Cargando...
Un helicóptero de las Fuerzas Armadas de la Nación fue atacado por narcos en el departamento de Canindeyú, con el saldo de la máquina dañada y de dos militares heridos. Los detalles del ataque son harto conocidos por lo que no es necesario repetirlos aquí. Este incidente tuvo también otras víctimas que merecen especial atención: El principio de la autoridad del Estado y el del monopolio de la fuerza, que el pueblo paraguayo delegó inequívocamente en el Estado.
Parece conveniente recordar, pues hay gente que trabaja en que se olvide, por qué el Contrato Social, la Constitución del Paraguay, establece estos dos principios fundamentales.
El pueblo se constituye en comunidad para preservar su defensa común, para lo cual crea unas Fuerzas Armadas que representan la autoridad de la comunidad, el poder del Estado. Y les otorga para ejercerlo sin cortapisas el monopolio del uso legítimo de la fuerza.
Si dichos principios no existieran, las comunidades humanas, los pueblos, quedarían a merced de quienes lograran constituirse en los más fuertes y se verían sometidos a dictados que no surgirían de su voluntad libre; serían pueblos y comunidades subyugados por potentados particulares y sus derechos y libertades se convertirían, en el mejor de los casos, en meras dádivas a discreción de esos poderosos.
En Canindeyú hay un grupo narco, el encabezado por el sujeto que se hace llamar Macho, que supuestamente disputa con asombrosa impunidad el poder del Estado y el monopolio de la fuerza y que, con creciente arrogancia, impone sus reglas a la población.
El listado de hechos protagonizados por “Macho” y sus cómplices y encubridores es lo suficientemente largo como para que se pueda afirmar sin temor a equívocos que el departamento de Canindeyú no está protegido por la soberanía nacional, sino que está, lamentablemente, convirtiéndose en un territorio de los narcos.
El ataque al helicóptero de las Fuerzas Armadas con ametralladora antiaérea confirma que los narcos tienen decidido llevar el desafío a los principios señalados más arriba hasta las últimas consecuencias y que han resuelto asumir la plenitud del poder.
Por esa razón esta agresión no solamente no debe quedar impune, sino que requiere una respuesta de contundencia tal que nadie vuelva a discutir en Canindeyú ni en ninguna otra parte del territorio paraguayo la autoridad del Estado y su monopolio de la fuerza.
Si no se actúa en esos términos, el resultado será una consolidación del poder de los narcos en esa zona y su expansión a otros lugares del territorio nacional.
Tristemente, todos los últimos gobiernos han fracaso en actuar del modo en que la situación lo requiere y este ataque pone sobre el actual Gobierno la obligación de rectificar ese rumbo que nos lleva a la destrucción de nuestra República.
Los ejemplos de Ecuador, Haití y México son elocuentes muestras de comunidades convertidas en feudos controlados por narcos, sin derechos, sin libertades, sin decencia, sin normalidad.
No tiene demasiado tiempo el Gobierno para generar esa respuesta contundente, pues cada hora que pasa es una hora que consolida el poder de los narcos, cuya fuerza está a la vista: nosotros mandamos y el que se nos opone no tendrá auxilio de nadie, de modo que todos deben someterse.
Los agoreros de la debilidad y de la rendición ya están alegando ahora mismo una supuesta falta de preparación, una supuesta falta de recursos y una supuesta falta de equipamientos para justificar la inacción y la consolidación del poder de los narcos. Nada de esto es cierto: La defensa de los principios de autoridad del Estado y del monopolio de la fuerza no requieren tanto de preparación, recursos o equipos como de la voluntad política de imponerse, aún a costa de los sacrificios que haya que pagar.