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Hace un par de semanas, el ministro del Interior, Federico González, se ufanó de que el Paraguay sería el segundo país latinoamericano más seguro. Poco después, el sicario Marcio Ariel Sánchez (Aguacate) murió acribillado por otros hampones en la capital del Amambay, entre otros muchos casos delictuales que se produjeron en ese momento, y se siguen produciendo. Aun más, contrariamente a esa supuesta seguridad de que goza el país, recientemente el Poder Ejecutivo promulgó una ley, originada en la Cámara de Diputados, que declara emergencia nacional por consumo de drogas en todo el territorio nacional. Y es sabido hoy la incidencia que tienen los drogadictos en la violencia que sufre la población, ya que mantienen en zozobra barrios enteros, además de protagonizar horrendos crímenes, según denuncias y publicaciones. Precisamente, el último fin de semana se publicó en la prensa que adictos a los estupefacientes se apoderaron de casas desocupadas ubicadas en las vías del tren, en el barrio Fátima, con la consecuente preocupación que ello genera en los vecinos.
Menos mal que, olvidando su anterior aseveración, el responsable de la seguridad interna reconoció ahora que el narcotráfico “ha permeado en todos los niveles y en todos los estamentos del país”, coincidiendo con el presidente Mario Abdo Benítez quien, desde hace mucho, viene afirmando lo mismo, al igual que lo ha hecho también con anterioridad el vicepresidente Hugo Velázquez, además de otros personajes gubernamentales y de la oposición.
De este modo, lo que ahora ratifica el ministro del Interior no es absolutamente nada nuevo. Mucho antes de que él asumiera, el predominio de la mafia ya era vox populi, por lo que se esperaba que su actuación no se limitara a meras denuncias, sino a resultados positivos en la lucha contra los bandidos que atormentan a la población.
Así es que, la pregunta que surge de inmediato es qué se está haciendo para limpiar el aparato estatal, suponiendo que resulta intolerable que esté al servicio de la mafia. La respuesta es fácil: absolutamente nada, aparte de recordar de vez en cuando esa circunstancia tan penosa.
Tal vez el ministro sepa que los “soldados” de la mafia no solo están en las instituciones públicas, sino que se disputan hasta el control de las cárceles con otros de igual calaña, pero hay que hacer la salvedad de que los peces gordos infiltrados en la función pública viven a sus anchas. Hay notorios personajes, como los diputados Ulises Quintana y Erico Galeano (ambos de la ANR, cartistas), están procesados por hechos punibles ligados al narcotráfico, al igual que el coronel Luis María Belotto, quien habría querido brindar un servicio a un narcotraficante encarcelado. Formalmente, el trío sigue instalado en el Presupuesto nacional. No se sabe de agentes policiales, de fiscales, de jueces, de ministros o de simples funcionarios que estén siendo investigados por sus vínculos con la mafia. Desde luego, no basta con señalar la existencia de un mal, sino es necesario combatirlo con la ley en la mano: es lo que hace falta, desde hace ya muchos años.
Si las pesquisas se dificultaran porque los órganos competentes para el efecto también se hallarían “permeados”, habrá que empezar por depurar la Policía Nacional y el Ministerio Público, que cuentan con una Dirección de Asuntos Internos y con un Gabinete de Control, respectivamente. Tal vez afligido tras su reciente jactancia, el ministro del Interior habló ahora de un “problema muy grande”, tanto que habría agentes policiales drogadictos, esto es, clientes asiduos de aquellos a quienes deberían combatir.
Sería trágico que el Paraguay se convirtiera definitivamente en un narcoestado, de modo que urge que los mafiosos instalados en las instituciones vayan a la cárcel, en vez de seguir mandando desde un organismo estatal. A este paso, la podredumbre será cada vez más intolerable y nuestro país se volverá una amenaza para sus vecinos. En verdad, llama la atención que el jefe de Estado y el ministro del Interior señalen abiertamente una situación tan dramática y que, sin embargo, nada se intente para acabar con ella, como si la ciudadanía tuviera que resignarse a la infamia de tratar con autoridades probablemente relacionadas con el crimen organizado.
Conste que este deplorable estado de cosas no es nuevo, pues ya en 2014, una comisión senatorial acusó a los diputados por la ANR Bernardo Villalba, Marcial Lezcano y Freddy D’Ecclesiis, entre otros, de estar ligados al narcotráfico, sin que el hecho tuviera alguna consecuencia: ninguno fue molestado, y el último asumirá la Gobernación de San Pedro el próximo 15 de agosto.
La realidad indica que pasa el tiempo y el crimen organizado se va arraigando cada vez más, mientras el encargado de la administración general del país y el responsable de la seguridad interna se limitan a abrir la boca y a cruzarse de brazos. A ver si sus reemplazantes se esfuerzan mucho más, para que el poder de hecho no sea ejercido por unos delincuentes presupuestados, junto con sus socios o patrones del hampa. Y, sobre todo, para que acabe esta atroz ignominia.