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La exministra de Hacienda Lea Giménez, jefa del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, informó que se está realizando “un análisis forense de cada institución”, para que la ciudadanía conozca el grado de endeudamiento que legó el anterior Gobierno. Por de pronto, ni ella misma sabría “cómo es posible que se hayan generado deudas y que no se haya tenido capacidad de cubrir”, pese a que lideró con José Alberto Alderete –nombrado asesor político del presidente Santiago Peña– el “equipo de transición” que ya activó a poco de la victoria electoral del actual primer mandatario en abril pasado. De modo que la sorpresa actual sobre el monto de la deuda no se entiende mucho. A lo sumo puede decirse que, al parecer, están abriendo el paraguas para justificar algún futuro fracaso, buscando las excusas para el efecto.
Comienzan a enumerar las deudas, entre las que mencionan que los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones y de Salud Pública y Bienestar Social deben 400 y 370 millones de dólares, respectivamente. La mayestática doctora Giménez se pregunta adónde se fue el dinero, mientras que el senador Derlis Maidana (ANR, cartista) pide que el Ministerio de Hacienda informe sobre la situación de las finanzas públicas, como si no hubiera podido enterarse de ella cuando era diputado. Este tipo de denuncias se ha producido en el inicio de todos los Gobiernos de la era democrática, al punto de que al asumir el de Nicanor Duarte Frutos se informó que la administración de Luis González Macchi había dejado las arcas del Estado en cero.
De hecho, las revelaciones distan de ser tales, pues el aumento del déficit fiscal y de las deudas interna y externa ya era bien conocido por la opinión pública. Las nuevas autoridades no han hecho ningún hallazgo asombroso, así que hacen mal en rasgarse las vestiduras. Como señalamos, esta escenificación apuntaría a disculpar de entrada las probables deficiencias de la gestión iniciada bajo tan deplorables auspicios. Desde luego, es innegable que el Estado manirroto ha venido gastando muy por encima de sus posibilidades, debido a la corrupción y al derroche rampantes, pero también que el problema es de muy larga data: valga como ejemplo que entre 2013 y 2017, bajo el Gobierno de Horacio Cartes, la deuda externa creció ¡de 2.674 millones de dólares a 5.592 millones!, según informó el propio Ministerio de Hacienda de entonces. Uno de los “clavos” que dejó ese Gobierno fue el del vergonzoso metrobús.
De modo que, más allá de los tradicionales plagueos habituales tras un cambio de Gobierno, lo que la gente hubiera deseado conocer es cómo se van a solucionar los problemas existentes, cómo se van a cubrir los “buracos” que dicen que dejó la gestión de Mario Abdo Benítez.
Resulta que el costoso e ineficiente aparato estatal es el mismo de siempre y lo seguirá siendo mientras no se tenga la consabida voluntad política de reformarlo. En vez de quejarse de la herencia recibida, las flamantes autoridades deberían comprometerse, entre otras cosas, a combatir el prebendarismo señalado por el presidente de la República, Santiago Peña, en su discurso inaugural. Según sus palabras, el Estado sería “un conglomerado de instituciones paquidérmicas que acumulan licitaciones, generan clientelismo y despachan prebendarismo”. Excelente definición. Es de imaginar que se refirió al que administraron todos los Gobiernos que le han precedido.
Y esto es tan cierto que ahora el titular de Petropar, Eddie Jara, ha explicado que la reducción de precios de combustibles que se produjo ahora lo pudo lograr, entre otras cosas, gracias al despido de más de 500 funcionarios incorporados durante el Gobierno anterior. Qué bueno sería que Lea Giménez y Alberto Alderete anuncien que se aplicará idéntica política en todas las instituciones del Estado, prescindiéndose de los planilleros que pululan en las instituciones públicas –que entraron en todos los Gobiernos–, incluyendo la desastrosa Industria Nacional del Cemento (INC), que estuvo al mando del citado Eddie Jara entre 2013 y 2016. Sobraría muchísimo dinero para gastos de capital.
De lo que se trata es de poner en marcha la reforma del aparato estatal, paralizada en el Congreso porque el funcionariado conforma un poderoso grupo de presión, integrado sobre todo por una clientela política aferrada a sus privilegios y protegida por sus padrinos. La pregunta crucial es si este Gobierno tendrá en verdad la intención de hacer algo al respecto o si preferirá dejar las cosas como están para no molestar a los “operadores” que contribuyeron a la victoria del 30 de abril.
Lea Giménez y –ni qué decir– José Alberto Alderete saben con qué bueyes están arando, así que no deberían mostrarse sorprendidos. La opinión pública sí se asombraría en el caso de que en verdad promovieran desde el Palacio de López lo que no han hecho en sus anteriores cargos, esto es, la necesaria modernización del Estado. Los males y la receta son conocidos, de modo que solo falta poner manos a la obra, salvo, claro está, que ambos crean que ello supondría un imperdonable suicidio político.