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El colosal fiasco del acueducto chaqueño, que hasta hoy ha consumido 130 millones de dólares, obligó el último viernes a que veinticinco camiones cisterna lleven 310.000 litros de agua potable a unos 200.000 pobladores afectados por la sequía, a un costo que aún se ignora. Como bien dijo el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, se trata de una solución “parche”, pues la definitiva consistirá en que algún día esa ruinosa obra, iniciada en 2012 y concluida en 2022, llegue a funcionar cuando se hayan hecho las reparaciones necesarias en los cien kilómetros de tubería “reventados” y en los centros de distribución y de toma de agua abandonados.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del viceministro de Obras, José Espinosa, reconoció ahora que son ¡¡¡203 km!!! de cañerías las que “no andan”, que se instalaron diferentes medidas de tubos y que las obras no fueron recepcionadas. Mientras no se hagan las reparaciones necesarias, el operativo “camiones cisterna” tendrá que repetirse una y otra vez, pues el fenómeno que lo ha motivado es de carácter anual. ¿Y los responsables de esta terrible estafa a los chaqueños? Bien, gracias. Gozan de buena salud y no son molestados por la Justicia.
El daño causado por la corrupción, la desidia y la ineficiencia, que desde un principio marcaron este malhadado proyecto, ha sido enorme e irá aumentando con el paso del tiempo, esto es, el erario seguirá siendo desangrado y los pequeños productores tendrán que continuar expuestos a la acuciante escasez de agua. Entre otras grandes penalidades, como la de tener que recurrir a los tajamares, una escuela de la zona de Irala Fernández, que cuenta con alumnos internos, se verá ahora forzada a concluir el año lectivo, un mes antes de lo debido. El párroco Cristóbal Acosta acierta al afirmar que aquí “hay un montón de plata enterrada”. Desde luego, otro montón no está enterrada, sino fue a parar a los bolsillos de los ejecutivos de los Consorcios Otek Argentina, Edra Saneamiento, PS y Consorcio ABH SA - Taivo SA - Constructa SA: los dos primeros proveyeron las cañerías y los dos segundos las instalaron, para mal de todo el país.
No debe excluirse, en absoluto, que también se hayan beneficiado los funcionarios del MOPC que elaboraron el pliego de bases y condiciones y los fiscales de obras que aceptaron los trabajos, así como personajes ministeriales de alto rango. Si el costo inicial del proyecto no estuvo lejos de triplicarse, al cabo de tres Gobiernos, es porque los “sobrecostos” emergentes fueron notables y reiterados; para peor, el engendro dejó de funcionar el 23 de diciembre de 2022, pero esta es la hora en que a nadie se le ha hecho asumir responsabilidad alguna, ni siquiera desde el punto de vista político: el exministro Enrique Salyn Buzarquis funge hoy de senador por el PLRA y el exministro Arnoldo Wiens fue hasta hace poco consejero de Itaipú Binacional, en tanto que la exdirectora de Proyectos Estratégicos, Claudia Centurión, encabeza el MOPC.
Esta institución está auditando el malhadado acueducto, siendo presumible que no tendrá mucho interés en descubrir, por ejemplo, los “errores” que se hubieran cometido bajo la gestión del exministro Ramón Jiménez Gaona, pues la actual ministra fue gerente general de la firma Jiménez Gaona y Lima, ligada al grupo Cartes, antes de asumir su actual cargo. Mucho más confiables serían los resultados de un examen especial de la Contraloría General de la República (CGR), que bien podrían incluir la constatación de hechos punibles, como el de lesión de confianza, a ser denunciados ante el Ministerio Público. Ya en septiembre de 2021, la CGR había reportado un suministro irregular de agua potable al centro de distribución de Loma Plata y la falta de provisión a cierta comunidad indígena, de modo que lo finalmente acaecido no debería sorprenderle: lo que ahora tendría que hacer es poner bajo la lupa todo lo relativo a este indignante asunto, en el que también intervino el Banco Interamericano de Desarrollo, como en el escandaloso caso del metrobús.
Las evidentes angustias de los habitantes del Chaco central y el probable desvío del dinero público deben acarrear consecuencias penales y civiles para los causantes. Habrá que seguir desembolsando ingentes sumas de dinero para transportar agua potable y, sobre todo, para reparar los múltiples desperfectos de una obra mal concebida y peor ejecutada; sería intolerable que los eventuales culpables no sean sancionados. Lo ocurrido no fue provocado por una imprevista catástrofe natural, sino por la acción o la omisión de quienes debían velar por el buen uso de los fondos públicos confiados a ellos. Los bandidos de guante blanco deben terminar tras las rejas, como ordenan la ley y la moral.