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Quizá más que nunca, el Congreso, que debe generar las leyes que rijan los destinos del país, se ha convertido más bien en un antro en el que predominan la politiquería barata y las prebendas, que en vez de beneficiar a todos los habitantes, privilegian a esposas, hijos, tíos o sobrinos de legisladores y de altas autoridades, como el vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Resulta que a estos elegidos por el voto popular, en muy mala hora, no les alcanzarían los más de 32 millones de guaraníes mensuales que cobran para sostener a sus familias, sin perjuicio de cuánto los legisladores podrían ganar en el ejercicio de sus respectivas profesiones, suponiendo que las tengan. Apelan a ingresos adicionales a costa de quienes en verdad trabajan y pagan impuestos, a cambio de pésimos servicios públicos.
Los nombres que están saliendo a luz revelan que la desfachatez dotada de inmunidad llega a extremos que causarían vergüenza ajena a cualquiera que tenga cierto sentido de la decencia. Si el titular del Congreso, senador Silvio Ovelar (ANR, cartista), instaló en la Cámara Baja a un hijo –que se vio obligado a dimitir tras el repudio general–, su colega y correligionario Derlis Maidana hizo lo mismo en la Alta con una retoña, mientras que Ramón Retamozo y Carlos Núñez ubicaron a un hijo y a un hermano, respectivamente. En el Senado, la palma en nepotismo corresponde al “progresista” José Ledesma (PLRA), con tres vástagos y un hermano: su hija Luz se lleva cada mes 21.487.700 guaraníes, como “directora en técnica legislativa” (¡¡¡!!!) de la bancada A, liderada por su padre.
En la Cámara de Diputados, su presidente, Raúl Latorre (ANR, cartista), ya habría incorporado a más de cuatrocientos presupuestívoros. Los diputados liberales –afines al cartismo– Cleto Giménez y Roya Torres encajaron al órgano colegiado un hijo cada uno, mientras que sus colegas colorados Benjamín Cantero y Germán Solinger creyeron oportuno colocar a sus respectivas esposas. Su correligionario Arturo Urbieta no se olvidó de un sobrino, en tanto que Jatar Fernández, tránsfuga de Cruzada Nacional y también afín al cartismo, al parecer recordó que un tío necesitaba vivir a costa de los contribuyentes.
Sin olvidar a Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, que con su aterrizaje en el Congreso desde otra institución “va a estar mucho mejor” con el sueldazo que se le asignó. Valga también como caso ilustrativo el de la joven estudiante de Ingeniería Comercial Silvana Adorno, incorporada como “encargada de despacho” de su padre, José Domingo Adorno (ANR), el exgobernador del Alto Paraguay, procesado por lesión de confianza. Reveló que fue contratada por su progenitor para ocupar un cargo de confianza: “Si fueras diputada, ¿no le contratarías a tu hermano o algo así? Todos necesitan un empleo”. Estas palabras revelan el concepto que se forman familiares y amigos de quienes acceden a un alto cargo: estos tendrían algo así como la potestad y la obligación de enchufarles también en el Presupuesto nacional, olvidando que para acceder a la función pública existen claras leyes que cumplir.
En medio de este carnaval de nepotismo y clientelismo que infecta al Congreso, el anuncio que realizó el titular de ese Poder del Estado, el senador Silvio Ovelar, de que se ampliará la sede legislativa para que pueda caber ese ejército de recomendados, es una afrenta a la ciudadanía que no se debe tolerar de ninguna manera. Es una burla más de las muchas que los “representantes del pueblo”, salvo contadas excepciones, vienen lanzándole en la cara a la población, sin avergonzarse en absoluto de presentarse como ciudadanos “top”, con privilegios a los que no accede la gente “común”, la que “viene del fondo”. Pues bien, es hora de que los paraguayos en general despierten y se opongan con firmeza, siempre dentro de la ley, a tamaña obra proyectada por el senador “trato apu’a”.
En este marco de escandalosos nombramientos y contrataciones, a todas luces al margen de las leyes, vale la pena preguntarse cuál es el papel que está cumpliendo la Secretaría de la Función Pública (SFP), hoy dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, entre cuyas atribuciones figuran la de asesorar a la Administración Central acerca de la política de recursos humanos y la de supervisar la organización y el desempeño de los entes estatales encargados de dichos recursos. Es de suponer que esta supervisión ha de valer por lo menos para impulsar acciones que tiendan a corregir lo que está mal, pero, que se sepa, nada de esto sucede. La SFP aparece como una más de las tantas instituciones costosas e inútiles que abundan en el Presupuesto, por lo que los altos funcionarios y políticos influyentes siguen teniendo arco libre para abusar del dinero de los contribuyentes.
Las Cámaras del Congreso serán “honorables”, pero bien se sabe que una mayoría de sus integrantes no lo son, para decir lo menos. Ante tanta impudicia de los mismos, no se les debe permitir al menos que agranden y amueblen el escenario para seguir recibiendo a parientes y a la clientela política. Los 5.000 millones de guaraníes que se piensa invertir en tan descabellado propósito bien podrían servir para reparar las sedes de colegios que no son “top” y que están a punto de derrumbarse sobre las cabezas de los alumnos.