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La “Honorable” Cámara de Senadores tiene 837 funcionarios y contratados, dependientes de nada menos que 21 directores generales, 185 directores y 157 jefes, que ganan entre 11 y 35 millones de guaraníes mensuales, monto este último que supera el cobrado por un legislador. Entre otras barbaridades, la Dirección de Ceremonial y Protocolo cuenta con ¡una directora para las visitas nacionales y otra para las internacionales!, en tanto que numerosos senadores –entre ellos, también opositores– gozan de los “servicios personales” de contratados. Como la situación no sería muy distinta en la Cámara Baja, puede concluirse que los parlamentarios derrochan a manos llenas el dinero de los contribuyentes, en beneficio propio y en el de sus parientes, amigos y correligionarios.
Privatizando de hecho el Congreso, traicionan con descaro la representación popular que deben ejercer en pro del bien común, sin perjuicio de que algunos de ellos se quejen de la corrupción, de las carencias sanitarias y educativas o del drama de los “campesinos sin tierra”. Así, el Congreso se ocupa en primer lugar de sí mismo, mediante el Presupuesto nacional que sanciona ignorando la austeridad que requiere el equilibrio fiscal, así como la Ley de la Función Pública, según la cual los nombramientos presuponen un concurso público de oposición y las contrataciones la existencia de necesidades temporales de excepcional importancia para la comunidad.
Hace poco, el diputado Rubén Rubin (Hagamos) llegó a decir que “por Constitución ya nos dice que no hace falta concurso” (sic), pues, según sostuvo, su art. 200 , dispone que cada Cámara constituirá sus autoridades y designará a sus miembros. El evidente desatino muestra hasta dónde pueden llegar la ignorancia o la arbitrariedad parlamentaria en cuanto a los recursos humanos del sector estatal. Según dicha opinión, un analfabeto podría ser nombrado como “asesor” de un congresista, sin necesidad de demostrar la idoneidad para ocupar cargos públicos no electivos, referida en el art. 47 de la Ley Suprema.
En este estado de cosas se entiende que el presidente Santiago Peña se haya negado a opinar sobre los derroches en el Poder Legislativo en materia de equipamiento y de salarios para la parentela de sus ocupantes: a su criterio, se trataría de otro Poder en el que él no tiene injerencia. Y bien, el art. 3 de la Constitución dice que “el Gobierno es ejercido por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control”. Esto último significa que el Ejecutivo puede controlar al Congreso en materia presupuestaria y, por ende, vetar las asignaciones previstas para sus gastos de personal, esto es, inmiscuirse en la materia.
Aunque no tenga autarquía presupuestaria, como el Poder Judicial, el Legislativo propone y sanciona, por sí y ante sí, su propio Presupuesto, sin previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ello no impide, cabe reiterar, que el Presidente de la República lo objete. Al vetar íntegramente el Presupuesto de 2017, Horacio Cartes también vetó las partidas previstas para los funcionarios y contratados del Congreso, siendo ministro de Hacienda Santiago Peña (!). Así que, como bien tendría que saberlo el hoy jefe de Estado, no hay por qué aceptar a ciegas cuanto los legisladores sancionen en provecho de sí mismos y de sus allegados, derrochando un dinero público que podría tener mucho mejores destinos.
Por lo demás, también la Secretaría de la Función Pública (SFP) –absorbida por el MEF– debería ocuparse de las iniquidades cometidas en el Palacio Legislativo en materia de personal, pues entre sus facultades figuran la de “formular la política de recursos humanos del sector público”, la de asesorar a la Administración Central en dicha cuestión, la de sugerir criterios para las retribuciones a los funcionarios y la de pedir a todas las entidades públicas los informes que necesite para cumplir con sus fines. Las revelaciones sugieren que la SFP jamás ejerció dichas atribuciones en cuanto a la gestión de los recursos humanos del Congreso y que tampoco la Contraloría General de la República ha sido diligente en el área de su competencia, por decir lo menos. Parecería que quienes deben ejercer un control sobre los aspectos indicados tienen un terror del poder de los legisladores.
En consecuencia, estos últimos hacen lo que les da la gana, como si estuvieran más allá del bien y del mal, sin importarles la Constitución, la Ley de la Función Pública ni las referidas al nepotismo. Cínicos o hipócritas, actúan como si pudieran disponer de los fondos públicos a su antojo, empezando por su propia casa y por la de sus protegidos.
El notorio desprestigio del Poder Legislativo le resta autoridad moral para controlar al Ejecutivo y al Judicial, aunque tampoco estos sean impolutos. Santiago Peña solo tiene “palabras de agradecimiento” para el Congreso, por haber aprobado todas sus iniciativas. En cambio, la ciudadanía ultrajada por sus impudicias solo puede tener palabras de repudio para quienes la traicionan con sus inconductas individuales y colectivas.
El hartazgo de la ciudadanía con quienes, en vez de representarlos, actúan como sus verdugos, está aumentando cada día. Habrá que demostrarles, dentro de la ley, con acciones firmes y perseverantes, que sus desmanes están siendo advertidos y que la paciencia se está acabando.