Diputados gastará este año y el próximo un total de 15.289 millones de guaraníes para que sus miembros, sus familiares y sus funcionarios estén bien cuidados.
Los parlamentarios deben asignar los fondos que aportan sus representados y velar por su empleo adecuado para que cuenten con buenos servicios públicos, pero los traicionan al priorizar sus comodidades y el bienestar de sus allegados. Podrán faltar remedios en los hospitales y pupitres en las aulas, pero estas agudas carencias les importan mucho menos: cobran cada mes más de 32 millones de guaraníes, así que no se ven forzados a recurrir a la sanidad ni a la educación públicas, de cuyas precariedades no tienen una experiencia personal (de hecho, el citado senador “Trato apu’a” Ovelar reveló que su hijo fue a un colegio “top”). El constante malgasto es tan dañino para el erario como el latrocinio, pues supone distraer fondos requeridos para financiar gastos indispensables. Ofende la sensibilidad ciudadana observar a los opulentos legisladores divertirse en plena sede legislativa en costosas dependencias prescindibles ante tantas necesidades de la gente. Es evidente que hace tiempo perdieron noción de la realidad que vive una gran parte de la población, pues ellos habitan en una burbuja dorada donde no se sienten necesidades.
El despilfarro está a la orden del día. Con la imprescindible complicidad de los parlamentarios, el Presupuesto vigente ignora en gran medida la Ley N° 6622/20, que dispone “medidas de racionalización de las compras y contrataciones superfluas”. Así, se efectúan operaciones irracionales desde el punto de vista socioeconómico, pero “racionales” desde el de la politiquería, porque nada cuesta derrochar el dinero ajeno. La Contraloría General de la República puede objetar la ejecución irregular de gastos superfluos, pero no así que estén incluidos en el Presupuesto, por decisión de los parlamentarios.
Solo resta que la población, que los sigue votando en cada elección, despierte y reaccione con manifestaciones públicas, dentro de la ley, para demostrarles su repudio en cada ocasión que se les presente, sin dejarse engañar más por los cantos de sirena con que llegan prometiendo el oro y el moro en los comicios, para después, ya instalados en sus curules, convertirse en verdugos de sus representados.