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Los principales candidatos que competirán por la Presidencia de la República no han hecho públicos sus puntos de vista personales sobre la próxima renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, que será uno de los primeros y mayores retos que le tocará enfrentar al nuevo gobierno, pero algunos referentes de distintos sectores en pugna han coincidido en algo que a simple vista podría parecer lógico y razonable, pero que en la práctica podría ser nefasto para el interés nacional. Se insiste en que Paraguay “a partir de ahora” tiene que usar el 100% de su energía en su propio desarrollo. Sin duda ese debe ser el objetivo a mediano plazo, pero, mientras nuestro país tenga excedentes, el único acuerdo aceptable es cobrar un precio justo por ellos. Punto.
Para empezar, en ningún lado del Tratado de Itaipú ni en el Anexo C ni en ningún otro sitio, se le impide a Paraguay utilizar el 100% de su energía. Para eso no se necesita ninguna renegociación. El que no sea así es culpa de los sucesivos gobiernos paraguayos y, muy en particular, de la monopólica ANDE, que no han tenido una política para expandir un servicio eléctrico de calidad hasta el último rincón del territorio y a todos los sectores, domésticos y económicos. Es inaudito que, después de 40 años desde que comenzó a generar Itaipú, y 25 años Yacyretá, apenas el 18% de la matriz energética nacional sea eléctrica. Para decirlo sin eufemismos, ello solo se explica por el soborno, directo o encubierto (por ejemplo, vía los altos salarios o los llamados “gastos sociales”), de los dos principales beneficiarios, Brasil y Argentina, que se han quedado por monedas con la energía paraguaya.
Pero esta es una situación de hecho que no va cambiar por arte de magia simplemente porque se renegocie el Anexo C. Solamente en Itaipú, dejando de lado Yacyretá, en el mejor de los casos Paraguay va a tardar todavía otros diez años en utilizar la totalidad de la mitad que le corresponde. Plantear que esa es la cuestión central de esta negociación lleva implícita la idea de cambiar algo para dejar esencialmente todo como está hasta tanto Paraguay pueda consumir su porción, que es exactamente lo que buscará Brasil, tal como ya lo han dejado claramente entrever el nuevo director general, Enio Verri, el canciller Mauro Viera y el propio presidente Lula da Silva.
Verri dijo expresamente que “Paraguay no utilizará toda su energía hasta el 2032 o el 2033 y lo importante para Brasil es seguir comprando ese excedente a un precio fijo, sin depender de las fluctuaciones del mercado”. Señaló que su país planteará un acuerdo de diez años, justo el plazo estimado de ese crecimiento de la demanda interna paraguaya, lo que sugiere que Brasil intentará una vez más otorgar algunas concesiones, como las de Lula a Lugo en 2009, para mantener en lo fundamental el statu quo hasta que Paraguay se lleve toda su parte y ellos encuentren otras fuentes alternativas para reemplazar ese volumen.
La realidad es que Paraguay todavía tiene un excedente anual de alrededor de 20 millones megavatios/hora de su 50% que le corresponde en Itaipú. Por imperio del Anexo C, está obligado a “ceder” ese sobrante a Brasil a cambio de una “compensación”, que actualmente es de unos 11 dólares el MWh (valor promedio de la suma que Brasil pagó al Paraguay en el primer trimestre de este año en concepto de compensación por cesión de energía), ya con el “generoso” aumento que Lula en 2009, ínfima en comparación con el precio de esa energía en el mercado regional mayorista. Lo que ocurre hoy es que la empresa eléctrica estatal brasileña (antes Eletrobras, ahora ENBPar) adquiere esa energía paraguaya pagando el precio de costo a la entidad binacional (que es la tarifa de Itaipú, hasta el año pasado unos 44 dólares el MWh) más la compensación a Paraguay, en total unos 55 dólares el MWh, y la revende a operadores privados en subastas a 100, 200 y más dólares el MWh, quedándose con rentas que legítimamente le tendrían que pertenecer a Paraguay.
Este es el punto central de esta negociación. Ya no más “cesión” obligatoria, sino lisa y sencillamente venta. Si Brasil quiere el sobrante de energía paraguaya, la tiene que pagar al precio que vale, a lo sumo con algún descuento de socio y amigo, o bien permitir que sea Paraguay, y no ENBPar, el que subaste sus excedentes entre los operadores del mercado desregulado brasileño y regional, para que las utilidades de la explotación de un recurso natural paraguayo, que es el 50% del potencial energético del río Paraná, queden en el país. Cualquier cosa distinta es puro engaño.