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En enero los contribuyentes pagaron directamente de su bolsillo 1,5 billones de guaraníes, o 215,5 millones de dólares, en salarios y remuneraciones a funcionarios de la Administración Central, de acuerdo con el Informe de Situación Financiera del Ministerio de Economía. Eso es nada menos que 33 millones de guaraníes por segundo en términos brutos. Si se toman las horas laborales efectivas, la cifra se triplica a más de 120 millones de guaraníes por segundo. Y eso no incluye a los que cobran en entes descentralizados que se financian con tarifas de usuarios de servicios, aportes a la seguridad social, impuestos municipales y otras tasas y contribuciones.
El informe hace hincapié en que el monto representa el 58% de los ingresos tributarios del primer mes del año, frente al 68% en enero del año anterior. A priori ello podría aparentar una mejoría en la tendencia, pero el dato es engañoso. En realidad hubo un fuerte aumento de los gastos en personal en 2024 y la relación solo es menor debido a un incremento considerable de las recaudaciones (es decir, del dinero aportado por la gente), especialmente por la coyuntura de mayor crecimiento económico.
El gasto en personal en 2024 ha crecido 9,4% en comparación con el del 2023, lo que implica un monto adicional de 135.000 millones de guaraníes mensuales a partir de enero de este año. El Ministerio de Economía lo justifica por los aumentos salariales en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación, y por el impacto del ajuste del salario mínimo, en especial en el segmento de militares y policías. Sin embargo, hay dos factores que relativizan esa explicación.
El primero es que el año pasado se produjeron exactamente las mismas condiciones. Hubo incrementos salariales a docentes y a personal de blanco y ajuste a fuerzas de seguridad y a otros sectores por variación del salario mínimo, pero el incremento global del gasto en personal fue de 8,1% en relación con 2022, casi 20% menos que el de este año.
El otro factor, incluso más llamativo, tiene que ver con la inflación. En 2022 la variación del Índice de Precios al Consumidor fue coincidentemente del 8,1%, por lo que el incremento de gastos salariales de la administración central fue prácticamente cero en términos reales. En cambio, la inflación de 2023 fue de 3,7%, por lo que el aumento real en el gasto en personal (9,4% menos la inflación) es de 5,7%, un porcentaje altísimo por los montos que están en juego –más de 3.100 millones de dólares en el año–, muy por encima de lo que se considera “vegetativo”, lo que indica que el nuevo Gobierno no ha hecho ningún avance efectivo de racionalización, antes bien todo lo contrario.
La composición del gasto también es muy relevante. De los 58 guaraníes que se destinan a salarios de cada 100 que aportan los contribuyentes, 24 van a personal de educación, 13 a personal de seguridad, 10 a personal de salud, 5 a personal del Poder Judicial, 4 al del Poder Ejecutivo, 1 al del Poder Legislativo y 1 a otros, según el informe.
En principio esta disposición parecería razonable, pero si se la contrasta con los resultados obtenidos y la contraprestación recibida por la ciudadanía surgen las contradicciones. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene dos tercios de todos los funcionarios de la administración central y consume el 41% del gasto público en salarios y remuneraciones, con aumentos anuales ininterrumpidos desde 2016, aun en época de pandemia con las clases suspendidas. Sin embargo, el nivel de la educación pública es calamitoso. En la última prueba PISA el 66% de los alumnos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo básico en lectura, el 85% no lo hizo en matemática y el 70% en ciencias. Es conocido por todos que el MEC está plagado de planilleros, operadores políticos, gente que recibe rubros docentes sin serlo, maestros sin capacidad para ejercer tan delicada función, pero jamás se ha hecho una depuración.
En el otro extremo, el Poder Legislativo “solo” se lleva el 2% del gasto en salarios, pero eso es muchísimo si se considera que el Congreso está compuesto por 125 legisladores, que, en teoría, deberían representar apenas el 0,03% de la burocracia estatal. Sin embargo, su titular, senador Silvio Ovelar (ANR, cartista), quería mandar construir un nuevo edificio para albergar a la cantidad de funcionarios que tienen, con el ejército de “nepobabies” y de miembros de la clientela de la clase política a costa de la ciudadanía.
Cuando se habla de achicar el Estado, invariablemente surge el argumento del “costo social”, pero se soslaya el hecho de que todos los funcionarios públicos permanentes y contratados componen alrededor del 10% de la población económicamente activa. Hay muchos funcionarios buenos, dedicados, honestos, que prestan un servicio acorde a sus remuneraciones. Pero hay demasiados parásitos y es muy injusto que tengan que ser mantenidos por el otro 90% de la gente que trabaja, que no vive del Estado, y que tiene que pagar la cuenta.