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El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social arroja un déficit de 15.000 millones de guaraníes mensuales, según reveló Víctor Insfrán, miembro del Consejo de Administración por los trabajadores, lo que supone un agujero de más de 25 millones de dólares al año. Debido a ello, el Consejo tomó la decisión de reducir la pensión básica del 75 al 50 por ciento del salario mínimo, como era antes de la pandemia, lo que ha generado la protesta de los afectados, pero el problema es muchísimo más grave y profundo y requiere medidas inmediatas para al menos postergar un descalabro cuyas proporciones y consecuencias no se están dimensionando.
Uno de los últimos estudios actuariales realizados en IPS antes del año 2020 estimaba que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones entraría en déficit (más egresos que ingresos) en 2044 y que las reservas técnicas, es decir, todo lo ahorrado, incluyendo los depósitos monetarios a la vista y a plazo, las acciones, la deuda estatal histórica con el ente y los bienes inmobiliarios, alcanzarían para cubrir las jubilaciones, como mucho, otros treinta años más antes de terminar de agotarse, lo que proyectaba un colapso total del sistema para el año 2074. Si esto ya era preocupante y ameritaba reformas estructurales de corto, mediano y largo alcance, lo que ha ocurrido después es absolutamente dramático.
De la noche a la mañana no solamente el déficit se adelantó veinte años, sino que, a este ritmo, es muy dudoso que las reservas alcancen para otros 30 años más, con lo cual hoy la gravísima crisis que se avecina es una realidad concreta y palpable y no simplemente una posibilidad relativamente lejana. Si no se toma el toro por las astas, aquellos que están cotizando para jubilarse en 10 o 15 años, y ni hablar de los más jóvenes que están comenzando su vida laboral, se encontrarán con que ya no habrá fondos para solventar sus haberes, ni siquiera liquidando el total de las reservas. E incluso los que ya están percibiendo jubilaciones o están próximos a jubilarse se verán enfrentados a irremediables recortes, tal como en este momento vemos está aconteciendo con los que cobran por debajo del mínimo por no haber completado sus años de aportes.
Esta tremenda aceleración se precipitó precisamente durante la pandemia, cuando, ante la vista gorda de todos, empezando por su propio Consejo de Administración, se sometió al IPS a presiones inconstitucionales, no previstas en su carta orgánica, para las que no estaba financieramente preparado.
Se le obligó a pagar un subsidio de medio salario mínimo por suspensión de contratos de trabajo, lo que en la práctica les permitió a muchos empleadores reducir sus plantillas sin indemnizaciones, por lo general de manera permanente, a costa del instituto.
Este virtual seguro de desempleo sin contribución previa no estaba contemplado en ningún lado y constituyó un desvío de los fines establecidos para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. Supuestamente era un auxilio muy excepcional y temporal, pero terminó extendiéndose por más de dos años y hasta se le agregó aguinaldo. Se pretendió hacer creer que eran fondos del Estado por provenir de la emisión de bonos de las leyes de emergencia, pero esas transferencias se hicieron como parte de pago de la deuda del Tesoro con el IPS, que forma parte justamente de las reservas técnicas y de los activos del Fondo de Jubilaciones.
Adicionalmente, se suspendieron aportes patronales aun en sectores cuyas actividades no se paralizaron. Algunas empresas realizaron regularizaciones posteriores, pero la mayoría no, y, en medio del total descontrol, hubo numerosas denuncias nunca verificadas de empleadores que continuaron procediendo a los descuentos sin trasladar el dinero al instituto.
Todo esto configura una enorme malversación, pero es solo una parte del problema. Según la ley, todos los asalariados del sector privado y sus patrones deben aportar al IPS, pero hay una evasión empresarial del 90%, seis de cada diez trabajadores en relación de dependencia están fuera y, de hecho, apenas poco más del 20% de la fuerza laboral está en algún sistema contributivo de seguridad social. Como si fuera poco, más del 80% de los que aportan al IPS lo hacen por el mínimo, con el agravante de que muchos se blanquean en el trienio anterior a su retiro para aumentar el monto de su jubilación.
El IPS recauda unos 90 millones de dólares mensuales, de los cuales 48 millones van al Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Ese dinero ya no alcanza para solventar las jubilaciones de hoy, y mucho menos alcanzará para las que se vayan agregando de manera exponencialmente progresiva, por razones demográficas. Desde 2020 comenzó a comerse la cola. Con medidas tibias del Consejo no se evitará la bancarrota.