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“No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual en esta escuela. No quiero ni uno (...). El que es hombre es hombre y la que es mujer, mujer, pero el que está perdido y no sabe dónde está, no está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar”. Estas son palabras literales del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, pronunciadas ante docentes y alumnos de la Escuela Agrícola de Santa Rosa del Aguaray, al iniciarse el año lectivo. Este autoritario exintendente de Choré, exgobernador de San Pedro y senador con permiso, cuyo historial dista de ser impecable, no puede seguir en el cargo ni un día más, por despreciar abiertamente las normas constitucionales sobre la libre expresión de la personalidad (art. 25), la inadmisibilidad de las “discriminaciones” (art. 46), el derecho a la educación integral y permanente, sin “contenidos educativos de carácter discriminatorio” (art. 73), el acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, “sin discriminación alguna”, la libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética (art. 74) y el fomento de la formación técnica (art. 78).
Para intentar salir del paso, la Presidencia de la República sostuvo que “las expresiones del Ministro de Agricultura sobre admisión en escuelas agrícolas de ninguna manera representan la línea de acción del Gobierno del Paraguay”. Pero, si un ministro del Poder Ejecutivo no habla en nombre del Gobierno, en un acto oficial, ¿en nombre de quién habla? Por eso, es de esperar ahora que Santiago Peña dé el siguiente paso, de excluirlo de su cargo, si el aludido no tiene el decoro de tomar la iniciativa al respecto. No parece que esto último vaya a ocurrir, pues el homófobo se ratificó en una entrevista radial, lanzando el disparate de que la discriminación prohibida por la Ley Suprema solo se refiere a la practicada contra quienes tienen un impedimento físico, y de que a una “persona pervertida” no se le puede permitir ingresar en una institución, donde hay “jóvenes y niños que se tienen que cuidar”. Tras la aclaración del Palacio de López, creyó oportuno tragarse sus palabras recurriendo con desfachatez a la falsedad habitual de quienes incurren en desatinos de grueso calibre, alegando que ellas habrían sido mal interpretadas, incluso por el propio jefe de Estado, según parece.
El insensato de marras probablemente causará menos daños desde una banca que desde un Ministerio, porque en el Senado no podrá imponer por sí solo sus prejuicios que afecten a la Ley Suprema y, por ende, a la ciudadanía, aunque la discriminación no debe tener cabida en ningún Poder del Estado. Sus deplorables dichos subrayan la obviedad de que no basta con ser colorado para ejercer la función pública como es debido, recordándose lo dicho en su oportunidad, cuando era candidato presidencial, por el hoy presidente de la República. En efecto, dijo a los empleados de Itaipú Binacional, por si no lo sabían, que estaban allí no precisamente por ser unos “guapitos” con títulos académicos, sino por su carnet partidario.
Carlos Giménez es veterinario, pero resulta evidente que esa profesión, por sí sola, no garantiza que el Ministerio que encabeza esté en buenas manos. Antes que nada, los ministros del Poder Ejecutivo deben conocer y respetar la Constitución, sin tergiversarla para justificar sus despropósitos.
La educación pública mal puede estar supeditada a las fobias y a las filias personales de un jerarca: que se las guarde estando en el ejercicio del cargo, para no violar derechos ajenos ni sabotear el desarrollo del país. No debe incumbirle la orientación sexual de nadie, porque, según la Ley Suprema, “toda persona tiene derecho a la formación de su propia identidad”, le guste o no al ministro. A propósito, sería bueno saber si Carlos Giménez llegó a averiguar la de cada uno de sus funcionarios y, en caso afirmativo, qué medidas ha tomado o tomaría. En fin, como este señor cometió el gravísimo error de ignorar la Constitución, debe alejarse o ser alejado del importante cargo que ocupa indignamente.