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Una vez más, cerca de 500 indígenas, entre ellos decenas de niños e incluso ancianos, se encuentran acampados en condiciones infrahumanas frente al Instituto Paraguayo del Indígena, en la calle Artigas. Allí exponen su miseria. Los niños corretean desabrigados, descalzos, mientras las mujeres cocinan a la intemperie. Llega la noche y se guarecen bajo precarias carpas de hule y allí soportan las gélidas temperaturas, ante la total falta de respuestas de las autoridades nacionales.
Algunos vienen en busca de alimentos, otros para exigir protección ante el avance de la deforestación como el caso de la comunidad Itanaramí, de Ygatimí, departamento de Canindeyú; y también están quienes reclaman el acceso a la electricidad, al derecho a la educación y una mejor asistencia sanitaria.
El Gobierno de Santiago Peña, al igual que los anteriores, está demostrando que poco o nada le interesa esta situación. Es imposible que no vean lo que pasa en pleno centro capitalino. Mientras las autoridades se llenan la boca para proclamar que “estamos mejor”, no muestran un poco de humanidad –sin mencionar su obligación como gobernantes– ante el lacerante drama que está a la vista de todos.
En nuestro país viven cerca de 120.000 nativos distribuidos en 96 comunidades en ambas regiones. La mayoría tiene las mejores tierras, pero a falta de política indígena que los lleve a ser agricultores o productores en otros rubros, se convierten en mendigos y llegan a la capital para hacer escuchar sus reclamos, cuando que los técnicos y funcionarios deberían estar trabajando con ellos en sus comunidades.
Es inadmisible que estos compatriotas vivan en la miseria, en condiciones inhumanas, en medio de la promiscuidad y la suciedad. El Indi es así la expresión del más rotundo fracaso al no buscar solución, desde hace ya años, a este drama recurrente.
Los gobiernos de turno suelen rifar la presidencia del ente entre los correligionarios y allí radica uno de los fracasos de la política que beneficie a los nativos. En el pasado, el negocio estaba en la adquisición de las tierras, y actualmente en el asistencialismo, que consiste en comprar miles de kilos de alimentos para saciar momentáneamente el hambre, para luego repetir la operación que al parecer suele dejar dividendos para los funcionarios que manejan el negocio.
Durante este proceso democrático se ha apostado en funcionarios que han sido un fracaso y que presuntamente han caído en la corrupción. El expresidente Juan Carlos Wasmosy nombró en su oportunidad a Valentín Gamarra, quien fue a parar en la cárcel al adquirir tierras inexistentes, sin ubicación geográfica. También estuvo por el Indi el seccionalero Óscar Optaciano Villamayor –durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos–, quien ni siquiera sabía qué regiones ocupaban los nativos. Llegó a decir “los aché de la región Occidental”.
Otro escándalo para el indigenismo paraguayo ocurrió durante el gobierno liberal de Federico Franco. Este nombró como titular del ente al improvisado Rubén Quesnel. Se había presentado como exauditor del Indi y que “conocía perfectamente la realidad y el manejo del indigenismo”. El funcionario vació una cuenta donde había millones de guaraníes supuestamente para sacar a los nativos de la pobreza, tras una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quesnel también fue procesado por la venta de territorio indígena ayoreo en el Chaco, lo que nunca se le ocurrió a ningún otro titular de la institución.
En este proceso de las improvisaciones, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, apareció el exconcejal y exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Omar Pico, quien reconoció en su momento que carecía de la idoneidad para ejercer el cargo. “Yo no sé nada de este negocio”, dijo, incurriendo así en una clara violación del art. 35, inc. d), de la Ley N° 904/81, que establece que para presidir el Indi se requieren “conocimientos y experiencias en materia indigenista”.
Actualmente, está frente a la institución la exdiputada Marlene Ocampos, investigada por un supuesto faltante de G. 3.400 millones cuando se desempeñaba como gobernadora de Alto Paraguay.
En estas condiciones poco o nada se puede esperar de un ente que debe ser regido por una persona avezada en las cuestiones de incumbencia de la institución, y no por quienes asumen como resultado de apoyo en alguna elección o adhesión a algún líder influyente.
Hace dos años, ante la incapacidad del Gobierno nacional, la Arquidiócesis de Asunción formó la Pastoral Indígena Arquidiocesana (PIA) “en respuesta a la situación en la que viven decenas de familias indígenas que llegan a la capital por motivos diversos, como la expulsión de sus tierras, la falta de asistencia en sus comunidades, o bien, por problemas en el liderazgo, que acarrea el desarraigo constante de familias y comunidades indígenas hacia zonas urbanas”. Al parecer, ni esta instancia se inmuta ante la penosa situación que atraviesan los indígenas sobre Artigas.
Si en verdad se quiere paliar o solucionar esta problemática, debe comenzarse por no rifar la titularidad del Indi entre políticos amigos. Los funcionarios de esa institución deben trabajar en el campo y no andar entregando víveres o algún otro paliativo a quienes ya se han instalado en las calles y otros lugares de Asunción. Así solo se puede pensar que los nativos son utilizados para el negocio del perjudicial asistencialismo, que al parecer engorda los bolsillos de muchas personas.