Cargando...
Supuestamente era intención de este gobierno racionalizar la organización y el funcionamiento del Estado para mejorar el uso del dinero de los contribuyentes y el servicio estatal a la ciudadanía. En ese orden, dos semanas antes de asumir y con su expreso consentimiento, el 31 de julio de 2023 se presentó al Congreso un proyecto de ley para permitir a las nuevas autoridades avanzar en fusiones y reestructuraciones con el fin de subsanar costosas e ineficientes superposiciones en la administración pública. La Cámara de Senadores, con amplia mayoría oficialista, acaba de otorgarle media sanción a ese proyecto, pero desnaturalizándolo completamente.
La versión original del proyecto de ley “Que regula la organización administrativa del Estado” establece un “mandato especial” para el Poder Ejecutivo de analizar en una primera fase la potencial fusión o subrogación de funciones de instituciones públicas en diez casos específicos.
El proyecto precisamente tenía la virtud de identificar de manera muy concreta los entes cuya fusión era preciso evaluar. El primer caso mencionado era el del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.
El segundo, el del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, el Instituto Forestal Nacional, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
El tercero, el del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Secretaría Nacional de la Juventud y la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
El cuarto, el del Ministerio de Desarrollo Social, el Gabinete Social de la Presidencia de la República, la Dirección de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación y Ciencias y la Dirección de Pensiones no Contributivas del Ministerio de Hacienda (hoy de Economía y Finanzas).
El quinto, el del Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Migraciones. El sexto, el del Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría Nacional de Turismo y el Instituto Paraguayo de Artesanía. El séptimo, el del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social.
El octavo, el de la Secretaría Nacional de Cultura, el Instituto Nacional Audiovisual Paraguayo, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes y la Secretaría de Políticas Lingüísticas. El noveno, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Dirección Nacional de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad. Y, finalmente, el décimo, el del Ministerio de Defensa Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional.
Basta repasar estos grupos de entes, y hasta sus mismos nombres, para darse cuenta del tremendo desorden y las generalizadas superposiciones a costilla de los contribuyentes. El proyecto apuntaba a hacer las necesarias correcciones y establecía un plazo de 120 días desde la promulgación para enviar al Congreso los proyectos de cartas orgánicas con las modificaciones institucionales correspondientes.
Sin embargo, el Senado “aprobó” el proyecto de ley, pero borró de un plumazo justamente lo que daba razón de ser. En vez de darle el mandato al Gobierno de analizar los casos mencionados y proceder a posibles fusiones, apenas le da al Ministerio de Economía la facultad de “categorizar” las instituciones que componen “el ámbito de aplicación del Poder Ejecutivo”, y de “manera gradual y progresiva”. En otras palabras, no se va a hacer absolutamente nada.
Evidentemente, pasado el entusiasmo inicial y la supuesta firmeza en la defensa del interés común, la señal que dan el Gobierno y el oficialismo es que quieren mantener la estructura prebendaria y seguir medrando con los recursos públicos. O quizás Santiago Peña no tiene el poder real para hacer los cambios que el país necesita. Si se deja desafiar públicamente por un seccionalero de Cordillera por destituir a un viceministro, cuesta imaginar que se vaya a animar a llevar adelante una reestructuración de la administración pública.
Cuando se habla de racionalización del Estado se suele mencionar el “problema social”, pero, en primer lugar, tal racionalización no es contra los buenos funcionarios, que los hay y muchos, sino todo lo contrario. Y, en segundo lugar, el 90% de la población económicamente activa no vive del Estado, pero tiene que aportar para mantenerlo. Hace más de treinta años que se le viene prometiendo a la ciudadanía una reforma que garantice el uso correcto de sus recursos. Se le ha mentido una vez más.