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Desde 2019, bajo la Intendencia de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) –salvo un breve interinato de César Ojeda (ANR, cartista)–, la Municipalidad de Asunción arrastra pérdidas por valor de más de un billón de guaraníes (162 millones de dólares), sideral suma que aumenta cada año mediante el “bicicleteo” que supone pedir préstamos para cancelar deudas y abonar los salarios de los casi nueve mil funcionarios, contratados y jornaleros, mil de los cuales fueron incorporados en los tres primeros años de una gestión desastrosa. El hecho de que el 85% de los ingresos tributarios haya sido destinado en 2023 al pago de los “servicios personales” implica no solo que se resten fondos para las obras de infraestructura, sino también que probablemente se viole el art. 179 de la Ley Orgánica Municipal (LOM), de acuerdo al cual solo el 40% de los recursos provenientes del impuesto inmobiliario puede destinarse a gastos corrientes. A ello se agrega que el 197 prohíbe “realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”. La realidad muestra que tales disposiciones son letra muerta, pues fueron violadas impunemente y sin consecuencias para sus autores. Vale preguntar para qué están los organismos encargados de hacer cumplir las leyes.
En efecto, una mayoría de los ediles ha venido aprobando los préstamos y los balances generales de los últimos años sin advertir, la última vez, un faltante acumulado de 502.480 millones de guaraníes en las cuentas bancarias abiertas tras la emisión de bonos para inversiones de capital. Y conste que la reciente aprobación del balance lo realizaron 14 de 24 concejales una vez que ya tomó profusamente estado público el posible monstruoso faltante, cuya aclaración por parte de Nenecho se está esperando dentro del plazo de unas dos semanas más del que inicialmente le otorgó la Contraloría General de la República (CGR).
¿Qué puede pensarse así de la mayoría que se alineó al lado de Nenecho para aprobarle su balance, pese al voluminoso presunto faltante? En caso de que el intendente no pueda justificar lo que se venía presumiendo desde hace bastante tiempo, los concejales que, pese a todo, le dieron su voto corren el riesgo de convertirse en cómplices o encubridores de posibles graves delitos, cuyas víctimas serán los habitantes de Asunción.
La Junta Municipal, que cuenta con nada menos que 1.400 presupuestívoros, ha venido avalando una vergonzosa administración que atiende las necesidades de una clientela política superflua antes que las de los pobladores capitalinos y que no tuvo reparos en incurrir en corruptelas incluso al comprar insumos para combatir una pandemia.
Vale la pena recordar una y otra vez que, en 2014, el entonces senador Jorge Oviedo Matto (Unace) instó a corromperse a los candidatos de su partido a integrar la Junta Municipal en una cercana elección: “No es el sueldo ahí; ahí es barrido y limpieza, empresa encargada de recolección de basura, compra de útiles para oficina, compra de uniformes para los funcionarios (...), el que provee combustible; entre veinticuatro se reparten la torta (...) entonces a veces su sueldo es lo de menos, muchas veces dejan nomás ya (...) y eso les va a tocar a ustedes ahora”. En 2015, a su vez, el entonces concejal Yamil Esgaib afirmó que “si nos preocupamos por quién se va a quedar con el vuelto, no vamos a hacer nada”, durante una sesión en torno a la compra de una impresora al cabo de una licitación amañada. Queda claro, entonces, que los ediles pueden hacer buenos negocios, por así decirlo.
Esas palabras señeras revelan que la fuente de ingresos de un edil puede ir mucho más allá de la dieta, por lo que les tendría sin cuidado su compromiso con los habitantes de la ciudad. Tal vez tenga algo que decir al respecto Augusto Wagner (PLRA), concejal desde hace décadas, y de quien nunca se ha escuchado protesta alguna contra los presuntos sucesivos saqueos de las arcas municipales.
Vale la pena, por tanto, insistir en la responsabilidad de quienes, entre otras cosas, deben sancionar el Presupuesto y controlar su ejecución, lo que plantea la eterna cuestión de quién controla a los controladores, considerando su deplorable historial. Todo indica que, a lo largo de años, los organismos de control respectivos pocas veces se atreven a insinuar alguna investigación que afecte a políticos o administradores con buenos padrinos. Por eso, es plausible que la CGR esté interviniendo en este nauseabundo asunto que afecta a la administración de Nenecho, porque los habitantes de Asunción ya no deben sufrir la ignominia de que su dinero sea utilizado para mantener a un ejército de zánganos –más allá de quienes son necesarios y cumplen con su trabajo– y a “financiar” obras inexistentes.
Como señalamos, la culpa del pésimo desempeño municipal no la tiene solo el intendente; se trata de una responsabilidad compartida con la Junta Municipal, que debe considerarse en el fuero penal, si la CGR y el Ministerio Público confirmaran lo que fuertes indicios hacen suponer, esto es, que se habrían venido desviando fondos a mansalva, sin que importe un bledo el bien común, sino el particular de ciertos desvergonzados. En suma, los concejales no pueden hacerse los desentendidos, como si nada tuvieran que ver con el default municipal: también ellos deben dar desde ya cumplidas explicaciones.