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Las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos que deben presentarse a la Contraloría General de la República (CGR), tanto al ocupar como al abandonar un cargo público, sirven para detectar un enriquecimiento ilícito, que resultaría de que el sujeto obligado haya adquirido bienes o cancelado obligaciones que superen sus legítimas posibilidades económicas. Las mismas también pueden ser manipuladas para encubrir bienes o lavados de dinero sucio. El órgano receptor está dotado de amplias facultades para constatar la veracidad de dichas manifestaciones que, como es obvio, no implican una mera formalidad, sino una obligación constitucional que tiene que ver con la honestidad en la administración de la cosa pública.
Suele ocurrir, empero, que los declarantes “olviden” mencionar predios, vehículos y hasta empresas, o que los tasen por un valor muy inferior al real, con el fin de ocultar que su patrimonio tuvo un aumento no razonable o proporcional a sus ingresos. Cuando son descubiertos, se ponen a rectificar su “error involuntario”, tal como lo hizo el expresidente de la República y hoy titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, en 2021, cuando la prensa informó que en ninguna de sus declaraciones juradas había incluido una empresa de portafolio registrada en Panamá, que compró en 2011 y manejó hasta 2018. El desaforado senador Erico Galeano (ANR, cartista) acaba de imitar a su líder, corrigiendo por segunda vez su declaración jurada de 2018: tras un examen de veracidad realizado por la Dirección de Declaraciones Juradas de la CGR, a pedido del Ministerio Público, volvieron a su memoria nada menos que cuatro cuentas bancarias, diecisiete vehículos y nueve inmuebles, antes omitidos. Pero, insólitamente, pese a su mayor número, el valor total de estos últimos bienes, que ahora suman treinta y seis, disminuyó de 55.080 millones de guaraníes a “solo” 43.668.661.421.
Esta vez, una residencia allanada en la operación A Ultranza PY, valuada en 4.200 millones de guaraníes, pasó a valer 1.882 millones, luego de que el Ministerio Público supiera que fue adquirida por unos 1.500 millones de guaraníes. Importa señalar que las dos rectificaciones fueron hechas cuando el senador de marras ya era investigado desde marzo de 2022 por presunto lavado de dinero del narcotráfico y no por enriquecimiento ilícito: así se explicaría que las sumas inicialmente declaradas hayan sido superiores a las desembolsadas, cuando lo que suele ocurrir es lo contrario si se trata de disimular el enriquecimiento ilícito. Pero resulta que, obligado por los nuevos datos aportados por los organismos respectivos, fue necesaria una rápida “reingeniería” contable para tratar de arreglar la situación.
El Código Penal, que castiga la declaración jurada falsa con hasta cinco años de cárcel, o con un año o con multa si solo fuera culposa, admite que el autor se retracte “en tiempo oportuno”, en cuyo caso la sanción puede ser atenuada. Ahora bien, la rectificación no es oportuna cuando “se haya iniciado una investigación del hecho contra él”. O sea que Erico Galeano debería ser imputado también por ese hecho punible, de acción penal pública, aunque él no sea formalmente denunciado por la CGR, cuyo “examen de veracidad”, por lo demás, ya reveló las omisiones al parecer nada involuntarias, como surge también de que la primera rectificación haya sido efectuada el mismo día en que fue allanada la vivienda alteña, no mencionada inicialmente, donde la Fiscalía halló una factura a nombre del descarado legislador: así se puede pensar que sin la operación A Ultranza PY, las rectificaciones probablemente no se hubieran dado. El caso referido sirve para evidenciar –una vez más– que las declaraciones juradas de bienes y rentas entregadas a la CGR no son tomadas en serio por quienes ejercen o ejercieron una función pública: cuentan con que su falsedad no será castigada, según les enseña la experiencia. Ya con anterioridad, el nada menos que actual presidente del Senado y del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, conocido también como “Trato apu’a”, en un rapto de sincericidio, había sostenido con todo desparpajo que las declaraciones juradas que se presentan, como en lo referente a los gastos de financiamiento político, son una “bolaterapia permanente”, que solo sirven para engañar a la ciudadanía. Así de simple.
Es plausible que las del senador Hernán Rivas (ANR, cartista), presentadas al asumir y al dejar el cargo de diputado, vayan a ser objeto de un examen de correspondencia por parte del órgano encargado de recibirlas, luego de que la Subsecretaría de Estado de Tributación haya anunciado la elaboración de su “perfil de riesgo”. Por de pronto, el actual titular del JEM ya ha despojado de tres ceros a las deudas que él mismo reportaba de su padre, su suegro y su mismísima cónyuge, Elena Escobar, exfuncionaria de la CGR. En la declaración jurada de 2018, Rivas aparecía como acreedor de su citada cónyuge, pero soporta varias demandas judiciales por cobro de guaraníes, aunque lleva un tren de vida envidiable. Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura, pidió una prórroga para justificar ciertos olvidos en sus manifestaciones patrimoniales, en tanto que el clan dirigido por Antonio Fretes, el opulento exministro de la Corte Suprema de Justicia, presentó un descargo parcial ante las observaciones de la CGR. En ambos casos, el Ministerio Público ya ha pedido, por su parte, un examen de correspondencia de las declaraciones juradas, lo que resulta saludable, dado que su falsedad, desde ya punible, puede estar ligada a otros delitos.
El senador Javier Zacarías Irún (ANR) fue absuelto del hecho punible de declaración jurada falsa, en tanto que el exdiputado Miguel Cuevas está siendo procesado por igual motivo. Habrá que ver si Erico Galeano también será acusado de haber mentido con relación a sus bienes. O tal vez sufra de “amnesia” al hacer un inventario de los mismos. Por de pronto, tomando a sus conciudadanos por idiotas, ya tuvo la desfachatez de considerarse un perseguido político, privado de garantías procesales. Probablemente, ser un caradura no es el peor de sus pecados.