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Según el diccionario de la Real Academia Española, “puterío” tiene entre una de sus acepciones a situaciones de “desmadre o desenfreno”. Para el momento que está atravesando nuestra República, no existe una mejor definición, más acertada y fulminante que esta, solo que a diferencia del chismerío barato y soez que fue convenientemente instalado esta semana, el desenfreno y el desmadre nada tienen que ver con las intimidades sexuales de hombres y mujeres públicos sino con el infortunio que está estrujando letalmente al Paraguay.
No es poca cosa que los cotilleos licenciosos, las difamaciones lascivas y las habladurías impúdicas hayan cobrado estado público casi al mismo tiempo que el senador Rafael Filizzola advertía sobre un desvergonzado pedido de aumentos salariales para senadores y diputados, realizado por el mismísimo Poder Ejecutivo a través de su ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. La revelación del pornográfico pedido dejó en la gente una amarga sensación: no importa en qué universidades de qué países hayan estudiado los economistas que bajan líneas en el Paraguay, ya que los mismos tienen dos manuales distintos: uno para el sector público y otro para el privado. Para el público delinean el despilfarro y para el privado el ajuste de cinturones para seguir financiando a los primeros.
Si para repetir los mismos vicios, duplicar las mismas malas prácticas y agigantar los mismos agujeros de deudas públicas se aprobó la pomposa creación de un Ministerio de Economía, nos hubiéramos quedado con el otrora Ministerio de Hacienda. Allí por lo menos antes, hace mucho tiempo, hubo un ministro llamado Santiago Peña que lograba hasta revertir decisiones legislativas a favor de aumentos salariales porque se oponía al despilfarro y a los gastos sin fuente de financiamiento.
Es tan inmoral lo que ocurre que el Paraguay entero está viendo cómo el exministro de Hacienda Santiago Peña durante su gestión como ministro y tutor de las arcas del Estado opinaba y hacía una cosa, y hoy día, ya como presidente de la República, atropella –de una manera inverosímil– sus mismos anteriores argumentos.
En el 2015 el entonces ministro Peña prohibió aceptar incrementos fuera del proyecto del Ejecutivo, calificó el suyo de “triste pero sincero”. A finales del 2016 se instaló una severa crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo porque el Congreso aprobó insostenibles aumentos salariales en varias instituciones. En esa oportunidad, Santiago Peña logró que el entonces presidente, Horacio Cartes, vetara totalmente el proyecto de ley de presupuesto del 2017 que pretendía aumentos al sector público. El veto de Cartes provocó tal revuelta política que Juan Carlos “Calé” Galaverna denostó públicamente contra el entonces ministro Peña llamándolo “chusco de película de tango porteño” y hasta “Chicago boy”.
Han pasado siete años y el Santiago Peña presidente de la República piensa diametral y absolutamente distinto del Santiago Peña ministro de Hacienda.
En setiembre pasado ya propuso aumento para él mismo, el vicepresidente, sus ministros y sus viceministros con incrementos que irán de entre 3 y 8 millones de guaraníes. Un mes después, llega ahora la propuesta para subir salarios también a senadores y diputados. Lo que antes llamaba “incrementos desmedidos”, “falta de fuentes de financiamiento” y “racionalización” hoy se han convertido en inaceptables explicaciones que no resisten la más mínima lógica.
Según el actual Gobierno, aumentarán los salarios de senadores y diputados en G. 5.000.000 cada uno para “combatir la corrupción”. Es decir, SOLO el aumento equivaldría a dos salarios mínimos de cualquier trabajador paraguayo. Y cada parlamentario pasará a ganar unos 14 salarios mínimos ¡para no ser corruptos!, una falsedad radicalmente inmoral y ofensivamente pornográfica. No hace falta ser astutos para ver que aún ganando fortunas muchos siguen robando y permitiendo que otros roben a manos llenas.
Este divague con el que están argumentando los incrementos salariales es miserable, falaz y embustero con el pueblo paraguayo –en general– y es peligroso, ofensivo y una afrenta para ciertos sectores del funcionariado público –en particular– que se rompen realmente el lomo trabajando y, en cambio, reciben migajas. Y, lo peor, sugiere que aquel empleado público que gana poco incurre, necesariamente, en corrupción.
Lo que dijeron –y siguen diciendo– es una trompada al estómago de una población en la cual solo el 11% de ocupados gana sueldo mínimo y el 24% percibe incluso menos.
Señor presidente Santiago Peña, ¿con qué cara su gobierno mirará, después de esta trapisonda verbal, al personal de salud que hace 11 años no recibe un aumento generalizado? ¿Con qué piedras cubrirá su rostro para explicar, por ejemplo, al personal de salud que además de insultarlos en su modestia, y vejarlos verbalmente con la presunción de la corrupción, serán obligados a rendir un examen para ganar 32.000 guaraníes más? Si estaba decidido a esta escandalosa discriminación para entregar dinero y que unos pocos estén mejor, por lo menos hubieran escogido el camino del silencio. ¡Qué manera de burlarse de la gente, señor Presidente!