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El veterinario Carlos Giménez, desde un cargo de confianza máxima del Presidente de la República, ministro del Poder Ejecutivo, y en función oficial, realizó un discurso con ocasión de la apertura del año lectivo de las escuelas agrícolas que hace funcionar el Estado, en una de ellas.
En la alocución sostuvo: “No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual en esta escuela. No quiero ni uno (...). El que es hombre es hombre y la que es mujer, mujer, pero el que está perdido y no sabe dónde está, no está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar”. Es decir, no se permitiría en esas escuelas el ingreso o la permanencia de personas que no tuvieran una orientación heterosexual. En otras palabras, el Estado paraguayo restringiría el acceso a la educación en base a discriminación por orientación sexual.
Al día siguiente, consultado sobre el tema a tempranas horas de la mañana, se reafirmó en varios medios de comunicación sobre lo que sostuvo en su alocución inaugural, a lo que agregó cosas todavía más graves, como proponer la castración de personas de orientación homosexual.
El veterinario Giménez, integrante del Gabinete presidencial, sostuvo pues, por varias horas, en público, la odiosa discriminación que se proponía, y que los segregados deberían ser sometidos a vejámenes físicos. Desde la cúspide del Poder Ejecutivo, se anunció así una política pública.
Durante esas mismas horas, pero en España, el presidente Santiago Peña les estaba mintiendo a los empresarios y a los políticos españoles sobre que nuestro país ofrece modernidad y seguridad jurídica. No es moderno un país que dilapida su capital humano por razones de orientación sexual, y no tiene seguridad jurídica un país cuyas mayorías políticas violan las normas preestablecidas a conveniencia.
Puro marketing lo de Santi, en España, pues lo que anunció el ministro Giménez está más cerca de la realidad paraguaya.
Igual que las normas del Senado que el movimiento del presidente –la agrupación política HC– viola a placer para echar a opositores, el ministro Giménez anunció al mundo, literalmente al mundo, que la Constitución del Paraguay es tan letra muerta como la resolución 429 de la cámara alta del Congreso.
Ante el poder fáctico que respalda a Santi Peña, no rige el artículo 9 de la Constitución, que ordena que los paraguayos debamos ser protegidos en todo lo que la ley no prohíba; tampoco el artículo 25, que aclara que somos las personas, y no el Gobierno ni nadie más, las que definimos nuestra personalidad; ni el 33, que prohíbe indagar sobre asuntos privados que no afecten a terceros; no rigen los artículos 46 y 47, que prohíben la discriminación; ni los artículos 73 y 74, que garantizan el acceso a la educación.
Para cualquier observador está claro que el cartismo tiene por el Estado de derecho democrático cero estima, y que todo lo que dice sobre el mismo es mero encubrimiento destinado a ganar el tiempo que necesita para destruirlo.
La febril y apresurada “rectificación” del Presidente sobre los dichos de su ministro es tan verdadera como la “aclaración” de sus declaraciones matutinas que Giménez realizó a partir de la media mañana, en las que pretendió que su discurso fue “mal interpretado”.
Santi mintió a los medios españoles, asombrados ante un presidente con tenida de marca pero con pensamiento autoritario, diciendo que el discurso del ministro no reflejaba la posición del Gobierno.
Se sabe que mintió porque Giménez, ministro de Discriminación y Exclusión, sigue firme en el cargo, sin que todo el daño que su discurso causó a la seguridad jurídica, violando la Constitución, y a la reputación, demoliendo la imagen nacional, haya tenido ni la más mínima consecuencia para él.