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Resulta que el IPS es una de las peores entidades públicas, lo que implica decir mucho en un país tan castigado por su aparato estatal. Ninguno de los Gobiernos que se sucedieron desde 1989 ha puesto fin a su largo historial de pésimo servicio y de alta corrupción. Como los anteriores, el que está por terminar su mandato no se ha atrevido a limpiar el establo dirigido por un Consejo de Administración en el que los representantes de los sectores público y privado se confabulan de hecho contra los asegurados y los jubilados. Los escándalos se repiten, pero no se toman medidas de saneamiento para acabar con el tremendo desmanejo de costumbre.
El presidente Mario Abdo Benítez no estuvo muy acertado en los nombramientos de los titulares del ente durante su Gobierno. Uno de ellos, Armando Rodríguez, fue destituido –aunque este asegura que renunció– tras una licitación presuntamente amañada en favor de Óscar Chamorro Lafarja, un viejo amigo de la casa, para la compra de servicios de seguridad y de equipos de vigilancia. El actual, Vicente Bataglia, se ha visto sospechado en dudosas operaciones, siempre con la complicidad de los consejeros: la última habría consistido en adjudicar rápidamente un contrato de 8.197 millones de guaraníes a la firma Wels SA, presidida por Manuel Peña, hermano del presidente electo Santiago Peña, cuyo hijo Gonzalo fungiría de director suplente, aunque los afectados aclararon que se habían alejado de la empresa (no hace mucho tiempo, cabe aclarar). Como señalamos, por de pronto, hay fuertes indicios de que una licitación en curso para la prestación de un servicio de limpieza por más de 53.000 millones de guaraníes ha sido direccionada hacia la firma Cevima SA, de Claudio Escobar Brizuela, otro antiguo beneficiario del IPS.
Las contrataciones públicas orientadas hacia un determinado oferente atentan contra el principio de igualdad y libre competencia, mediante la manipulación del pliego de bases y condiciones, que no debe establecer elementos innecesarios: las especificaciones técnicas, entre otras cosas, deben ser amplias para que concurra el mayor número de oferentes y a la vez imparciales para no favorecer a uno de ellos. Vale recordarlo porque las autoridades de la desastrosa entidad previsional se han especializado en el amaño de las licitaciones –que ha obligado a suspender algunas–, naturalmente en connivencia con “empresarios” privados, que seguramente saben retribuir el gesto, sin que intervengan el Ministerio Público ni, muchas veces, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
De hecho, la administración del IPS es una verdadera calamidad, porque allí cuando no se roba, se derrocha a manos llenas, como en el caso de los combustibles que ha salido recientemente a luz. El IPS ni siquiera sabe lo que debe, dijo alguna vez el contralor general de la República Camilo Benítez, con quien el presidente del Consejo de Administración no colabora a gusto, por motivos comprensibles.
Es hora, pues, de preguntarse hasta cuándo el IPS seguirá con sus conocidas prácticas viciadas. No será fácil, sin duda, poner en orden una entidad pública tan maltratada desde hace décadas por sus diversos jerarcas. Sería deseable que el futuro Gobierno trate de hacerlo, y evitar que el ente sea la “caja chica” o agencia de empleos de los jerarcas de turno, prácticas con las que se lo ha venido esquilmándolo a través de décadas.