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Como el fallido y costoso metrobús, gestionado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el fiasco del estacionamiento tarifado y controlado, promovido por la Municipalidad de Asunción, fue la “crónica de una muerte anunciada”, en este caso de un “fracaso anunciado”. En ambos escándalos, pese a las insistentes denuncias periodísticas y de técnicos en la materia, los organismos responsables y las firmas comprometidas perdieron e hicieron perder tiempo y dinero en unos proyectos mal concebidos y peor ejecutados.
La tozudez y –muy probablemente– el afán de lucro personal de los responsables del sector público generaron notables perjuicios que deberían ser asumidos por quienes se empeñaron en llevar adelante dos proyectos inviables por razones muy notorias. Creyeron, probablemente, que, en el peor de los casos, no sufrirían ellos ninguna consecuencia personal de orden político, penal o civil, pues se sabe que los platos rotos suelen correr a cargo de los contribuyentes.
El otro elefante blanco –el del estacionamiento asunceno– acaba de recibir un golpe demoledor de la Contraloría General de la República (CGR), mediante un informe elaborado tras una fiscalización especial inmediata, que incluye cuatro observaciones, nada sorprendentes, que deben ser respondidas en breve por la Municipalidad, la que inició en febrero el proceso para la terminación del contrato, sin indemnizar al consorcio Parxin, debido a fallas técnicas constatadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).
El primer y decisivo reparo del documento señala que el Gobierno municipal “no ha tomado medidas determinantes para comprobar o desestimar las inconsistencias denunciadas sobre el movimiento de participación accionaria o subcontratación por parte del consorcio Parxin”, esto es, que su composición sufrió cambios que habrían violado el contrato de concesión, antes de ser implementado en enero de 2024. En efecto, este diario ha denunciado reiteradas veces que el consorcio violó el pliego de bases y condiciones de la licitación desde el momento en que Geolatina SA se convirtió en su socia mayoritaria con el 60% de las acciones, y de hecho en la empresa líder del consorcio Parxin. Sin embargo, todo indica que como Geolatina carecía de la experiencia exigida a la empresa líder, el consorcio sostuvo que ese carácter lo seguía detentando Onix Parque, pese a su minoría accionaria. Precisamente, la CGR menciona “las innumerables denuncias referentes a posibles modificaciones del consorcio en relación con el liderazgo del mismo”, ignoradas lisa y llanamente por la Municipalidad.
El documento señala también que ella “no advirtió que la aplicación desarrollada durante la fase previa a la implementación no se correspondía con el sistema EasyPark, originalmente ofertado por el consorcio Parxin” –como sí lo habría advertido el Mitic–, que fue débil su fiscalización y control de la información financiera del concesionario y que modificó el contrato, fuera de los casos en él previstos. La torpe actuación municipal estuvo a la baja altura del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, que no se ocupó de los tejemanejes accionarios de Parxin, de los concejales que desecharon sin más una iniciativa popular para rescindir el contrato y de la mentirosa jefatura de Gabinete, que alegó que la Corte Suprema de Justicia había ordenado a la Municipalidad ejecutar el contrato so pena de multa, omitiendo que lo dispuesto fue en un juicio en que se discutía otra cuestión, referente a si el consorcio había presentado o no una póliza de fiel cumplimiento del contrato. Es decir, se observa todo un mosaico de torpezas y mentiras, cuyo resultado está a la vista.
La negligencia, la arbitrariedad y la mala fe conjugadas, que probablemente habrán de dificultar el descargo municipal ante las claras conclusiones de la CGR, son una muestra más de que la administración pública, sea ella nacional, departamental o municipal, es una pesada carga para los contribuyentes: sus jerarcas obran impunemente contra la ley, el sentido común y el dinero público, sin mayores consecuencias, tanto que hasta pueden ser reelectos, gracias al clientelismo consuetudinario.
En el infeliz asunto del estacionamiento tarifado y controlado, el intendente y los ediles asuncenos fracasaron en toda la línea, en perjuicio de los asuncenos.