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Hoy se cumplen 50 años de la firma del Tratado de Itaipú, cuyo texto se hizo público solo pocas horas antes de su rúbrica, el 26 de abril de 1973 en el Palacio de la Meseta en Brasilia, por parte de los presidentes Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazu Médici, ambos generales de ejército al frente de dictaduras militares en sus respectivos países. Entró en vigencia tras su ratificación, en agosto de ese mismo año, y las obras comenzaron casi inmediatamente después. Visto el hecho en perspectiva, no se puede exagerar el impacto que tuvo un emprendimiento de semejante envergadura en la atrasada y escuálida economía nacional de la época y en la sociedad paraguaya en general. Pero tampoco se puede desconocer que Paraguay ha sido víctima de un leonino despojo a lo largo de estas cinco décadas.
Desde un comienzo, el gran objetivo estratégico de Brasil en Itaipú fue asegurarse un porcentaje ampliamente mayoritario, a bajo costo y durante mucho tiempo de la explotación del potencial energético del río Paraná, y que el “hermano pobre” Paraguay se conformase con una porción minoritaria, casi marginal, y hasta diera las gracias por ello. A la postre fue exactamente eso lo que consiguió, lo cual fue el puntal del desarrollo industrial y productivo, principalmente de los hoy ricos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul. Para ello, históricamente ha hecho uso de dos herramientas que le resultaron infalibles: su proverbial astucia diplomática y el liso y llano soborno, ya sea directo, ya sea disfrazado como “fondos sociales”, multimillonarios contratos, o la vista gorda ante sobrefacturaciones y altísimos salarios totalmente fuera de la realidad.
Brasil quería el 80% de Itaipú y sostenía que, alternativamente, podía construir una cadena de pequeñas represas en la cuenca alta del Paraná, enteramente dentro de su territorio, en vez de una gran central binacional. Finalmente, por una combinación de factores, que incluyeron los delirios de grandeza propios de ese período, rivalidad con Argentina y la necesidad de zanjar un conflicto de límites en los Saltos del Guairá que habían llevado demasiado lejos (llegaron a desplegar tanques en la frontera), terminó aceptando una partición de 50/50, pero cuidándose muy bien de que aquello fuera puramente nominal. Para todos los efectos prácticos, se cercioró de introducir en el Tratado un conjunto de cláusulas tramposas que le garantizaron quedarse con la parte paraguaya por monedas.
Tales cláusulas están contenidas primordialmente en el Anexo C, que regula las “bases financieras y de prestación de servicios de electricidad”. De acuerdo con el Anexo, formalmente los dos socios son dueños condóminos de los recursos energéticos de Itaipú con una alícuota de 50 y 50 por ciento. Pero si una de las partes no consume la totalidad de su mitad (o sea, Paraguay) está obligado a “ceder” su sobrante a la otra parte (o sea, Brasil) a cambio de una “compensación”, cuyo arbitrario criterio de cálculo jamás tuvo relación alguna con el precio real de esa energía.
El resultado fue que en estos cincuenta años, casi cuarenta desde que la usina comenzó a generar, Brasil se llevó el 91% de la energía producida por el río, su mitad a precio de costo (recordemos que Itaipú es sin fines de lucro) y el sobrante paraguayo al precio de costo (tarifa de Itaipú) más una pequeña migaja para “compensar” a Paraguay. Ya con el “generoso” aumento concedido por Lula a Lugo en 2009, esa migaja ronda actualmente los 11 dólares el megavatio/hora, frente a un precio de mercado regional mayorista de más de 200 dólares. En otras palabras, un trato colonialista de oro por baratijas.
La absurda justificación que se dio en su momento y que hasta ahora se sigue repitiendo de una manera u otra, incluso por parte de algunos paraguayos, es que Paraguay “solo puso el agua”, mientras que Brasil fue el que pagó Itaipú, lo cual es una tremenda falacia. Se alegó que Paraguay no tenía la capacidad financiera para hacerse cargo de su parte de la deuda por la construcción de la central y para asegurar la contratación de su parte de la potencia generada. Aun si fueran argumentos valederos, no serían suficientes para privar a uno de los socios de los beneficios de su parte de la explotación de un recurso natural compartido. Pero, además, son falsos.
En primer lugar, decir “solo puso el agua” equivale a decir “solo puso el petróleo”, porque el valor principal está precisamente en el caudal del Paraná, es eso y solo eso lo que hace factible la inversión y garantiza los préstamos. En segundo lugar, Itaipú se autofinanció de principio a fin, no la pagó Brasil. Todo lo contrario, financieramente Brasil salió ganando con creces. Se acaba de cancelar una deuda exorbitante de 63.500 millones de dólares por obras y equipamientos, groseramente inflada, en gran medida espuria, con intereses usurarios y artificios con el tipo de cambio en detrimento del Paraguay.
El pasado no se puede cambiar y es difícil de remediar, pero hoy la deuda ya está saldada, la hidroeléctrica ya está totalmente amortizada, ya no quedan excusas posibles. De ahora en más, las reglas de juego tienen que cambiar. Paraguay todavía tiene alrededor de 20 millones de MWh anuales de excedentes en Itaipú. Brasil los necesita. Si los quiere, ya no más “cesión”, sino venta. O paga precio de mercado por la energía paraguaya o permite que sea Paraguay, y no la operadora estatal brasileña, el que la comercialice en las subastas y obtenga las rentas que legítimamente le pertenecen.