Cargando...
El Consejo Nacional de Salarios Mínimos ha recomendado al Poder Ejecutivo una suba del 4,4% en la asignación básica a trabajadores del sector privado conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde el último ajuste de julio de 2023, lo cual equivale a un incremento en el mínimo mensual de 117.936 guaraníes. Tiene razón el sindicalista Adolfo Villalba, del Frente Sindical y Social, al señalar que ello no compensa la pérdida del poder adquisitivo por el automático impacto en los precios, y que el IPC no es representativo de la canasta de consumo de los trabajadores. Pero justamente por eso mismo no tiene caso insistir en un salario mínimo irreal y sí en la lucha frontal contra la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo.
El ajuste del salario mínimo no solamente no compensa, sino que termina perjudicando a los propios trabajadores formales, y mucho más a los informales y a los cuentapropistas, que son la inmensa mayoría en Paraguay. Ello es así por un conjunto de factores.
Uno es que, tal como lo puntualiza Villalba, el IPC general, que es el que se toma de referencia, es un promedio ponderado de una larga lista de ítems que, en gran medida, no forman parte de la estructura de gastos de una familia trabajadora típica, mucho menos de una que se sostiene con el salario mínimo. El IPC general es un indicador muy útil para medir el comportamiento de la inflación total como fenómeno macroeconómico y para realizar las proyecciones y correcciones en el programa monetario, pero no para evaluar el efecto de la suba de precios en el salario real de los trabajadores.
Para ilustrarlo mejor, después de la disparada por causa del desborde monetario durante la pandemia, en términos macroeconómicos el Banco Central consiguió controlar la inflación general y mantenerla dentro de límites relativamente bajos. Hasta mayo fue del 4,4% en doce meses y en lo que va de 2024, del 3,2%. Ese es el promedio ponderado general, pero si se toma, por ejemplo, el rubro “bienes alimenticios”, que absorbe gran parte de los ingresos de los trabajadores, sobre todo de los menos pudientes, la suba de precios interanual fue de 9,9%, prácticamente de dos dígitos. Esto implica un fuerte impacto en la economía de la mayoría. Para tener una idea, cada 7% de inflación anual equivale a la pérdida de un aguinaldo completo de un trabajador.
Sin embargo, la solución no es aumentar 30% el salario mínimo, como sostiene Villalba, porque eso sería aun más contraproducente. En primer lugar, sería devastador e insostenible para las empresas, sobre todo para las medianas y pequeñas, que son las que predominan ampliamente, que irremediablemente tendrían que proceder a reducir su personal o a transar salarios en negro muy por debajo del monto oficial. En segundo lugar, la escalada de precios sería dramática, lo cual licuaría rápidamente cualquier mejora de corto plazo. Y en tercer lugar, el ajuste del salario mínimo solo le alcanza a una pequeña minoría, aproximadamente el 14% de los asalariados, unas 280.000 personas. Si les sumamos unos 200.000 funcionarios públicos, que también estarían alcanzados por un ajuste atado al del sector privado, en total son alrededor de 500.000. Todo el resto de la fuerza laboral ocupada, más de 2.600.000 personas, no recibiría el ajuste, pero sí sufriría las consecuencias, con lo cual su situación estaría mucho peor que antes.
Entonces, la solución pasa por sostener el valor del salario real, formal e informal, por medio de políticas públicas orientadas a reducir al mínimo la inflación, no solamente la general, sino especialmente la de la canasta básica de consumo, como alimentos, vivienda, servicios básicos, salud y transporte.
Lamentablemente, para ello no existen fórmulas mágicas. La experiencia internacional sobradamente muestra que no se consigue con medidas voluntaristas, como el control de precios (porque los precios son los verdaderos, no los que dice el Gobierno), sino con calidad del gasto público, combate al derroche y a la corrupción, promoción de las inversiones y del crecimiento económico, aumento de la competitividad y de la productividad.
Se dirá que todo eso es muy lento y difícil y que se requieren respuestas más inmediatas, pero es la realidad. Con el autoengaño nunca mejorará ni la condición de los trabajadores ni la del país.